Hidalfo De La Cruz, alcalde del municipio de El Paso, Cesar, se encuentra privado de la libertad en la cárcel Judicial de Valledupar al igual que su esposa Neyruth Murgas, por los delitos de corrupción y constreñimiento al sufragante. El apoderado del mandatario local, aseveró que la determinación del juez de control de garantías fue drástica y que se podría tratar de una persecución política.
Para William Mejía Mussa, abogado del alcalde del municipio de El Paso, Cesar,Hidalfo de La Cruz, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel Judicial de Valledupar por los delitos de corrupción y constreñimiento al sufragante, la medida intramural con la que fue cobijado el mandatario local fue drástica, ya que según él, algunos mandatarios del departamento del Cesar investigados por las mismas acciones punibles, se encuentran gozando de la libertad, lo que para él significaría una persecución política.
El apoderado del burgomaestre dijo a este medio de comunicación que “hay inconformidad en la defensa, debido a que el señor juez de control de garantías, impone la medida no privativa de la libertad, mirando el numeral primero y segundo del artículo 308, porque se habla de la peligrosidad. Él viene siendo el representante del municipio, donde ni siquiera se demostró por parte de la Fiscalía, una denuncia de una persona que hubiese sido amenazada o maltratada por el señor alcalde, en ningún momento se presentó elemento material probatorio, solo se manifestaron unos audios de él con unas personas que definitivamente no tiene ninguna injerencia en el municipio y eso es lo que lleva al inconformismo” puntualizó.
Subrayó de igual manera que “hablan de obstrucción a la justicia, cuando la Fiscalía tiene dos años de llevar esta investigación y tiene todos los elementos recolectados, donde hay entrevistas, declaraciones, inspección judicial, a la misma alcaldía municipal, entonces ¿Que obstrucción a la justica puede representar el señor alcalde en ese sentido? La Fiscalía tiene todo el Estado a su favor, tiene todos los elementos y el poder para brindar no solamente a las personas que aparecen como víctima, sino todas aquellas situaciones que alguien tenga para recolectar y eso se dio claro en la sustentación en la oposición que se dio en la medida de aseguramiento” precisó el jurista.
La decisión fue apelada por la defensa y está a la espera que la segunda instancia revoque esa determinación con los elementos materiales probatorios que se aportaron y con todas las observaciones que se hicieron.
Al interrogarle sobre la misma medida intramural que recibió la esposa del alcalde, Neyruth Murgas Fuentes explicó que “no puedo responder en cuanto a la Primera Dama, pero tampoco veía motivo para ello, no veo ninguna injerencia en las cuestiones políticas en lo que se decía ahí, no tuvieron en cuenta que es una madre que tiene dos hijos pequeños, que el marido quedaba privado de la libertad y ni así hubo la excepcionalidad para dictar una medida menos drástica con esta madre de familia, que deja asus hijos quedaron desamparados” concluyó.
Es de anotar que a Murgas Fuentes, le imputaron los mismos cargos que a su esposo. Los procesados fueron aprehendidos en Valledupar la noche del jueves anterior en un operativo liderado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, procedentes de Bogotá.
DE QUE LOS ACUSAN
De acuerdo a las investigaciones, el mandatario local y su esposa están implicados presuntamente por corromper y presionar a los electores para favorecer a un integrante de su familia que aspira a la alcaldía de dicho municipio.
Las evidencias materiales probatorias recaudadas por el fiscal de conocimiento, indican que el mandatario habría despedido a cuatro de sus funcionarios por no apoyar al candidato de su elección. También, se conoció que trasladó empleados, negoció votos a cambio de la vinculación laboral y advirtió a contratistas de que no renovaría algunos convenios sino apoyaban en las votaciones a su tío. Así mismo, la Fiscalía cuenta con pruebas de presuntos ofrecimientos de más de dos millones de pesos para la compra de votos.
En el desarrollo de las pesquisas se estableció que la Murgas Fuentes, presuntamente, elaboró un sondeo de votantes en el hospital del municipio, de tal manera, que quien no favorecía sus intereses en las elecciones podría perder su cargo. Otra de las modalidades correspondió a la vinculación y desvinculación de adultos mayores a un programa social.
Los investigadores tienen documentadas algunas reuniones en las que advertía a contratistas de la entidad que debía apoyar a su candidato, e incluso, denunciaron que fueron obligados a hacer trabajo político, so pena de ser despedidos.
La Fiscalía General de la Nación mediante un comunicado oficial aseguró que estas aprehensiones hacen parte d la estrategia ‘Plan Ágora’ que buscaba garantizar y promover la transparencia y seguridad para las pasadas elecciones territoriales y que ha permitido luchar contra distintas modalidades de corrupción electoral, además dio a conocer que en todos los casos los fiscales y los investigadores dejaron al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de afectar la transparencia del proceso democrático.