Gobierno asegura que no venderá activos en el 2020
Aunque en el Presupuesto General de Nación (PGN) del 2020 se contempla un plan para vender activos del Gobierno, con el fin de conseguir alrededor de 8 billones de pesos, el Ministerio de Hacienda informó que esta medida ya no será necesaria.
El Viceministro Técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, explicó que hay tres razones detrás de la decisión, la primera es que las utilidades del Banco de la República fueron mayor a las esperado, pues se preveía que fueran cercanas a los 3 billones de pesos pero llegaron a los 7 billones de pesos.
Además, la cartera de crédito público tendrá que girar menos recursos a Colpensiones el próximo año, “son alrededor de 3 billones de pesos que se ahorra Hacienda, debido a que aumentaron los traslados desde los fondos privados al régimen de prima media”, afirmó el funcionario.
A esto se suma los buenos resultados que se ha tenido en materia de recaudo tributario este año, pues en los primeros 10 meses los colombianos pagaron alrededor de 133 billones de pesos, por cuenta de los impuestos.
Debido a estos tres motivos, el Ministerio de Hacienda logró obtener 8 billones de pesos, para financiar las necesidades del presupuesto el próximo año.
“En principio nosotros teníamos la necesidad de hacer unas enajenaciones, ahora esas necesidades son menos importantes por cuenta de esos 8 billones de pesos. En la discusión del presupuesto se introdujeron nuevos gastos y en la medida que hayan recursos adicionales estos gastos se van a poder cumplir”, indicó Zárate.
El viceministro de Hacienda señaló que este es un escenario transitorio, por lo que se tendrá que evaluar las necesidades que tenga el país para los años 2021 y 2022.
SÓLIDO CRECIMIENTO
La economía colombiana mantendrá su “sólido” crecimiento en 2019 y 2020 pese al negativo contexto internacional, aunque precisa una consolidación fiscal que contribuya a la reducción del déficit y progresar en formación para mejorar la competitividad, según la OCDE.
En su informe semestral de perspectivas publicado este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apuntó a la inversión como el motor del crecimiento, apoyado por las reformas fiscales emprendidas y por los ambiciosos proyectos de infraestructuras abordados en el país.
En ese contexto, la organización mantiene su previsión de crecimiento del 3,4 % para este año, ya adelantada hace medio año, y rebaja una décima la de 2020, hasta el 3,5 %. Para 2021 prevé que el PIB colombiano se incremente un 3,3 %.
Las previsiones están amenazadas por factores externos, como una subida del precio del petróleo o un mayor deterioro del contexto internacional por las tensiones comerciales y la inestabilidad regional, así como un retraso adicional en las infraestructuras.
La organización considera “apropiada” la política monetaria acomodaticia en un contexto de inflación controlada y de desempleo todavía alto.
Además de reformas fiscales y de formación, la OCDE reclama reformas sociales que impulsen la calidad del empleo y reduzcan la precariedad para que el crecimiento económico se reparta mejor.
En ese sentido, apuesta por “una estrategia integral” que fomente el empleo de calidad, mediante la reducción de costos laborales no salariales, una revisión del sistema del salario mínimo, una mejora de la calidad educativa y la capacitación y medidas para la integración de las mujeres en el mercado laboral.
“La reforma del sistema de pensiones es urgente para reducir la pobreza y la desigualdad en la vejez”, apunta.
Ese crecimiento, insiste la organización, se asienta en la fortaleza de un mercado interno impulsada por “la mejora de los mercados crediticios y una respuesta positiva de las empresas a los incentivos fiscales otorgados en la reciente reforma fiscal”.
Alertó del deterioro del déficit provocado por un incremento de las importaciones que no se ha visto compensado por la mejora de las exportaciones.
La OCDE apunta que la llegada de trabajadores de otros países ha provocado que el crecimiento económico no haya impedido la subida del desempleo, al tiempo que asegura que la inflación se mantiene en los límites objetivos, pese al encarecimiento de los alimentos y la moderada depreciación del peso.
Sobre la afluencia de migrantes, indica que “puede contribuir al crecimiento” y a la mejora de la productividad, que ha caído en los últimos años, pero requiere “políticas de integración” e “inversión en formación y sistemas de salud”.
Recomendó una consolidación fiscal para reducir el déficit estructural del Gobierno en el 1 % del PIB, lo que permitiría estabilizar la deuda.
La organización consideró “esencial” impulsar los ingresos fiscales de manera sostenible y la adaptación del sistema impositivo al crecimiento y la equidad.
Eso puede conseguirse con una subida de los impuestos personales y el IVA combinada con una bajada de las ganancias corporativas y la eliminación de numerosas exenciones fiscales. También recomienda la introducción de impuestos medioambientales y mejorar la eficacia de la administración tributaria.
Insiste en la necesidad de mejorar la formación, la logística portuaria y aduanera y la reducción de barreras comerciales como receta para afianzar el crecimiento y hacerlo más inclusivo.
También apuesta por reducir las cargas regulatorias para mejorar la exportación y aumentar la productividad para crear empleos de calidad.