Cesar enfrenta ‘urgencia manifiesta’ por desabastecimiento alimenticio

En El Cesar los centros penitenciarios tienen más de 2.784 reclusos que de no renovarse el contrato con Catalimentos se declararía emergencia humanitaria.

Los más de 2.784 internos que se encuentran en los centros de reclusión del departamento del Cesar estuvieron a punto de quedarse sin alimentación, luego de conocerse que el consorcio Catalimentos, responsable de la alimentación de penales del departamento, le notificó al Inpec que dejarían de operar desde el pasado domingo 13 de octubre.

“Bueno a nosotros en la mesa de seguimiento penitenciario nos garantizaron que no iba a haber ninguna clase de desabastecimiento, pese a que el convenio terminaba el domingo”, señaló Ciro Pérez, profesional delegado de la personaría en los asuntos penitenciarios y carcelarios.

El anuncio emitido a través de una carta oficial por parte de Catalimentos puso a tambalear a las directivas de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, quienes según lo conocido por este medio de comunicación fue notificado desde el pasado lunes 7 de octubre a las mesas de trabajo debido a la posible emergencia humanitaria que se presentaría no solo en el Cesar sino además en Magdalena y La Guajira.

Según lo relatado por el delegado de la Personería Municipal de Valledupar durante el transcurso del día de ayer no se emitió ninguna queja por parte de los establecimientos ubicados en toda el área urbana de la ciudad.

En la carta emitida por el consorcio, supuestamente, Catalimentos no tiene el dinero para continuar con el servicio de alimentación que presta a la población privada de la libertad en 19 cárceles, estaciones de Policía y centros de detención de estos tres departamentos del Caribe. Esto se da, por un lado, porque el número de personas privada de la libertad en estas cárceles ha crecido, respecto de la cifra sobre la que se negoció a comienzos del año. Pero también porque aseguran que la Uspec, en su totalidad, no ha pagado las sumas acordadas.

Según la misiva, le han insistido en reiteradas ocasiones a la Uspec la necesidad de hacer adiciones al contrato inicial y, además, sostienen que la entidad les debe más de $5.500 millones por los servicios prestados entre junio y octubre de este año. En la carta, firmada el pasado viernes 11 de octubre, Catalimentos añade que no han recibido respuesta alguna de la Uspec “a esta grave situación”, con lo cual cientos de personas se podrían ver afectadas.

Frente a esto, Pérez manifestó que, al parecer, la Uspec logró hacer la ampliación del contrato y servicios con Catalimentos. “Hasta el momento todo el reporte va bien y eso nos muestra que se dio solución con el consorcio”, sostuvo.

Asimismo, diario nacionales indicaron que la Uspec ya tiene todo listo para firmar un nuevo convenio con otra empresa. La entidad encargada de contratar la alimentación en todas las cárceles del país declaró una “urgencia manifiesta” en las cárceles de la región, ante la posibilidad de que cientos de personas privadas de la libertad se quedaran sin la alimentación a la que, por ley, tienen derecho. Esta figura le permitirá a la entidad contratar, de manera directa, al nuevo contratista. Así, no se va interrumpir el suministro de comida a los 19 centros de reclusión que hasta mañana atenderá Catalimentos.