Diario del Cesar
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Fiscalía llama a nueva imputación de cargos al empresario Carlos Mattos

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Una nueva imputación de cargos realizará la Fiscalía en contra del empresario cesarense Carlos Mattos, a quien le siguen el rastro por amañar un proceso judicial a su favor y evitar que la empresa promotora de vehículos con sede en Corea le quite la representación en el territorio nacional.

La diligencia está programada para el próximo martes 12 de febrero en el Complejo Judicial de Paloquemao. Lo que advierte la Fiscalía, es que Mattos no solo habría amañado el proceso a su acomodo con un el Juez Sexto, que hoy está en prisión sino con otra funcionaria de la rama, la Juez 16 Civil Municipal, Ligia Hernández.

“Los investigadores fueron informados por algunas personas que en el marco de un proceso civil que cursaba en el juzgado 16 civil municipal de Bogotá, Mattos habría dispuesto el pago de una suma de dinero a una juez de la República”, dice la Fiscalía.

De acuerdo con la Fiscalía, Mattos habría cancelado más de 100 millones de pesos. Uno de los pagos se habría efectuado directamente por el empresario, con el apoyo de Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito y quien conocía a la juez 16 civil municipal a quien también le habrían girado una cuantiosa suma.

Por estos hechos, la juez aceptó su responsabilidad el pasado 16 de enero, momento en el que se le imputó cargos y le dictaron medida de aseguramiento.

El pasado 19 de diciembre de 2018 la Fiscalía General de la Nación radicó en el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, solicitud de audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Ligia Hernández, juez 16 civil municipal de Bogotá, y el empresario Carlos Mattos.

Dichas audiencias se solicitaron como resultado de una investigación complementaria en el denominado “caso Hyundai”, en el cual la Fiscalía pudo establecer que, además de los ilícitos relacionados con la manipulación del reparto y el presunto pago al juez sexto civil de circuito de Bogotá -que son de amplio conocimiento-, se habría efectuado un segundo pago a servidor de la justicia, a propósito una decisión judicial que favorecía los intereses del círculo empresarial de Carlos Mattos, en sus diferencias contra el Grupo Eljuri de Ecuador, relacionada con la distribución en Colombia de vehículo de la marca Hyundai.

Los investigadores fueron informados por algunas personas que en el marco de un proceso civil que cursaba en el juzgado 16 civil municipal de Bogotá, Mattos habría dispuesto el pago de una suma de dinero a una juez de la República.

Según las evidencias recaudadas, para el efecto se habría cancelado más de cien millones de pesos. Uno de los pagos se habría efectuado directamente por el empresario, con el concurso del señor Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito y quien conocía a la juez 16 civil municipal. Su participación en estos hechos fue aceptada por el señor Rodríguez Niño, en diligencia de imputación efectuada el 4 de octubre de 2018, ante el juez 63 penal municipal con función de control de garantías.

Adicionalmente la juez 16 civil municipal también aceptó la imputación de cohecho impropio formulada por la Fiscalía el pasado 16 de enero de 2019, diligencia que se cumplió ante el juzgado 77 penal municipal, con función de control de garantías.

¿CÓMO ES EL CASO MATTOS?

En septiembre de 2015 Hyundai Motor Company de Corea, le anunció a Hyundai Colombia Automotriz (cuyo presidente era Carlos Mattos), que después de 25 años de relaciones comerciales, no renovaría su contrato para la venta de carros en Colombia.

A cambio, Hyundai Motor Company le dio la representación de la marca en el país a la empresa Neocorp, del grupo ecuatoriano Eljuri.

En febrero de 2016, Carlos Mattos demandó por más de 770 mil millones de pesos argumentando competencia desleal, inducción a ruptura del contrato y por el uso indebido de la marca Hyundai en Colombia.

Mattos acudió a la justicia colombiana para que los carros Hyundai solo pudieran venderse a través de su compañía.

Tres meses después, en abril de 2016, el juez sexto civil del circuito Reinaldo Huertas estableció que Mattos era el único autorizado en Colombia para hacer negocios con Hyundai Motor Company hasta que se resolviera la demanda.

Como consecuencia, más de 20 mil automóviles Hyundai se dejaron de comercializar porque Neocorp no podía hacerlo. Solo se vendían los carros que estaban en el inventario de los concesionarios.

En noviembre de 2016 Mattos y Neocorp firmaron un acuerdo en el que se estableció que Neocorp sería el encargado de la distribución de Hyundai para Colombia, y a Mattos le dieron una indemnización.

En enero de 2018 la Fiscalía anunció la investigación por la presunta manipulación al sistema de reparto de procesos. Esto se habría hecho con el fin de que la demanda presentada por Mattos en el 2016, llegara a un despacho específico.

ESTOS SON LOS NUEVE IMPLICADOS

Carlos Mattos, presidente de Hyundai en Colombia.

