Corte Constitucional ´tumbó´ la Ley de Financiamiento de Duque
Desde el congreso distintos sectores políticos pidieron la cabeza del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.
La polémica ley de financiamiento, que tenía más de 24 demandas en la Corte Constitucional, fue tumbada en su totalidad este miércoles con una votación de seis a favor y tres en contra, luego de ser estudiada en Sala Plena.
La álgida decisión tardó un poco más de diez horas, en la que los nueve magistrados estimaron necesario acoger la ponencia de Alejandro Linares, quien tenía una demanda en su despacho en la que solicitaba que se tumbara la ley por cuestión de forma y no de fondo.
La demanda estaba encaminada a que no se surtió el procedimiento en el legislativo a la hora de la votación y la publicación. La determinación que tomó la Corte da cuenta que la ley se cae a partir del primero de enero de 2020, un año después de haber entrado en vigencia.
Lo que explicó la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, es que “asiste razón a los demandantes, en la medida en que la proposición con la que finalizó el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se planteó de manera incompleta”.
Ortiz señaló que el legislativo no incluyó el texto sometido a consideración de los representantes, y no cumplió con la publicidad necesaria para que el Legislador emitiera su consentimiento en la aprobación de una ley de alto contenido tributario.
La presidenta señaló también que el Congreso deberá volver a tramitar un proyecto de ley, desde la fecha hasta el 31 de diciembre, que de no ser así a partir del 1 de enero empezará a regir las normativas impuestas antes de la ley de Financiamiento.
“Se dispuso que en caso de que para la fecha establecida para que comience a surtir efectos la declaratoria de inexequibilidad no se hubiere publicado y promulgado una nueva ley, opere la reviviscencia de manera simultánea de las normas derogadas o modificadas por la Ley 1943 de 2018”, señaló la presidenta.
La determinación final se registró con una votación en contra de los magistrados Gloria Ortiz, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal, quienes salvaron voto.
¿QUÉ VIENE?
Para Fedesarrollo, en cabeza de Luis Fernando Mejía, la decisión de la Corte generará un efecto negativo en cuanto a las expectativas y decisiones que tiene el país frente a la inversión, puesto que fomentaría un impacto adverso a nivel macroeconómico.
“En efecto, de reducirse el crecimiento económico, los beneficios de un mayor recaudo desaparecerían, toda vez que el debilitamiento de la actividad económica generaría menos ingresos para empresas y hogares y, consecuentemente, llevaría a un menor recaudo impositivo”, dice el concepto enviado al alto tribunal.
Los cálculos de Fedesarrollo en su momento dieron cuenta que con este nuevo panorama el Producto Interno Bruto (PIB) para 2020 ya no sería del 3,5 %, como se venía pronosticando, sino del 2,7 %, es decir, que el crecimiento económico tendría un impacto negativo del 0,8 %, lo que, a juicio de Mejía, pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal.
Para el Gobierno las cifras tampoco eran descabelladas, pues el ministro Carrasquilla expuso dos escenarios que relaciona la seguridad jurídica, debido a que “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento”, pues la ley aún no cumplía un año de entrada en vigencia cuando ya se está tumbando.
El segundo escenario que expuso el jefe de la cartera económica fueron los efectos de crecimiento inherentes a la Ley de Financiamiento, pues estos, a su juicio desaparecerían. “Ese segundo efecto de crecimiento también tiene un costo y si sumamos, el efecto combinado, año tras año, hasta 2030, eso nos da el equivalente a un PIB anual de Colombia. Perdemos el 10 % de nuestra capacidad de generación de ingreso de un tanganazo”.