Reforma al Sistema de Salud
Hace algo más de tres meses, el Presidente de la República dio inicio a la ejecución del Acuerdo de Punto Final para el Sistema de Salud, programa gubernamental que es parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y se anuncia como medida trascendental para aliviar estructuralmente los problemas del sector salud, para hacerlo sostenible y fortalecerlo. En su primera fase, está programa aspira a saldar las deudas que se han acumulado durante años entre los diversos actores de dicho sistema, poner en cero la deuda con la red hospitalaria y mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud.
Los actores que intervienen en el Sistema de Salud saben que durante los últimos 25 años los diferentes gobiernos nacionales, con buenas intenciones, han propuesto diversos programas y planes para solucionar los problemas de tal sector, pero ellos no han tenido éxito y muchos han resultado siendo paños de agua tibia, porque la crisis es de tal magnitud que solo si se acomete una seria reestructuración del sistema se pueden resolver sus fallas estructurales.
El tiempo ha demostrado que nuestro Sistema de Salud sobrevaloró el mercado, subvaloró la significación del sector estatal, creó un mercado peculiar en torno a la salud, fijó sus ojos en el dinero de las pensiones del sector privado que manejaba el ISS y generó delicados problemas estructurales.
En el Sistema de Salud tienen gran protagonismo las EPS y, alrededor de ellas existen grandes vacíos legislativos y de otra dimensión, que provocan inmensos problemas con las trabas burocráticas que generan y por el retraso en los pagos de facturas y demás compromisos contractuales, fenómeno que en los últimos 25 años no se ha logrado corregir y ha generado enormes problemas a las IPS y demás actores del Sistema, pues por las deudas contraídas por las EPS dentro del Sistema de Salud no se pagan intereses de mora, se permite que ellas tengan insuficientes patrimonios propios, no recapitalizan, se ignora si todas tienen o no capacidad para actuar en el mercado y si se llega a ordenar la liquidación obligatoria de alguna, sus accionistas no son sancionados y muchas veces poco después constituyen otras EPS.
Por eso se ha hecho un esfuerzo en saldar las deudas que tanto aquejan al sector de la salud. El problema radica en que pocas cosas son tan misteriosas como la Santísima Trinidad o como las cuentas entre EPS (Entidades Promotoras de Salud) e IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud). Toda cifra que den las EPS sobre sus cuentas por pagar a los prestadores de servicios es duplicada con creces según la estimación de los Hospitales y Clínicas. Unas cifras mínimas dicen que por concepto de Régimen Contributivo las EPS deben 4,7 billones de pesos y por Régimen Subsidiado 3,5 billones. Pero según las IPS podría ser el doble. Por otro lado, las EPS dicen que están perdiendo un billón anualmente y que las IPS se estan ganando dos billones por contrapartida, a lo cual ellas agregan que son “utilidades de papel” por su difícil cobro.
A esto hay que agregar que por los llamados recobros NO POS las entidades territoriales deben al menos 700 mil millones y que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) debe al menos otro billón, pero otros estiman que son tres. Ante semejante confusión y ambigüedad parece una buena bandera de gobierno clarificar las cuentas y pagar. Sin embargo, el ministro anunció el inicio del plan en la Costa Caribe con un aporte inicial de 700.000 millones de pesos, lo cual por supuesto no es ni un 10 por ciento de las deudas y en el mejor de los casos solo alcanzaría para pagar lo que deben las entidades territoriales.
A diferencia del sistema educativo, donde es posible saber de forma aproximada cuántos niños deben recibir clase de aritmética el año entrante y por lo tanto cuántos maestros se necesitan, los servicios de salud no son fácilmente predecibles y no tienen límites claros.
Los 5.874 procedimientos autorizados y los 730 medicamentos del POS se utilizan en parte según la necesidad y en parte son aumentados artificialmente por el consumismo de los usuarios y el estímulo a las ventas innecesarias por parte de los prestadores.
Pero el aumento explosivo de los costos provino del NO POS es decir, de los servicios que gracias a las nuevas tecnologías no estaban incluidos en el POS, pero fueron autorizados para su pago por las sentencias de la Corte Constitucional y luego por la Ley Estatutaria. Los servicios NO POS no se pagan con cargo a la UPC sino mediante recobros adicionales a las entidades territoriales en el caso del Régimen subsidiado y mediante recobros al ADRES en el caso del Régimen contributivo.
Por eso lo mejor es que la gran reforma al Sistema de Salud de los colombianos se promueva desde una Constituyente, como otras tantas reformas que necesita el país.