¿Están las EPS en cuidados intensivos?
En su afán por mostrar resultados ante la opinión pública para dar la sensación de que este Gobierno si ha metido en cintura a las EPS ineficientes y pésimas en su prestación de servicios a millones de usuarios, la Superintendencia Nacional de Salud viene interviniendo a cuanta entidad se le atraviese en el camino. No estamos en contra de ello.
!Ni más faltaba!. Celebramos que por fin la Supersalud tenga colmillos para enfrentar a las EPS; pero sí valdría la pena preguntarse, si esas intervenciones se ha hecho de tal manera que a los usuarios se les puedan brindar las soluciones que necesitan y no resulte siendo peor el remedio que la enfermedad.
Hoy en día por cuenta de la Supersalud, el sistema judicial colombiano está a medio colapsar ya que se cuentan por miles y miles las tutelas que se han impetrado por quienes han visto vulnerados sus derechos con el cierre de las EPS cuestionadas y el no tener una respuesta adecuada y oportuna para que se les siga atendiendo
La reciente liquidación de tres de estas empresas, que suman alrededor de 1’500.000 afiliados, encendió las alarmas sobre el sistema de salud en Colombia. Estas decisiones se deben a que la Superintendencia de Salud ejerce una mayor vigilancia y a una estrategia para mejorar el músculo financiero de esas instituciones.
El 15 de octubre, la Superintendencia Nacional de Salud intervino para liquidar a la EPS Saludvida S.A. Lo decidió así después de decretar, desde octubre de 2015, la vigilancia preventiva y de darle, desde esa fecha, 5 prórrogas para subsanar los problemas. Sin embargo, en el último informe, la EPS, lejos de mejorar sus indicadores, los empeoró. Pese a que había tenido cuatro años para enmendarlos, la EPS tenía pésimos indicadores, como aumento de muertes perinatales, baja cobertura en la prevención de cáncer de cérvix y mama, deficiente atención a pacientes hipertensos, diabéticos y con VIH, el cierre de 43 servicios en el primer semestre de este año, un patrimonio de -$789.670 millones y unos pasivos superiores a $1 billón. Por eso a la Supersalud no le quedó más remedio que cerrarla.
Para evitar poner en riesgo la salud de 1‘161.921 usuarios (90.000 del régimen contributivo y el resto del subsidiado), el ente de vigilancia pidió al Ministerio de Salud trasladarlos partir del 1 noviembre de este año. Estos usuarios se sumaron a los casi 1‘600.000 afiliados de las otras tres EPS revocadas totalmente (Comfacor, Cruz Blanca y Emdisalud) y las tres con revocatoria parcial en algunos departamentos del país (Medimás, Coomeva y Comparta). En otras palabras, alrededor de 2‘700.000 tendrían una nueva EPS. Con Saludvida ya son 4 EPS que liquida la Supersalud este año
De acuerdo con Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, los afiliados se repartirían de la siguiente manera: 50% entre todas las EPS que no tienen medida restrictiva alguna y el 50% restante entre las más grandes. En cuanto a los pacientes de alto costo analizaron qué EPS podían recibirlas para garantizar sus derechos. Sin embargo, este plan se truncó, por lo menos para el caso de Saludvida. Para el Gobierno la liquidación de EPS no debe generar temor, sino la sensación de que el sector se depura para prestar mejor servicio.
El jueves 24 de octubre, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, tras fallar una acción de tutela, ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud suspender los efectos de la resolución que revocaba a la EPS. Según el juez, con la medida buscaba tutelar el derecho a la vida y la correcta prestación de los servicios de salud los afiliados a esta EPS. Pero pocos la entendieron, debido a que, como lo ha documentado en los últimos cuatro años la Supersalud, Saludvida en vez de mejorar ha empeorado en casi todos sus indicadores. Como resultado, a las pocas horas al Ministerio de Salud y a la Superintendencia no les quedó más remedio que revocar la liquidación de Saludvida y suspender el proceso de asignar a sus afiliados a otras EPS. Y le ordenaron “atender con calidad y oportunidad a todos sus afiliados, sin dilaciones ni negativas por parte de los prestadores adscritos a la red, hasta la fecha en que se tome la decisión de fondo dentro de la acción constitucional elevada por los accionantes”.
Lo sucedido con Saludvida es un caso paradigmático para mostrar el estado del sistema de salud en Colombia en lo referente a las EPS. Una radiografía en la que se ven cosas positivas, como la gestión de la Superintendencia, que en los últimos años ha intentado sanear la prestación de servicios de salud de las EPS. Y otras no tan buenas, como las artimañas que utilizan las EPS intervenidas, a pesar de sus comprobadas grandes deficiencias en su administración que, pese a los plazos dados, no han podido mejorar.
A raíz de los cierres totales de Comfacor, Cruz Blanca, Emdisalud y a las revocatorias parciales de Medimás, Coomeva y Comparta, y de la polémica que se ha generado en torno a Saludvida, se ha dicho que el sistema de salud colombiano se encuentra en cuidados intensivos.
Esta afirmación podría tener sustento en los indicadores financieros de permanencia para EPS y otros informes hechos por la Superintendencia de Salud. Según estos datos, la mitad de las EPS no cuentan con las condiciones financieras para prestar sus servicios o están bajo la lupa.
En la actualidad existen 38 EPS (incluida Saludvida). De estas, 19 cuentan con una medida especial de vigilancia y tienen que mostrar sus mejoras en indicadores de atención, prevención de enfermedades y cobertura.
Pero para que eso funcione se necesita del trabajo articulado del Gobierno, de los órganos de control, de las EPS e incluso de los jueces.