Desde las 4:40 de la madrugada de ayer habitantes de la vereda El Hatillo, en el Paso, Cesar, bloquearon la vía de los trenes de carbón que cubre la ruta mina Drummond-Santa Marta.
POR:
NINOSKA
REYES URDANETA
Desde las 4:40 de la madrugada de ayer y hasta pasadas las 4:00 de la tarde , habitantes de la vereda El Hatillo del municipio de El Paso, Cesar, bloquearon la vía férrea por incumplimiento de los compromisos del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), por parte de las empresas Drummond, Prodeco y CNR. Desde septiembre se están irrespetando los acuerdos, por lo que la comunidad acudió a las vías de hecho para conseguir una respuesta. El cerramiento duró más de 12 horas, por cuanto las empresas pidieron un lapso para responder y hoy sostendrán una nueva reunión con los afectados.
De las 207 familias afectadas, la mitad ha firmado dos contratos y el resto está a la espera. Aparentemente no hay recursos para el proceso de reasentamiento de la comunidad de El Hatillo, que es un sector afectado por la extracción de carbón. “A estas alturas, después de 9 años de lucha, es inaceptable que digan que no hay financiamiento”, dijo Yolima Parra, habitantes de El Hatillo.
Mediante las Resoluciones 970 y 1525 de 2010, se establecieron la obligación a las empresas mineras Drummond, Prodeco y CNR, de reasentar a la población de El Hatillo para prevenir la afectaciones que se derivan de la actividad minera. Es una obligación que el Estado asignó a las tres empresas mineras como una medida preventiva por el nivel de contaminación que afectaría a la zona poblada aledañas a las minas.
El proceso se debe a los resultados de los monitoreos sobre la calidad del aire en la zona minera del Cesar, los cuales indican que contaminación supera los límites permitidos, y por ende, afecta la salud de la población aledaña.
LA PROTESTA
Cansados de esperar y sin nada en concreto, el grupo de afectados salió a protestar con pancartas en mano, en las que exigían respeto al reasentamiento en los tiempos acordados, garantías de los recursos y la intervención del Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).Bloquearon la vía férrea, a la altura de Potrerillo, por donde a diario pasan más de 20 trenes cargados con carbón desde la mina Drummond hasta Santa Marta.
“Queremos respuesta porque hay un silencio, no han respondido a los derechos de petición y nadie da soluciones. El llamado es a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales como garantes del proceso, para que apoyen a la comunidad en este reasentamiento y se garantice el cumplimiento de los acuerdos”, dijo Parra.
|Comentó que fue una protesta pacífica que contó con el acompañamiento de la Policía, Defensoría del Pueblo, representantes de la Alcaldía de El Paso y la Gobernación del Cesar. Parra reiteró la intención de la comunidad en llegar al diálogo, pero con resultados inmediatos porque ya llevan años de espera.
Explicó la vocera de la comunidad, que “el 29 de noviembre del 2018 se cerró el pacto y este año se daba inició al plan de negociación con las familias. Casi 100 hogares están esperando por la firma del contrato, pero según la información que se maneja, la empresa CNR de declaró en quiebra y no está en capacidad de dar respuesta. Los recursos tampoco están en la fiducia para cumplir con el PAR”.
ACUERDO
Martín Campo, alcalde encargado de El Paso, informó que ayer se logró realizar una reunión entre representantes de la comunidad, la Drummond y Prodeco, ya que la CNR no se encuentra en condiciones financieras de responder y se abstuvo de intervenir.
Las empresas mineras solicitaron a los vecinos un compás de espera y reabrir el paso de la vía férrea, por cuanto ocasiona graves pérdidas económicas para la región. Además convocaron a un nuevo diálogo el día de hoy para establecer nuevos acuerdos en el que ambas partes salgan beneficiadas.
Campo destacó que una de las exigencias de la comunidad es contar con la presencia de CNR para darle mayor credibilidad al proceso, ya que forma parte del pacto inicial.
Reiteró que estuvo como garante de la administración municipal para buscar una salida al problema. “Es necesario garantizar el respeto de los derechos de las comunidades, pero también permitirle a las empresas mineras que busquen alternativas viables. No hubo alteración del orden público”, dijo.
El Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), responde a los lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que incluye componentes de hábitat y vivienda, actividades económicas, redes sociales y culturales de los habitantes de El Hatillo.