Diario del Cesar
Defiende la región

La compra de votos está disfrazada de rifas y bingos

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Alejandra Barrios, directora del organismo, dio cuenta de los riesgos de cara a los comicios del domingo.

De cara a los comicios de este 27 de octubre, la Misión de Observación Electoral presentó un panorama. Desde diciembre de 2018 hasta el 18 de octubre de 2019 se han recibido 2613 reportes ciudadanos por presuntas irregularidades o anomalías electorales, el 90,5% (2.364) de estos se han registrado a partir del 27 de junio (inicio de inscripción de candidaturas). Territorialmente los reportes se concentran en 5 departamentos: Antioquia (344), Cundinamarca (265), Santander (182), Tolima (169) y Valle del Cauca (165), representando el 43,1% de la totalidad de reportes.

Respecto a la caracterización por el tipo de irregularidad, se han registrado 685 reportes sobre irregularidades en la función pública (26,2%); 586 sobre irregularidades en el voto libre (22,4%); 467 reportes sobre irregularidades en publicidad y medios de comunicación (17,9%) y 382 sobre irregularidades en la inscripción de cédulas (14,6%).

Se destacan tres tipos de reporte por el número de registros y la relevancia en el desarrollo del proceso electoral: utilización de recursos públicos en corrupción y constreñimiento al sufragante, exclusión irregular de cédulas de ciudadanía y exceso de competencia en propaganda política.

Para este proceso electoral se han presentado 272 reportes relacionados con la utilización de recursos públicos para promocionar candidaturas, incluso para la presunta comisión de delitos como corrupción y constreñimiento al sufragante. Esta irregularidad se ha caracterizado por las siguientes conductas:

  • Realización de eventos públicos y reuniones de programas sociales para promocionar candidatos.
  • Utilización de bienes estatales (instituciones educativas, medios de transporte, equipos tecnológicos, entre otros) en la realización de campañas políticas.
  • Construcción de vías u obras públicas, entrega de subsidios o apoyos estatales para promocionar candidatos y/o exigir su voto por el candidato.
  • Condicionamiento en el acceso o permanencia en programas estatales, como becas, subsidios, proyectos de vivienda (VIS), entre otros.

Para la MOE, es importante que las autoridades electorales competentes inicien las actuaciones pertinentes para investigar a los funcionarios públicos que incurran en estas irregularidades y en caso de ser necesario, que sean apartados de sus cargos, y con ello garantizar el equilibrio entre las distintas campañas políticas y la preservación de los recursos públicos.

Tras la anulación de inscripciones de cédulas por trashumancia de parte del CNE, se han recibido reportes sobre la exclusión del censo electoral de personas que ni siquiera efectuaron la inscripción para este proceso electoral, y que además han votado en los últimos procesos electorales en el puesto de votación del cual fueron excluidos. Igualmente, se registran reclamaciones de ciudadanos que afirman que al momento de la inscripción presentaron su certificado de residencia y demás soportes, sin embargo, terminó siendo anulada su inscripción.

Para la MOE es preocupante que la insuficiente publicidad de los mecanismos de impugnación frente a la anulación de cédulas. A través de los reportes se detectan dos problemas. Primero, el desconocimiento de parte de la ciudadanía en relación con la existencia y el uso de este recurso. Segundo, el poco tiempo que tiene el CNE para resolver los recursos presentados. Como se mencionó previamente, para el proceso electoral de 2015 la Autoridad Electoral terminó de resolver este tipo de reclamaciones en noviembre de 2016.

La MOE señala su preocupación porque el 91,6% de los candidatos no ha registrado un solo peso de ingresos ni gastos en el aplicativo Cuentas Claras. Esta cifra equivale a 88.627 candidatos a Concejo, 12.213 a JAL, 3.935 a Alcaldía, 3.054 a Asamblea y 64 candidatos a Gobernación.

Entre los 9.929 candidatos que sí han reportado financiación al 10 de octubre, los ingresos suman un total de $116 mil millones (apenas el 24% de los $483 millones reportados en 2015), mientras que los reportes de gastos corresponden a $74 mil millones (tan solo el 16% de los $479 millones en gastos de campaña reportados en 2015). Estas cifras dan una idea del subregistro que se está presentando en los reportes de financiación de campañas electorales en 2019.

Dado que el requisito legal es que los candidatos entreguen su libro de gastos consolidados un mes después de las elecciones (el 27 de noviembre), la MOE le recomienda a las autoridades que antes de finalizar el año ejerzan control sobre incongruencias financieras como las evidenciadas para 2015, de tal forma que se detecten oportunamente casos de financiación ilegal de campañas en 2019.