Indígenas del Cesar se unen al Paro Nacional 

POR:
EDUARDO
MOSCOTE SIERRA

En distintas oportunidades las comunidades indígenas han adelantado, alentado y apoyado marchas nacionales para dar a conocer los ‘olvidos’ del Estado hacía los pueblos ancestrales; el Cesar se caracteriza por albergar, en sus montañas apetecidas por turistas, curiosos y una amplia flora y fauna; un gran número de resguardos respetados a través de los años.

Con solo salir a cualquier esquina vallenata un atuendo blanco, con sobrero, mochilas terciadas; niños, un pelo liso y largo se ven caminar por las calles.  Otros lamentablemente están tirados a la deriva, tratando de subsistir entre su lenguaje y ‘reglas’, y por la caridad y limosnas de los que van transitando.

Lejos del ‘trajín’ que alimenta la ciudad, estos ciudadanos conviven – como lo han hecho durante siglos –bajo sus propias reglas de ‘juego’, en un Estado manejado por cabildos de diferentes tribus. En donde lo histórico está representado en vestimentas tejidas a manos, bajo la necesidad y creatividad de resguardarse; pero recordando estar amparados por la Constitución aprobada en 1991.

A más de 600.000 indígenas el Estado considera patrimonio nacional invaluable como riqueza cultural y social, estos se encuentran organizados en 81 grupos, hablan 75 lenguas diferentes y habitan el 25% del territorio nacional. Koguis, Wiwas, Arhuacos, Tayronas, Yukpas y Wayúu son algunos de los que alberga el Cesar.

Más allá de sus riquezas culturales, algunos líderes han tratado de informar lo que sucede al interior de cada resguardo y cuestionarse por qué continúan siendo asesinados, amenazados y desterrado. Los anteriores puntos, con algunos ‘atropellos’ más como la minería, el fracking y el destierro, impulsan a que masas de esta población se unan al paro nacional.

LAS HISTORIAS

Algunos líderes representantes de los criterios de estos pueblos, mientras marchan, gritan y levantan banderas; dicen que las movilizaciones está mostrando la preocupación que nace desde los indígenas en la capacidad prematura de la pérdida de agua, posibilidades naturales en la que se producen alimentos; y patrones culturales.

Así lo menciona, Helber Zapata, miembro del Equipo Territorio de la Confederación Indígena Tayrona quien ha insistido ante los Gobiernos sobre la importancia y necesidad de preservar y alargar la vida de estas comunidades, sin importar que amenazas y un par de asesinatos busquen truncar el camino.

No ven los daños de manera colectiva sino que, por el contrario, los consideran una alerta a toda la población a quienes se le ‘hierve’ la sangre de ser testigos – y sobrevivir – a muchas ‘necesidades’.

Informó a que a la lista de tener en el Cesar dos pueblo con medidas cautelares, Kankuamo y Wiwa, en los últimos días se ha conocido que líderes Arhuacos y Kogui estarían recibiendo intimidaciones.

“No podemos definir una cifra exacta porque consideramos que el riesgo es colectivo, las amenazas vulneran la integridad en conjunto, seguiremos expresando preocupación con el tema de la minería  dentro del territorio sagrado, así como la entrega de permiso ambientales y consecuencias de los hidrocarburos”.

Por su parte, Leonor Zabalata, líder Arhuaca y representante de las étnicas en la mesa nacional de víctimas bajo un panorama ‘esperanzador’ al visualizar la represión de varios sectores del pueblo; manifiesta que el ‘granito de arena’ restante sería que la Administración Gubernamental se sume al clamor de todos los sectores que hoy dicen, lloran.

Recuerda que Colombia es un Estado Social de Derecho y que debe adelantar y desarrollar los derechos colombianos; que los pueblos indígenas no son ajenos y que dentro de las decisiones ‘inteligentes, con la que se puede llegar a diálogos abiertos, está en el apoyo de las manifestaciones nacionales.

“Desde siempre los pueblos indígenas han manteniendo un Estado cultural a través de milenios; obligándonos a tener una participación política a la altura de la modernidad de la justicia social y por eso considero escuchar a todas las partes; los problemas no son cuantitativos (abandono, desplazamiento y daños) sino colectivo”.

Acotó que en sus derecho, como el de la protesta social, esta tener un Gobierno propio, autoridades indígenas fortaleciendo el territorio como se han hecho con las normas constituciones e internacionales; la cultura, la identidad en los espacios; el respeto y detener las  amenazas de intereses económicos, mineros y ambientales.

A NIVEL NACIONAL

El Instituto de Medicina Legal reveló que de enero a septiembre este año han fallecido 284 indígenas de diferentes comunidades en el país, de los cuales en 83 casos se trató de homicidio. La segunda causa de muerte son los accidentes de tránsito que en ese periodo marcaron 65 sucesos, lo que equivale al 23%.

En cuanto a crímenes, 10 mujeres han sido víctimas mortales, indica el reporte que añade que de los 83 casos, 59 fueron cometidos con arma de fuego.

Explica el documento que los asesinatos se han cometido contra integrantes de 18 comunidades, siendo los indígenas Nasa los que han puesto la mayor cantidad de víctimas mortales con 40 homicidios. Los Wayúu con siete, los Pastos con seis y los Embera con cinco son las otras comunidades que se han visto afectadas por la ola de violencia en su contra.

En ese orden de ideas, Cauca, Guajira y Nariño son los departamentos en los que más asesinatos se han cometido, de acuerdo al documento de Medicina Legal.

En el total de los 284 nativos fallecidos se identificaron 44 casos de menores de cinco años, de los cuales 30 obedecieron a fallecimiento de causas naturales. De esta treintena de muertes, la mitad fue por causa de enfermedades respiratorias agudas, cinco casos por desnutrición y cuatro por enfermedades asociadas a complicaciones diarreicas.