El desempleo juvenil en el país
Más allá de la preocupación por las crecientes cifras de crecimiento de la tasa de desempleo, que se ubicó en el 10,2% para el mes de septiembre de 2019, no puede pasarse por alto la cifra de desempleo juvenil revelada para el mismo periodo que alcanzó el 18,1%.
El desempleo juvenil constituye uno de los principales desafíos para los sistemas de intervención laboral para América Latina y el Caribe que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, determina la suerte de 10 millones de jóvenes que no acceden a una oportunidad laboral.
La creciente preocupación por el desempleo juvenil en Colombia contextualiza la formulación de propuestas inconstitucionales e inadmisibles de reducción de los estándares mínimos de remuneración de los jóvenes que ameritan un análisis detenido para encontrar alternativas de respuesta a los problemas de empleabilidad del grupo poblacional de los trabajadores entre 14 y 28 años de edad.
El contexto del desempleo juvenil en nuestro país incluye más de 600.000 ni-nis (jóvenes que ni estudian ni trabajan), con fuerte acento femenino que determina la marginación educativa y la inactividad que aunado a la temprana maternidad reduce la potencialidad de inclusión en el sistema de relaciones laborales. Además de lo anterior, existe una fuerte tendencia hacia el desplazamiento del trabajo de los jóvenes a espacios en que no se aplican las garantías laborales a través de prácticas no laborales fraudulentas de la relación laboral y escapes hacia rutas de emprendimiento, deprimiendo el esquema de derechos que recubre el esquema de estándares que integran el trabajo decente.
En este contexto, deben identificarse las principales causas del desempleo juvenil en que debe intervenir la política pública de incentivos al primer empleo, que enmarcan la falta de experiencia para acceder al trabajo al que postulan los jóvenes y la falta de conexión de los sistemas de educación media y superior con el mundo laboral.
Como parte del conjunto de soluciones, es conveniente fortalecer el modelo de formación dual, que comporta la inclusión de esquemas de formación para el trabajo desde la secundaria para “asegurar las competencias necesarias para que los jóvenes se desenvuelvan en sus futuros trabajos sin subordinar el proceso de formación a la demanda del sistema de relaciones laborales”.
En esta línea, la demanda de trabajo está determinada, cada vez más, por competencias y habilidades en la formación, adaptables a los veloces cambios del modelo productivo que derivan de la automatización y robotización del modelo productivo, sin perjuicio de la demanda de actualización permanente del Sistema Nacional de Cualificaciones.
Resulta recomendable evaluar la inclusión de incentivos a la contratación de jóvenes, adoptado en el “decreto dignidad” italiano, que estructura un esquema de exenciones del 50% a las cotizaciones a la seguridad social, fijando límites temporales y en la cuantía total de la exención, que debe condicionarse a la vinculación laboral con vocación de permanencia que promueva la formalidad laboral en la vinculación. Sin perjuicio de lo anterior, resulta recomendable condicionar el acceso al incentivo, al aumento de la planta de personal para evitar la sustitución de trabajadores que vienen laborando en las empresas que se acojan a estos beneficios.
En el contexto del sistema de inserción laboral a la inserción laboral inicial, resulta deseable incluir políticas activas en cabeza del Servicio Público de Empleo que habiliten espacios de conexión específicos que faciliten el acceso al denominado “primer empleo”.
En esta dirección, la Declaración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo adoptada en junio de 2019, reconoce la necesidad de promover “oportunidades de trabajo decente para todos y en particular facilitar la transicioìn de la educacioìn y la formacioìn al trabajo, poniendo eìnfasis en la integracioìn efectiva de los joìvenes en el mundo del trabajo.”
La ausencia de rutas al primer empleo de jóvenes deriva en fugas hacia la informalidad y la inserción en labores en las que no ponen en práctica sus competencias, deteriorando el nivel de cualificaciones incrementando el riesgo de que los jóvenes transiten hacia la inactividad laboral.
La estrategia de reducción del desempleo juvenil debe estar orientada hacia rutas de trabajo decente de la generación más educada y con mayor acceso a la información que ha existido, potencializando sus capacidades a través de esquemas de acceso al sistema de relaciones laborales por conducto de incentivos que faciliten la adquisición de experiencia y modelos de formación conectados con las demandas del mundo laboral.
En esas condiciones, es urgente la reforma laboral, por ahora aplazada por la congestión en la agenda del Congreso como consecuencia de la caída de la Ley de Financiamiento. Si la reforma laboral se hace bien, debería acortar de forma significativa el tiempo requerido para recuperar el empleo perdido y sería posible tener una recuperación más intensa con mayor crecimiento del empleo. Si esto no se logra la incertidumbre aumenta y la economía seguirá evolucionando sin bases firmes y con el riesgo de que se desplome el consumo de los hogares.