Fiscalía pidió cárcel para el alcalde ‘Luchito’ Peñaloza

Luego de presentar quebrantos de salud en la alteración de la presión arterial, el alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, fue sometido a un cateterismo cardíaco, ayer en horas de la mañana en el Instituto Cardiovascular del Cesar.

El mandatario local, suspendido actualmente de sus funciones, es investigado por la presunta comisión de los delitos de concusión y peculado por apropiación agravado, tras ser denunciado por la comisión de coimas de un contratista.

El burgomaestre capturado por efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en el barrio Los Cortijos de Valledupar, el pasado viernes, a las siguientes horas fue trasladado al Palacio de Justicia para su respectiva judicialización por dichas acciones punible, cargos a los que no se allanó, pero al momento que el ente acusador solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, manifestó sentirse mal.

El tribunal suspendió la diligencia por el estado de salud del procesado. Un equipo de paramédicos arribó hasta el Complejo Judicial y tras chequearle la presión arterial y detectar fallas, lo condujeron al mencionado centro asistencial, después de realizarle varios exámenes de rigor y ayer fue sometido a dicho procedimiento. Su estado de salud es delicado y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Intermedia, a la espera de una pronta mejoría.

¿Qué es un cateterismo cardíaco?

Es un procedimiento complejo e invasivo que consiste en la introducción de unos catéteres que se llevan hasta el corazón para valorar la anatomía del mismo y de las arterias coronarias, así como para ver la función del corazón (cuánta sangre bombea), medir presiones de las cavidades cardiacas e, incluso, saber si hay alguna válvula alterada. Además, permite ver si existen defectos congénitos (de nacimiento), como comunicaciones (orificios) en el tabique auricular o ventricular, medir concentraciones de oxígeno en diferentes partes del corazón y obtener muestras de tejido cardiaco (biopsia) para el diagnóstico de ciertas enfermedades.

¿De     qué lo acusan?

Bajo la coordinación de una fiscalía de Administración Pública, Seccional Cesar, los investigadores determinaron que Peñaloza Fuentes, al parecer le exigió dinero a un contratista, a través de una persona que habría sido usada como testaferro, a cambio de autorizarle las órdenes de pago de las cuentas de cobro por la ejecución del contrato de obra OP 002 2015.

Con estas aparentes irregularidades el sindicado, se habría apropiado de $1.400’000.000 del municipio, que fueron girados a su cuenta personal y de los cuales no existen soportes que justifiquen la procedencia de las transacciones.

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado Cuarto de control de garantías de Valledupar, ante la vista pública el delegado de la Fiscalía 12 Seccional aseveró en la diligencia que “En el municipio de Agustín Codazzi a los 22 días del mes de abril de 2015 se suscribió el contrato de obras públicas entre el señor Efraín Quintero Mejía, en calidad de alcalde de Codazzi y el señor Otoniel Ariño en calidad de contratista y el representante legal de la Unión temporal Centro Cultural Codazzi por valor de más de 2.500 millones de pesos cuyo objeto consistió  en la construcción y remodelación del centro cultural de Codazzi” precisó el fiscal.

Añadió además que “durante la administración de Peñaloza Fuentes al principio del año 2016, este citó en su despacho a todos los contratistas que tenían obras de ejecución, en especial al señor Otoniel Ariño Urbina y le manifestó que por concepto de las obras, tenía reservado el pago de avance de ejecución de las mismas, una suma aproximadamente de mil millones de pesos en la secretaría de hacienda municipal, pero que para poder trabajar tranquilo y sin presión tenía que concederle el 15% del valor antes señalado, es decir la suma de ciento cincuenta millones de pesos de lo cual le fue entregado a través de su hermano Luis Peñaloza Mora, en el centro comercial Guatapurí de Valledupar la módica suma de 99 millones cuatrocientos mil pesos. Para el mes de noviembre del 2016 el señor Ariño Urbina, se ganó una licitación pública para realización de una obra de alcantarillado en el corregimiento de Llerasca del cual el señor Peñaloza Fuentes logró obtener una comisión ilegal denominada en 40 millones de pesos los cuales fueron entregados en sus propias manos” precisó el acusador.

Para el mes de marzo de 2018, el alcalde implicado, autorizó una adición al contrato de obras públicas que mencionó previamente del centro cultural pero con la condición que el contratista le entregara una comisión o coima la suma de 60 millones de pesos, los cuales se hicieron efectivo a través de un contrato simulado de concesión de crédito a nombre del señor Bairon Caballero Ballestero, quien era su emisario.

“Con recursos propios del tesoro público, mismo que fue suscrito por Caballero Ballestero y por el señor Ariño Urbina el día 23 de abril de 2018, a través de esta figura se canalizaban estos pagos por conceptos de comisión ilegal para poder permitir el desarrollo de la ejecución del contrato. El 6 de noviembre de 2018 el contratista Otoniel Ariño presentó ante la administración municipal de Codazzi una cuenta de cobro por concepto de avances por valor de 463 millones de pesos y para el 7 de diciembre de ese año fue citado por el señor alcalde a través de su emisario Caballero Ballestero quien le comunicó que el señor alcalde le pagaría  la cuenta de cobro siempre y cuando le entregara la suma de 20 millones de pesos, situación que se concretó en una reunión pero además el mandatario local le solicitó a Otoniel Ariño Urbina para poder agilizar el desembolso en su cuenta, necesitaba de esos mismos recursos y como préstamo le cediera la suma de 30 millones de pesos, es decir la suma global de 50 millones de pesos. Peñaloza Fuentes dispuso que para realizar la correspondiente transferencia y no dejar pruebas de ilegalidad, se simularon contratos de sesión de créditos a favor del señor Bairon Caballero por valor de 50 millones de pesos, producto de las exigencias económicas injustificadas denominadas coimas.  El 6 de diciembre de 2018 se su suscribió en Codazzi el contrato de sesión de créditos a favor de  Ballestero como cesionario y Otoniel Urbina como cedente” puntualizó el fiscal.

NO ACEPTÓ CARGOS

Pese a los elementos materiales probatorios que develó el acusador en la diligencia, el procesado no aceptó los cargos. Debido a la condición de su estado físico, el Juzgado programó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento para el próximo 18 de noviembre a las 3 de la tarde.

Luis Peñaloza, fue suspendido en el cargo por seis meses, sanción que se hizo efectiva a finales del pasado mes de marzo y que culminó en octubre del presente año. Nuevamente cuando asumió como mandatario local, se vio envuelto en procesos administrativos que lo llevó a una nueva suspensión del cargo por tres meses, según fallo emitido por la Procuraduría Provincial de Valledupar, a cargo de Ricardo Valdivieso Salguero.

La suspensión obedece a su presunta participación en política, según denuncia del abogado Frank Mosquera Montecristo, quien presentó una queja disciplinaria por trabajar a favor de uno de los candidatos de la contienda del pasado 27 de octubre. También fue denunciado por trato irrespetuoso, por parte de la ciudadana Nataly Hernández, hija del excandidato a la Alcaldía David Hernández.