La vergüenza del sistema penitenciario
Desde hace rato se ha denunciado que el sistema penitenciario colombiano es una vergüenza para el Estado. Un sistema podrido. Un sistema alimentado por la corrupción y el crimen. Un sistema hecho a la medida de los bandidos. Y la respuesta de los gobiernos de turno ha sido el de la vista gorda. Dejar hacer, dejar pasar. Los últimos 10 gobiernos han sido responsables de todas las atrocidades que se han cometido en una cloaca llamada Inpec.
De nada valen los sucesivos escándalos que en las cárceles del país se presentan. Y todo desde luego, porque el Estado carece de una verdadera política criminal.
No nos digamos mentiras. En las cárceles colombianas no ha rehabilitación ni regeneración. Todo lo contrario, esas cárceles son hoy auténticas escuelas del crimen.
Lo que acaba de ocurrir no solo es la tapa de la mamá de las tapas, sino es asqueante que la sociedad deba tratar con que los directores de las dos cárceles más importantes sean detenidos por corrupción. Ello demuestra hasta dónde está podrido el sistema penitenciario en Colombia. Y hasta dónde ha llegado la indiferencia del Estado ante la crisis del sistema penal que no logra conmover a los legisladores y al Ejecutivo para hacer el cambio que se requiere.
Ningún gobierno le ha podido explicar a la sociedad porque el Inpec sigue escriturado a los generales de la Policía. ¿Qué favor se paga con este nombramiento?. Está demostrado hasta la saciedad que la presencia de un oficial de la Policía regentando el instituto encargado de administrar los reclusorios no ha servido para nada. Todo lo contrario, han sido los peores administradores que ese instituto haya tenido.
El espectáculo de ver a los directores de La Picota y La Modelo esposados es deprimente y avergüenza.
Lo descubierto es una muestra de organización mediante la cual se beneficiaban guardas, carceleros, directores y, por supuesto, los detenidos que pagaran por esas fechorías. Pero no es un hallazgo novedoso ni puede decirse que afecte sólo a La Modelo. Es en todo el país, y se produce porque durante décadas no ha sido posible organizar un sistema adecuado a las realidades de la Nación.
Es que no parece existir interés en cambiar lo que hace posible que las cárceles sean un hueco negro donde existe otro mundo en el cual reinan otras reglas creadas por la corrupción y la fuerza bruta de organizaciones que controlan el funcionamiento de esas instituciones. Y todo empieza por un sistema penal y penitenciario que no responde a las realidades de un país en el cual se ha producido un cambio dramático en su sociedad mientras sus instituciones están rezagadas en la respuesta a esas transformaciones.
De ahí que el sistema penal sea una colcha de retazos fabricada por abogados defensores, mientras el penitenciario está atrapado entre la imposibilidad de establecer una legislación acorde con las necesidades, la persistente negativa a entregar los recursos para solucionar el problema y un Instituto Nacional Penitenciario ahogado por decenas de sindicatos y miles de acusaciones de corrupción y abusos. De ahí que se haya tenido que nombrar un oficial de la Policía Nacional para dirigirlo, como si con ello se resolviera el monumental enredo de las cárceles colombianas.
Pues bien, esa fórmula lleva más de una década y el problema no sólo se mantiene sino que crece. Todo ello es posible porque el Estado en su conjunto es incapaz de tomar decisiones que ataquen la raíz del problema. Es decir, de adecuar la legislación a las necesidades de la sociedad, de crear instituciones acordes con las realidades nacionales y de involucrar desde los organismos encargados de perseguir la delincuencia hasta los jueces que los juzgan y condenan, en un proceso en el cual prime la transparencia por encima de los intereses políticos o de algunos litigantes.