‘Redada de la Procuraduría llegó a Bolívar’
Fernando Carrillo, procurador general de la Nación.
Las decisiones disciplinarias tomadas por la Procuraduría en el departamento de Bolívar y que se registraron este viernes vinculan a gerentes, exalcaldes y exsecratarías.
La primera se presentó contra el antiguo gerente de Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., Miguel Torres Scaff, el subdirector Anastasio Marrugo García, y César Álvarez Hadechiny, por presuntos actos de corrupción en contratación.
Con esta investigación, el órgano de control busca establecer la existencia de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos para la construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de Carmen de Bolívar, que atentan contra los principios de contratación estatal, y generan un posible detrimento patrimonial.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular, y el perjuicio causado a la administración pública.
SANCIÓN A LA EDUCACIÓN
Por otro lado, el Ministerio Público suspendió por cuatro meses del cargo a la exsecretaria de Educación de Cartagena, Clara Inés Sagré Hernández (octubre – diciembre 2015), por irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), durante el año 2015.
Por los mismos hechos fue sancionada con suspensión del cargo por tres meses la exsupervisora del contrato, Mayiris Gómez Ballestas.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Cartagena estableció que las raciones entregadas a los alumnos por parte del contratista no cumplían con el peso mínimo exigido por el Ministerio de Educación Nacional, irregularidad frente a la cual las exfuncionarias no ejercieron la vigilancia y control que les correspondían.
Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la falta de Sagré Hernández como una falta grave con culpa grave, mientras que la conducta de Mayiris Gómez fue calificada como gravísima con culpa grave.
INHABILIDAD EN TURBACO
Otra decisión del Ministerio Público relaciona al exalcalde de Turbaco (Bolívar) Myron Martínez Ramos (2012 – 2015), quien fue inhabilitado a 12 años, por irregularidades en la firma y ejecución de un contrato de interventoría de obras públicas.
Por los mismos hechos también fueron sancionados los exsecretarios de Planeación, Abraham Faruk Sabagh Torres y Yorledis Marrugo Ballestas, afectados con suspensión de seis y ocho meses, respectivamente.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Cartagena estableció que la interventoría fue ejecutada por una persona diferente a la que firmó la propuesta, las actas y demás documentos legales, sin que la administración municipal se percatara de esa situación.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, el exalcalde Martínez Ramos firmó los documentos para iniciar la interventoría, sin identificar plenamente al contratista que los debía ejecutar.
Las obras objeto del contrato de interventoría consistían en la pavimentación de una vía del municipio, trabajos que fueron suspendidos por demoras en su ejecución.
Por esos hechos la Procuraduría calificó la conducta de Martínez Ramos como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, y la de los exsecretarios de Planeación como una falta grave con culpa gravísima.