Hay 240 líderes sociales amenazados

Guillermo Pérez Rangel, miembro de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, aseguró que en  el departamento alrededor de 240 líderes han sido amenazados  y en Valledupar hay 50 que cuentan con medidas de protección.

A pesar de las múltiples alertas originadas por los líderes y organizaciones sociales, la violencia contra las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia no se detiene. Lejos de disminuir, las agresiones no han parado durante el primer semestre del 2019 y han aumentado de manera significativa, vinculadas, al parecer, al escalamiento del conflicto armado en los territorios y a su reconfiguración.

591 agresiones se han registrado en los seis primeros meses del presente año, desde el  sistema de información sobre agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia, la cifra más alta que se haya conocido en un semestre desde la creación del sistema hace diez años. Aunque los asesinatos disminuyeron en un 23% en comparación con el primer semestre del 2018 (59 casos en 2019, frente a 77 en 2018), en cuanto a las amenazas aumentaron en un 75% a nivel nacional.

Guillermo Pérez Rangel, integrante de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, aseveró frente a esta situación que “esta particularidad en las cifras del primer semestre del 2019 parece indicar que hay un cambio en las estrategias de la violencia en los territorios y en el accionar de los grupos armados. Por esto es necesario subrayar la necesidad de no medir la intensidad de la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos solo a través de los asesinatos, pues como se evidencia en las cifras, ellos están expuestos a múltiples ataques que buscan controlarlos a través del miedo y acabar con los procesos que adelantan en la defensa de los derechos colectivos. Aunque la violencia selectiva contra esta población es innegable y el país es testigo de ella, se continúa a la espera de respuestas oportunas por parte del Gobierno Nacional para brindar garantías y proteger la vida y los derechos de defensoras y defensores, sin embargo, y a pesar de las acometidas que no dan tregua, las medidas trazadas por las instituciones siguen siendo precarias: aumento de recursos para protección física y material, campañas de sensibilización, militarización de los territorios y programas gubernamentales para mitigar. Estas estrategias blandas no atacan el problema de fondo, y mientras se ejecutan la violencia se reorganiza en las regiones y los diferentes actores armados y no armados continúan tratando de silenciar a quienes representan los derechos de sus comunidades” precisó el dirigente social.

COLOMBIA SE ESTÁ MILITARIZANDO

“Si en este momento comparamos a Colombia con una película, esa podría ser Avengers: el juego final. Esto porque nos encontramos frente a un Estado que parece estar bajo el poder de Thanos, que solo con un chasquido de sus dedos intenta regresarnos al pasado y no dejarnos salir del caos, impidiendo que se conozca la verdad, callando a la mitad del país, cerrando las puertas a la democracia y poniendo el acento en la guerra y la militarización, nuevamente. Nos encontramos en un escenario en el que se ha intentado borrar muchos de los procesos adelantados por la sociedad civil para construir un país diferente, y en el que se pretende moldear a esta de acuerdo con los intereses de un pequeño grupo, pasando por encima de las necesidades y los derechos colectivos. Las autoridades niegan la presencia de estos  grupos en el departamento del Cesar, pero reconocen que hay bandas sucesoras del paramilitarismo dedicadas al narcotráfico, resulta que esas bandas sucesoras y están generando miedo en las comunidades porque están recuperando territorios, están extorsionando, amenazando, generando terror, pero como no hay estructuras realmente configuradas al estilo de Autodefensas Unidas de Colombia, no las reconocen como tal porque se están configurando de otra manera” afirmó Pérez Rangel.

ALGUNOS LÍDERES SON SEÑALADOS DE DELICUENTES

Añadió que en dicha colectividad son constantes las amenazas vía panfleto, por correo electrónico, mensajes de texto, llamadas, hostigamientos al entorno del dirigente. “Ese tipo de persecución se da con presencia de personal extraño, en motocicleta con la cara tapada y ese tipo de asedio que genera preocupación, también está la estigmatización, muchos dirigentes políticos, gobernantes, los estigmatizan diciendo que cuando se reclama un derecho, es porque el líder tiene alguna relación con algún grupo ilegal o de insurgencia u otro tipo de situaciones. Hay otro tipo de agresión que no es directamente al líder sino al proceso social que representa o a la comunidad, últimamente el país se ha enfocado a líderes representativos, es decir las personas que tenemos una interlocución social, política, regional o nacional, pero está sucediendo un fenómeno, que son las agresiones a las personas que a pesar son de bajo perfil en el proceso social  dentro de la comunidad, tiene un factor relevante para el funcionamiento de ese proceso, que buscan agredirlos a ellos con dos objetivos, uno generar zozobra y miedo, por eso la gente no se quiere organizar, por eso la gente no quiere reclamar sus derechos, porque ya no ven que solamente están agrediendo al líder, sino  a cualquier persona del proceso y lo otro es porque ha habido una campaña mediática, alrededor de los líderes, entonces cuando las agresiones se dan a personas que no tienen un liderazgo reconocido entonces los medios de comunicación aseguran lo contrario y dicen que no era líder, pero si genera el mismo impacto en el proceso social y en la comunidad” recalcó.

Otra de las agresiones que han denunciado es el robo de información y de elementos tecnológicos. “A muchos líderes, los atracan pero solamente se les lleva el celular o las memorias USB o el computador o la Tablet, uno creyera que es con el objetivo de llevarse la información, estamos construyendo informes para la JEP, para la comisión de esclarecimiento de la verdad, o informes de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, entonces esa información la están sustrayendo de diferentes modalidades” puntualizó.

En el Cesar alrededor de 240 líderes son amenazados de diferentes formas y razones, en Valledupar hay 50 personas amenazadas que cuentan con medidas de protección. “En los últimos meses han amenazado a los escoltas, han pasado de la agresión del líder al hombre que lo protege, existe varias variables, una de ellas es la criminalización de la protesta social, en este gobierno de Iván Duque, todo el que sale a protestar a reclamar un derecho, se estigmatiza se acusa de pertenecer a un grupo al margen de la ley para luego señalarlo como un criminal” concluyó.