Ley de Víctimas, que se dé el debate

Hace ocho años, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos impulsó y aprobó la denominada Ley de Víctimas, la cual nos ha costado a los colombianos la bicoca de $132,7 billones, según el Ministerio de Hacienda. Y prorrogarla durante 10 años más, le terminará costando a los bolsillos de los contribuyentes de acuerdo con la Contraloría se requerirían $115 billones para reparar casi 8 millones de víctimas.

El viernes pasado, el presidente Iván Duque informó que el Gobierno nacional radicará un proyecto de ley con el que se busca la prórroga por 10 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El texto, que según el Mandatario, será presentado con mensaje de urgencia, o sea que será tramitado con prioridad por las comisiones primeras y las plenarias del Legislativo, permitirá avanzar en la reparación e indemnización de 7,7 millones de víctimas que aún no han recibido nada.

En junio de 2021. La Ley 1448, que se promulgó con vigencia de 10 años, reconoció por primera vez en Colombia la existencia de un conflicto armado. En la norma se ordena reparar a las víctimas y restituirles las tierras a quienes fueron despojados de ellas. Sin embargo, después de casi 10 años de vigencia, aún quedan millones de personas por reparar. “Queremos seguir cumpliéndole a las víctimas, queremos atenderlos con todos los programas y queremos que la reparación sea una realidad”, dijo el presidente Duque.

Con corte al 30 de septiembre, en el Registro Único de Víctimas hay reportadas en el país 8.910.526 personas, que representan el 17,7% de la población, de las cuales se han reparado hasta el momento 1,2 millones.

De acuerdo por hechos victimizantes por desplazamiento hay 7.941.714 víctimas; por homicidio 1.026.302; por amenazas 421.942; por desaparición forzada 175.153; por pérdida de bienes muebles o Inmuebles 115.757; por acto terrorista/atentados/combates/ hostigamientos 82.534; por secuestro 37.025; por confinamiento 31.511; por delitos contra la libertad y la integridad sexual 29.133; por lesiones personales psicológicas 15.720; por abandono o despojo forzado de tierras 14.918; por minas antipersona/munición sin explotar/artefacto explosivo 11.566; por tortura 10.711.

Durante una Audiencia Pública de la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre una demandan relacionada con la vigencia de la norma, que fue realizada la semana pasada, el contralor Carlos Felipe Córdoba afirmó que se requieren $115,9 billones para atender a más de 8 millones de víctimas.

Según los cálculos realizados en los Conpes de 2011 y 2012 se definieron recursos por $54,9 billones a precios de 2011, los cuales ya fueron superados por los recursos asignados por el Gobierno nacional. Por tal motivo, para la Contraloría General, se debe realizar una evaluación de impacto de los recursos invertidos, que según cálculos al cierre de 2019, llega a los $96.6 billones.

Cálculos del organismo de control estiman que entre 2019 y 2021 se requerirán alrededor de $115,9 billones de pesos constantes de 2019, para ejecutar la política pública de víctimas y restitución de tierras. Este dato incluye el costeo de cuatro medidas de reparación para la población víctima pendiente de atención como lo son: indemnización administrativa y colectiva ($45,3 billones), vivienda ($18,2 billones), planes de reparación colectiva ($1,6 billones) y atención psicosocial ($1,4 billones).

Con base en este cálculo, el Gobierno Nacional necesitaría realizar un esfuerzo presupuestal anual, del orden de $38,6 billones para cumplir con lo requerido por la ley hasta 2021 y para 2019 se asignaron $14.9 billones, valor que es significativamente menor a lo requerido. En este sentido, el Contralor General de la República, recordó que “las víctimas representan los actores más importantes del posconflicto, pues encarnan el testimonio vivo de un país que ha sufrido con la violencia y porque merecen una atención integral del Estado”.

Por su parte, en la misma audiencia, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,  manifestó que a la fecha se han ejecutado $132,7 billones. Carrasquilla dijo que sin incluir los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) se han ejecutado $91,3 billones.

Y mientras no sean reparadas esas víctimas, las exigencias presupuestales van a seguir estando vigentes por lo cual no es deseable que se suspenda la declaración de la vigencia de la Ley”, dijo Carrasquilla. El funcionario señaló que existe una propuesta para ampliar la cobertura de la ley y cobije a 13 millones de personas. “Tenemos un estimativo que con base en los estudios que se han hecho si ampliamos el número de víctimas a 13 millones, la garantía de 10 años costaría $182 billones y la reparación total de las personas valdría $326,7 billones”, subrayó.

Nadie pone en duda que el Estado debe reparar, más si se trata de víctimas del conflicto armado que vivió el país, pero si sería bueno que nos quitáramos la ´careta´ de la hipocresía y se dé el debate en torno a este tema que ha tomado características de ser intocable, y cuando se toca los falsos precursores de la moral y el dolor ajeno salen a estigmatizar y declarar a quienes no piensa  igual objetivo de sus propósitos.

Solo para terminar una pregunta . ¿Hasta dónde aguanta el cántaro?.

Quisiéramos ver a los pontificadores de las finanzas públicas y tratadistas económicos hablar de ello como cuando se entusiasman y defienden a ultranza la subida de impuestos o la eliminación de exenciones sociales a los más necesitados.