El llamado a combatir los delitos electorales
A pocas horas de cumplirse la cita de los colombianos con la democracia para elegir a las autoridades locales y regionales, los distintos actores de la sociedad claman porque este ejercicio sea transparente y rodeado de severos controles y garantías que impidan que se altere la voluntad del elector.
Hoy en día cuando se cuenta con los mas sofisticados recursos tecnológicos que debieran emplearse para el bien y no para el mal, desafortunadamente los utilizan para engañar y producir aspectos negativos y falsos que desorientan al ciudadano.
Más de dos mil denuncias sobre tentativas de fraude y sobre maniobras para desviar la voluntad popular, es el ejemplo de que estanos frente a un sistema que en cualquier momento podría hacer aguas y darle paso a lo que desde hace rato vienen alimentando los enemigos de la institucionalidad. Por ello, es el momento para reclamar que tanto las autoridades como la ciudadanía estén atentas a impedir que triunfen los intentos por imponer autoridades elegidas mediante manipulaciones que destruyen la transparencia que debe tener la democracia. Como también para impedir el ascenso de quienes a través de triquiñuelas y manipulaciones buscan el poder a toda costa.
El problema no es tener un gobernante que sea contrario a las ideas o los partidos, sino permitir que sean elegidos mediante trampas como la trashumancia de votantes, como la compra de votos o las adulteraciones en el manejo de los datos y de los resultados, o con denuncias falsas para luego lanzar el raponaso y adulterar la voluntad del elector. Esos vicios, repetidos una y otra vez, y denunciados con frecuencia en todas partes del país, han tenido respuestas débiles del Estado a pesar de falsear lo que es la esencia de la democracia, la representación de la voluntad popular.
Más grave aún es que se produzca en los comicios que eligen los gobiernos y las administraciones de municipios y departamentos. Esas no son instituciones de menor importancia para el sistema democrático en la medida en que son las más cercanas al ciudadano, las que manejan los recursos pagados por ellos y las participaciones del presupuesto nacional para que atiendan sus necesidades y promuevan el progreso, la convivencia y el bienestar de las comunidades.
Son billones de pesos los que deben administrar esas entidades, lo cual las hace tan atractivas para las empresas electorales que hace rato superaron los partidos. De ahí que se llegue a situaciones de violencia como las que han ocurrido en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, que se realice la inscripción fraudulenta de millones de cédulas o que se produzcan las compras de votos y el uso de los gobiernos departamentales y municipales para influir en las elecciones.
Y si bien organizaciones públicas como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Fiscalía y el gobierno Nacional hacen esfuerzos por garantizar la pureza de esas elecciones, es claro que no ha sido posible cambiar el código electoral que rige desde 1986, ni adoptar una reforma política que establezca responsabilidades claras a los dirigentes de partidos y movimientos que avalan candidaturas.
Tampoco se ha logrado implantar sanciones ejemplares para todo aquel que corrompa la voluntad de quienes tienen el derecho y el deber de elegir a sus gobernantes, así como a quienes vendan ese derecho. El resultado se refleja en los miles de alcaldes, gobernadores, diputados o concejales que han sido despojados de sus dignidades cuando no condenados de la Justicia por sus malos procederes en el cumplimiento de sus deberes como funcionarios electos.
Por eso hay que escuchar los llamados de las autoridades para que se denuncien las irregularidades que se cometen contra el sufragio, además de pedir a esas autoridades que apliquen la ley. Es defender la transparencia que hace posible una democracia vigorosa y evita el espectáculo lamentable del escándalo y la violencia en la política.