Al final de las audiencias preliminares contra el exsecretario de Educación Departamental, Jorge Eliecer Araújo Gutiérrez y el exsecretario General de la Gobernación del Cesar, Jaime Luis Fuentes Pumarejo, investigados por irregularidades en el PAE, la Fiscalía se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento y fueron dejados en libertad, pero siguen inmerso en el proceso penal.
Los exfuncionarios implicados quienes se colocaron a disposición de agentes del CTI de la Fiscalía y luego las autoridades hicieron efectiva la captura por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado y prevaricato, no aceptaron cargos impuestos por la Fiscalía 12 Seccional.
EL PROCESO
El proceso inició luego de los hallazgos fiscales detectados por la Contraloría General de la República, profiriendo fallo con responsabilidad fiscal por $1.723 millones de pesos contra Araujo y Fuentes, al igual que contra los integrantes de la Fundación Kábala, la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País.
Según las pesquisas, las entidades afectadas por el detrimento patrimonial son el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Cesar. En la indagación del ente de control se conoció que la fórmula usada por la Gobernación del Cesar y el operador del PAE para el cálculo del precio por ración, permitió que se duplicaran sin justificación las utilidades del contratista, ocasionando una condena por más de $1.723 millones.
Se trata del contrato suscrito el 15 de enero de 2015 por la Gobernación del Cesar, con el Consorcio Alimentando un Cesar Más Educado, conformado por la Fundación Kábala, representada entonces por María Angélica Araujo Noguera; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada entonces por Ivis del Carmen Rosado Robles; y la Corporación Corazón País, representada entonces por María I. Pacheco Izquierdo.
Dentro del consorcio, la Fundación Kábala tenía un 50% de participación; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar tenía un 40% de participación; y la Corporación Corazón País se presentó con el restante 10% de participación.
El objeto del contrato suscrito entre las partes era la “prestación de servicios de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar (sic), acorde a los lineamientos técnico administrativos y estándares del programa de alimentación escolar – PAE”
El valor inicial del contrato se acordó en la suma de $23.538 millones y tendría un plazo de ejecución de 81 días del calendario escolar. El valor pactado por ración para Complemento Alimenticio en la Jornada de la Mañana se estableció en $1.760, y el del Almuerzo en $2.330.
Sin embargo, el Anexo N° 02 de los estudios previos del contrato, preveía el valor del IPC, con un porcentaje del 4,4%, dentro de los criterios para la determinación del valor de la ración. De igual forma el cálculo incluyó un 5% para imprevistos, contemplando expresamente que dicho rubro se pagaba para prever cualquier alza en los precios de los alimentos. Se contempló también en el contrato otro 5% de utilidad.
Durante su ejecución, el contrato fue sujeto de adiciones y modificaciones en valor y tiempo, quedando al final por $35.161 millones, después de una adición en dinero por $11.623 millones y 40 días en el plazo.
Al revisar la Contraloría la ejecución financiera del contrato, así como el Acta de Liquidación del mismo, se evidencia que al momento de la terminación del contrato al operador del Programa se le habían pagado por parte de la Gobernación más de $34.632 millones, de los cuales la Contraloría estableció en $1.261 millones la cuantía del hallazgo fiscal por el detrimento patrimonial causado por este concepto.
Contrataron a precios muy superiores
Dentro del proceso, la Contraloría analizó las circunstancias especiales del PAE, evidenciando como para la misma vigencia investigada, el Ministerio de Educación Nacional había contratado las mismas raciones a un precio de $943 para la jornada de la mañana y $1.282 para almuerzos, precios y condiciones que habrían sido de conocimiento de los contratistas de la Gobernación condenados por este proceso.
Los costos manejados por el Ministerio de Educación Nacional en similares circunstancias de tiempo, modo y lugar, fueron muy inferiores a las finalmente contratadas por la Gobernación del Cesar para la vigencia 2015, a razón de $789 pesos de sobreprecio por ración de la jornada de la mañana, y de $1.010 de sobreprecio en almuerzos.