Diario del Cesar
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Cargos por corrupción mandaron para la clínica a ´Luchito´ Peñaloza 

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Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, alcalde del municipio de Agustín Codazzi, fue capturado por miembros del CTI ayer al norte de Valledupar sindicado.

En el momento que un juez de la República, definía la medida de aseguramiento contra el alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, sindicado por los delitos de peculado por apropiación y concusión, el mandatario local presentó quebrantos de salud, luego que la presión arterial se alterara.

El procesado fue trasladado al Instituto Cardiovascular  del Cesar, donde está siendo valorado por los galenos especialistas y luego que sea dado de alta, volverá a los estrados judiciales a la espera de la medida de aseguramiento que le impondrá el togado.

La aprehensión del burgomaestre se llevó a cabo en un operativo liderado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, al norte de Valledupar ayer en la mañana. El mandatario local está sindicado por los delitos de peculado por apropiación y concusión.

A las siguientes horas de su aprehensión fue llevado al Palacio de Justicia de la ciudad, donde le realizaron la judicialización ante el Juzgado Cuarto Penal con funciones de control de garantías.

En la vista pública se conoció por parte de la Fiscalía 12 Seccional adscrita contra delitos a la administración pública que la investigación se desprende de la denuncia de un contratista de la pasada y actual administración.

“La Fiscalía ha emprendido una indagación en contra de Peñaloza Fuentes, toda vez se tuvo conocimiento por denuncia por un ciudadano sobre las posibles de conductas punibles de lo cual en las evidencias recaudadas por la Fiscalía se puede inferir de manera razonable en términos de presunción y grade de inferencia, ha podido vulnerar algunos bienes jurídicos que el legislador protege de la administración por eso coloco de manera muy detallada y clara los hechos por los cuales está llamado a imputación de cargos en esta diligencia. En el municipio de Agustín Codazzi a los 22 días del mes de abril de 2015 se suscribió el contrato de obras públicas entre el señor Efraín Quintero Mejía, en calidad de alcalde de Codazzi y el señor Otoniel Ariño en calidad de contratista y el representante legal de la Unión temporal Centro Cultural Codazzi por valor de más de 2.500 millones de pesos cuyo objeto consistió  en la construcción y remodelación del centro cultural de Codazzi” precisó el fiscal.

Añadió además que “durante la administración de Peñaloza Fuentes al principio del año 2016, este citó en su despacho a todos los contratistas que tenían obras de ejecución, en especial al señor Otoniel Ariño Urbina y le manifestó que por concepto de las obras, tenía reservado el pago de avance de ejecución de las mismas, una suma aproximadamente de mil millones de pesos en la secretaría de hacienda municipal, pero que para poder trabajar tranquilo y sin presión tenía que concederle el 15% del valor antes señalado, es decir la suma de ciento cincuenta millones de pesos de lo cual le fue entregado a través de su hermano Luis Peñaloza Mora, en el centro comercial Guatapurí de Valledupar la módica suma de 99 millones cuatrocientos mil pesos. Para el mes de noviembre del 2016 el señor Ariño Urbina, se ganó una licitación pública para realización de una obra de alcantarillado en el corregimiento de Llerasca del cual el señor Peñaloza Fuentes logró obtener una comisión ilegal denominada en 40 millones de pesos los cuales fueron entregados en sus propias manos” precisó el acusador.

AUTORIZÓ ADICCIÓN

Para el mes de marzo de 2018, el alcalde implicado,  autorizó una adición al contrato de obras públicas que mencionó previamente del centro cultural pero con la condición que el contratista le entregara una comisión o coima la suma de 60 millones de pesos, los cuales se hicieron efectivo a través de un contrato simulado de concesión de crédito a nombre del señor Bairon Caballero Ballestero, quien era su emisario.

“Con recursos propios del tesoro público, mismo que fue suscrito por Caballero Ballestero y por el señor Ariño Urbina  el día 23 de abril de 2018, a través de esta figura se canalizaban estos pagos por conceptos de comisión ilegal para poder permitir el desarrollo de la ejecución del contrato. El 6 de noviembre de 2018 el contratista Otoniel Ariño presentó ante la administración municipal de Codazzi una cuenta de cobro por concepto de avances por valor de 463 millones de pesos y para el 7 de diciembre de ese año fue citado por el señor alcalde a través de su emisario Caballero Ballestero quien le comunicó que el señor alcalde le pagaría  la cuenta de cobro siempre y cuando le entregara la suma de 20 millones de pesos, situación que se concretó en una reunión pero además el mandatario local le solicitó a Otoniel Ariño Urbina para poder agilizar el desembolso en su cuenta, necesitaba de esos mismos recursos y como préstamo le cediera la suma de 30 millones de pesos, es decir la suma global de 50 millones de pesos. Peñaloza Fuentes dispuso que para realizar la correspondiente transferencia y no dejar pruebas de ilegalidad, se simularon contratos de cesión de créditos a favor del señor Bairon Caballero por valor de 50 millones de pesos, producto de las exigencias económicas injustificadas denominadas coimas.  El 6 de diciembre de 2018 se su suscribió en Codazzi el contrato de cesión de créditos a favor de  Ballestero como cesionario y Otoniel Urbina como cedente” puntualizó el fiscal.

NO ACEPTÓ LOS CARGOS

En la audiencia de imputación de cargos, el procesado no se allanó a los cargos y cuando estaba previsto conocer la medida de aseguramiento que recibiría, presentó molestias en su organismo que lo llevaron a estar bajo cuidados médicos.

SUSPENDIDO EN DOS OCASIONES

Estas evidencias son las que tienen inmerso en dicho proceso penal al Luis Peñaloza, quien fue suspendido en el cargo por seis meses, sanción que se hizo efectiva a finales del pasado mes de marzo y que culminó en octubre del presente año. Nuevamente cuando asumió como mandatario local, se vio envuelto en procesos administrativos que lo llevó a una nueva suspensión del cargo por tres meses, según fallo emitido por la Procuraduría Provincial de Valledupar, a cargo de Ricardo Valdivieso Salguero.

La suspensión obedece a su presunta participación en política, según denuncia del abogado Frank Mosquera Montecristo, quien presentó una queja disciplinaria por trabajar a favor de uno de los candidatos de la contienda del pasado 27 de octubre. También pesa sobre su hombro, la denuncia, por trato irrespetuoso, por parte de la ciudadana Natali Hernández, hija del excandidato a la Alcaldía David Hernández.

Sobre la primera de las denuncias, el abogado Mosquera Montecristo presentó como prueba un video de ocho minutos de duración, donde Peñaloza se encuentra reunido en su despacho con un grupo de personas, entre las que se encontraba el excandidato a la Asamblea Departamental, Armando Gámez, con quien presuntamente hacía la negociación de votos a favor de la también excandidata a la Alcaldía, Iveth Lafourie Perdomo, miembro del partido Cambio Radical y tía de Peñaloza.