El trasteo de votantes y otros delitos
En distintas ocasiones hemos tratado en este mismo espacio electoral la manera como bandas delincuenciales le tuercen el cuello a la democracia cometiendo cualquier clase de delitos para alterar la voluntad popular. Una de ellas es el trasteo de electores.
La Procuraduría General de la Nación puso en evidencia mediante un programa propio, como más de 700 mil personas fueron llevadas de un lugar a otro para sufragar este domingo. Por fortuna el plan se frustró.
El apetito por los cargos públicos ha llevado a que las “empresas electorales”, entre otros mecanismos, usen los nombramientos en cargos de nivel municipal y departamental de miembros de esta o aquella “clientela” política, que contratistas del Estado financien las cada vez más costosas campañas electorales y el trasteo de votos o trashumancia electoral.
No olvidemos que desde 1988, en época preelectoral, se agudizó una incorrecta forma de hacer política, la masiva inscripción de cédulas de ciudadanía en lugares distintos a los de residencia de los ciudadanos para viciar el censo electoral y lograr que las “empresas electorales” manipulen el resultado de los comicios, deformando y falseando la libre expresión de la voluntad popular.
Sabemos que Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático, pero desafortunadamente abundan los actos que lesionan la transparencia de la democracia a través de procedimientos como la trashumancia electoral, el clientelismo, la corrupción y otros vicios que desplazan, elección tras elección, al debate ideológico y programático.
Desde los comicios de 1997, la trashumancia electoral se agudizó; en tal oportunidad el Consejo Nacional Electoral recibió más de 310 demandas solicitando la anulación de inscripción de cédulas por trashumancia. Para combatirla, el Código Penal creó el tipo delictual: “Delitos contra mecanismo de participación democrática”, pero nada ha cambiado.
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha difundido el mapa de riesgo de trashumancia electoral, que evidencia que cerca de la mitad del territorio nacional ha sido marcado históricamente por tal vicio electoral.
En la campaña para elegir autoridades regionales de 2019, regresaron con fuerza no solo la trashumancia electoral, grave vicio que distorsiona la voluntad popular, sino las dádivas a los electores en distintas formas
La jornada electoral del domingo no ha estado exenta de asesinatos, amenazas, atentados y diversos actos de violencia que han llevado a cabo grupos violentos y las rencillas políticas, sin que hasta el momento se conozcan resultados de las investigaciones ´exahustivas´
Otro factor de perturbación es el accionar de grupos clientelistas que se disputan el manejo del presupuesto público municipal y departamental en diversas regiones.
¿Qué pone en evidencia ello? Las ansias de grupos ilegales, de mafias y de otros actores violentos de controlar alcaldías, concejos municipales, asambleas y gobernaciones para tener presencia y poder territorial. Ante ese desafío las instituciones legítimas de nuestro Estado deben lograr impedir que ello ocurra. Pero que va, ya estamos a tres días de celebrarse los comicios y nada pasó. Pura bulla, y mientras ello siga así, en cualquier momento nos puede tropezar la incontenible insatisfacción popular. Ya estamos advertidos.