‘Gobernadores y alcaldes que no protejan a líderes sociales serán investigados’
Gobernadores de los diferentes departamentos de Colombia se comprometieron por la defensa y protección de los derechos humanos a través del trabajo articulado con las distintas autoridades regionales para combatir este flagelo.
“No podemos seguir mirando a otro lado. Entidades territoriales que no atiendan integralmente las alertas tempranas, serán investigadas disciplinariamente”, así lo advirtió el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, durante su intervención en la Tercera mesa de trabajo por la vida, realizada en el Carmen de Bolívar.
Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo en cabeza de Carlos Alfonso Negret, señaló que en el 2018 asesinaron a 172 líderes y en este 2019 ya van 15, por lo tanto, trabajarán de forma articulada con el Ministerio Público para conformar un cuerpo elite de seguimiento e investigación en los casos de amenaza y crímenes a los defensores de derechos humanos.
La gobernadora del departamento del Magdalena, Rosa Cotes y parte de su gabinete, participaron de este encuentro, con el propósito de tratar el tema de los asesinatos de líderes sociales en todo el territorio Nacional.
Los mandatarios departamentales manifestaron su repulsión por estos hechos sistemáticos y ratificaron su compromiso decidido para garantizar la protección de la vida y los derechos fundamentales de los líderes sociales.
El evento contó con una masiva participación de la dirigencia social, quienes agradecieron la puesta en marcha del comité de garantías y presentaron un plan de acción, con iniciativas de diferentes organizaciones, que contempla medidas de protección y de seguridad integral.
“Defensores y Defensoras de derechos humanos, vinimos a decirles que no están solos, que sin ustedes no hay democracia, que todos sus proyectos, luchas, reivindicaciones y sueños son importantes”, dijo el Defensor del Pueblo.
INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR
Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación, sostuvo que “hay pocos avances en la protección colectiva, preventiva, rural, con enfoque diferencial y de género. El Estado debe hacer el gran esfuerzo de tener los pies en los territorios y responder a las necesidades locales. Necesitamos acciones efectivas que paren este desangre. La guerra en Colombia ha seguido en contra la integridad y la vida de los líderes sociales. El 83% de los departamentos están siendo afectados por la violación a sus derechos”.
Agregó que “instamos a los gobernadores a que creen instancias de diálogo social permanente con líderes y lideresas de los departamentos, que no los convoquen cuando se produzcan los asesinatos. Acá falta una acción decisiva de los gobernadores y alcaldes como primeros responsables en los territorios, justo los lugares más peligrosos para ejercer liderazgo en Colombia. ¡Es momento de parar esta masacre!”, señaló el Jefe del Ministerio Público.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, dijo además que el asesinato de 446 líderes sociales en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz dejaría en evidencia que el Estado no estaba listo para defender el liderazgo social y que gobernadores y alcaldes desatienden las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por lo que se abrirán investigaciones disciplinarias.
“El Estado parece que no estaba preparado para defender el liderazgo social del país… Se nos están acabando las excusas a todos para decir por qué no hay acción y por qué no somos capaces de frenar este desangre”.
Carrillo Flórez al instalar la III Mesa por la Vida, junto con el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, anunció que “la Procuraduría trabajará de manera articulada con la Defensoría para conformar un cuerpo élite de seguimiento e investigación” en los casos de amenazas y crímenes de líderes sociales.
El jefe del Ministerio Público señaló que “el sistema de alertas tempranas es una herramienta que hay que respetar, que hay que atender”… “No podemos seguir mirando para otro lado. Entidades territoriales y/o entidades responsables que no atiendan integralmente las alertas tempranas serán investigadas”.
En su intervención ante líderes sociales del país, representantes del gobierno, gobernadores y alcaldes, organizaciones internacionales y organismos internacionales, entre otros, le Procurador General lanzó “un llamado a la Comisión de Garantías de Seguridad a establecer la frecuencia y calendario de este espacio vital para los líderes”.
Así mismo, instó a los gobernadores a crear instancias permanentes de diálogo social permanente con líderes y lideresas, y a romper el círculo de acción y convocatoria sólo cuando se está al frente de la tragedia y se reportan los asesinatos.
“Falta una acción decisiva de los gobernadores y alcaldes como primeros responsables en los territorios, justo los lugares más peligrosos para ejercer liderazgo en Colombia. Es momento de parar esta masacre”.
El jefe del ente de control lamentó los pocos avances en la protección colectiva, preventiva, rural, con enfoque diferencial y de género. “El Estado debe hacer el gran esfuerzo de tener los pies en los territorios y responder a las necesidades locales”.
“A los líderes los están matando por buscar romper las cadenas de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Las zonas de las masacres coinciden con los nichos de los cultivos ilícitos y las rutas de narcotraficantes”.
La III Mesa por la vida contó con la participación de Luisa Ortega, líder juvenil de El Salado; Maria Paulina Riveros, Vicefiscal General de a Nación; Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior; Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; Dumek Turbay Paz, gobernador de Bolívar; Carlos Camargo Assís, presidente de la Federación Nacional de Departamentos; Rafael Gallo Paredes, alcalde de El Carmen de Bolívar; Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia; Carlos Ruiz Massieu, representante Especial y Jefe de la Misión de Verificación de ONU en Colombia; Roberto Osvaldo Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos – OEA, y Miguel Antonio Ceballos, Alto Comisionado de Paz.