Juez concedió casa por cárcel a anciana de 82 años condenada
Un juez revocó la medida de aseguramiento intramural a detención domiciliaria a María Daveiva Tafur Calderón, de 82 años, condenada a 7 años de prisión por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes, tras pretender ingresar droga a la ‘Tramacúa’.
El Juzgado Segundo De Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad, sustituyó la medida de aseguramiento en centro carcelario a detención domiciliaria a una anciana de 82 años, condenada a 7 años y 10 meses por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes
De acuerdo al órgano investigativo, la adulta mayor identificada como María Daveiva Tafur Calderón, pretendía ingresar cinco gramos de cocaína a la cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, sitio el que está recluido un nieto. El apoderado solicitó ante el tribunal la sustitución de medida argumentando la edad avanzada de la procesada más los quebrantos de salud que padece.
“Teniendo en cuenta las condiciones tan difíciles en que se encuentra la condenada en dicho centro carcelario. Es menester aclarar en el presente memorial que la honorable Corte Constitucional ha reiterado en múltiples sentencias la figura de la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. La legislación colombiana permite que cuando que cuando el condenado se encuentre atravesando una enfermedad grave y que su tratamiento resulte incompatible con las condiciones de reclusión en las que se encuentre en centro penitenciario, se autorice la remisión al lugar de residencia o a un determinado centro hospitalario, donde se continuará con la ejecución de la pena privativa de la libertad” fue apartes de la sustentación del abogado defensor, José Díaz Cujia.
La adulta mayor fue capturada el 11 de marzo de 2018, cuando se disponía a ejercer su derecho al voto para las elecciones de Congreso. Es de anotar que la reclusa en meses anteriores iba a ser recluida a otro centro penitenciario del país, debido al hacinamiento existente en la cárcel Judicial, pero a raíz de una petición por parte la Defensoría del Pueblo se frenó el traslado.