Las observaciones hechas a versiones de militares implicados en falsos positivos
Familiares de los jóvenes de Soacha y Bogotá que fueron víctimas de las ejecuciones extrajudiciales presentaron en la mañana de este jueves sus observaciones a las versiones que en su momento entregaron los militares sobre los llamados ‘falsos positivos’ ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Esta audiencia hace parte del caso 03 que indaga lo relacionado con las muertes de ciudadanos que fueron presentados como miembros de la guerrilla abatidos en medio del conflicto.
Como parte de este expediente, además, los abogados que los representan entregaron un informe ante la Sala de Reconocimiento que contiene las observaciones a las 31 versiones voluntarias que rindieron 22 militares comparecientes en este expediente.
“Identificamos que era común conseguir armas a través de diferentes mecanismos para ponérselas a las víctimas. Una de esas modalidades era usar armas que habían sido incautadas en otros operativos”, precisa el abogado Sebastián Escobar Uribe, del Colectivo José Alvear Restrepo.
En las versiones que han rendido los 22 comparecientes se han escuchado los nombres de 62 militares que habrían participado en estas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 52 no han comparecido ante el Tribunal de paz, por lo que varios de los familiares de las víctimas mortales de esta práctica les pidieron a los magistrados tomar atenta nota de esta situación.
Estos militares que han sido nombrados han ocupado distintos cargos y rangos dentro de las filas. También han sido mencionados civiles que, de una u otra forma, participaron en estos hechos.
El documento detalla que hay unos patrones que demuestran que los mal llamados ‘falsos positivos’ se trató de una política sistemática que obedecía a una serie de elementos estructurales en el interior de las Fuerzas Militares, particularmente del Ejército.
Escobar agregó que dentro de este informe presentaron una propuesta consistente en un test que contiene una serie de variables para tipificar la contribución a la verdad de cada uno de los comparecientes. Serán los magistrados los que determinen si es o no pertinente esa prueba y la forma en la que sería aplicada.
“Lo que nosotros si consideramos pertinente es que la Jurisdicción tiene que hacer un análisis caso a caso del grado de contribución, porque esta es una de las condiciones que aceptan quienes se someten a la JEP, su compromiso de contribuir a la verdad”, concluyó el jurista.
HABLAN LAS VÍCTIMAS
La primera en hablar en la diligencia fue Jackeline, hermana de Jaime Castillo, quien recordó que su familiar desapareció de Bogotá el 10 de agosto de 2008 y dos días después apareció sin vida siendo reportado por las autoridades como un guerrillero dado de baja en combate. Su cuerpo apareció en Ocaña, Norte de Santander.
“Acá no actuó solo el Ejército, acá hubo alguien más. Por eso pedimos que se tenga en cuenta lo que dijeron los del CTI y la Policía”, dijo ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, que convocó a la diligencia tras las declaraciones de los militares comparecientes que hicieron parte de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería ‘Francisco de Paula Santander’.
Por su parte, Johanna Ruiz relató que su esposo Andrés Palacio desapareció el 27 de febrero de 2008 y que solo pudo dar con el paradero de sus restos en agosto de ese año en un cementerio de Cimitarra, Santander, hasta donde llegó casi sin recursos al punto que, según reveló, el sepulturero del pueblo le ofreció su casa durante tres días mientras hacía los trámites para reclamar el cuerpo.
“Quiero saber cuál fue el engaño con el que se lo llevaron, quién lo reclutó, qué fue lo que le hicieron. Eso es lo que quiero saber, a mí me gustaría conocer toda la verdad”, señaló la joven viuda en medio de sollozos.
Con sentimientos similares habló Luz Ángela Garzón, hermana de Eduardo, que imploró que no siguieran llamando “guerrilleros” tanto a su familiar como a las demás víctimas mortales de estas ejecuciones extrajudiciales.
A su turno, Isabel Muñoz, oriunda de Regidor, Bolívar, detalló que su hijo Jhonny Soto Muñoz era un joven al que le gustaba la vida militar, al punto que estuvo dos años y dos meses prestando servicio militar en San José del Guaviare.
A su regreso alguien le prometió incorporarlo en la carrera militar, un sueño que anhelaba para mejorar la situación económica de su familia, pero desde ese momento no se supo más de él, ya que su cuerpo apareció sin vida en Ocaña y reportado como miembro de la guerrilla dado de baja.
Bogotá (Colprensa).