Reinaldo Huertas: Juez sexto civil del circuito. El funcionario habría recibido 73 millones de pesos para fallar la demanda interpuesta por Mattos contra Hyundai Corea. Huertas fue capturado este miércoles en su despacho en Bogotá y deberá responder por los delitos de utilización ilícita de redes informáticas, acceso abusivo a sistema informático, daño informático agravado y cohecho impropio.

Luis David Durán Acuña: Abogado de confianza de Mattos. Habría sido el enlace entre él y los manipuladores del sistema de reparto. Un juez lo envió a la cárcel de La Modelo el pasado miércoles.

Dagoberto Rodríguez Niño: Es el oficial mayor del juzgado Sexo Civil del circuito. Este funcionario estaría implicado en la manipulación del reparto de la demanda de Mattos. Según se conoció en la audiencia de imputación de cargos contra Reinaldo Huertas, habría sido parte del acuerdo de pago de hasta 2.000 millones de pesos por parte de Carlos Mattos y su abogado.

Edwin Fabián Macías Castañeda: Exempleado judicial. Presuntamente habría recibido dinero por parte del abogado de Mattos y habría sido el encargado de distribuirlo entre los demás implicados.

Edwin Enrique Angulo Martínez: Ingeniero parte del Grupo de soporte tecnológico de la seccional de administración Judicial. Habría sido quien contactó a distintos contratistas y les habría exigido dinero a cambio de incidir en el reparto de procesos a los diferentes despachos judiciales.

Ramón Orlando Ramírez Fuentes, Carlos Arturo Gómez, Wilmer Andrey Patiño Rodríguez y Wilmer Casas Mendoza: Son funcionarios judiciales a quienes les imputaron cargos por la manipulación del sistema de reparto.

LA HISTORIA DE MATTOS

Carlos Mattos Barrero pasó de las páginas sociales de los medios de comunicación en Colombia a las de noticias judiciales como un perseguido por la justicia, que hoy lo requiere para que responda por un intento de manipulación de reparto en los juzgados de Bogotá por lograr favorecimiento para su empresa, concesionaria durante 25 años de la Hyundai Motor Company de Corea, así como haber incurrido en los delitos de cohecho y acceso abusivo al sistema informático, daño informático y utilización ilícita de redes de comunicaciones.

Hoy Mattos Barrero, después de haber sido anfitrión de la realeza y la alta sociedad española, se encuentra  recluido en Madrid y sus abogados aducen que por problemas de salud no puede viajar a Bogotá a responder al llamado de los jueces.

Su espléndida riqueza y la vida de opulencia de la que gozaba, fueron dadas a conocer en 2011 a través de un programa de televisión que se emitió en España, pero nunca en Colombia,  “21 días de vida de lujo”, en él se daba cuenta de propiedades en la isla de Barú, Cartagena, Barranquilla, Bogotá y aparentemente también en Madrid, España, así como de un jet privado dotado de toda clase de lujos como apliques de oro macizo y sanitarios forrados en cuero, que inspiraron columnas y comentarios en medios de comunicación colombianos y que suscitaron demandas de parte de Mattos, de la misma forma como lo había hecho contra la productora española.

EL DESPLOME

La Hyundai Motor Company de Corea, en septiembre de 2015, le comunicó a Carlos Mattos que no renovaría su contrato para la venta de carros en Colombia y le otorgó la representación de la marca en el país a Neocorp, del grupo ecuatoriano Eljuri.

La reacción de Mattos fue una demanda en febrero de 2016 por más de 770.000 millones de pesos argumentando competencia desleal, inducción a ruptura del contrato y por el uso indebido de la marca Hyundai en Colombia y solicitó a la justicia colombiana que se pronunciara para que los carros Hyundai solo se comercializaran a través de sus concesionarios.

Para lograr su cometido, según indagaciones del CTI de la Fiscalía, hacia el 29 de febrero de ese mismo año se iniciaron maniobras ilegales para favorecer a Carlos Mattos, a través de funcionarios del área de sistemas de la Rama Judicial en Bogotá. Según dice la Fiscalía, lo hicieron para que manipularan el sistema de reparto para que la demanda que llevaba en sus manos el estudiante de derecho Edwin Fabián Macías, hoy capturado, fuera asignada al Juzgado Sexto Civil de la capital del país.

El fallo que le dio ´oxígeno´

El Juez 47 penal del circuito de Bogotá anuló la orden de captura contra el empresario Carlos Mattos, procesado por caso Hyundai y con ello el cesarese volvió a tomar oxígeno.

El empresario Mattos es señalado por la Fiscalía de sobornar a funcionarios judiciales para ganar una millonaria demanda contra la empresa coreana.

El juez basó su decisión en que, en el momento en que se emitió la orden de captura se violó el debido proceso, ya que al parecer no se conocieron primero las pruebas que debía presentar la Fiscalía y la defensa, y que reposan en el expediente.

El señor Mattos, quien se encuentra en España, fue declarado en contumacia dado que no se ha presentado ante las autoridades colombianas.

Bajo esa figura, en octubre pasado se le imputaron cuatro delitos: cohecho por dar u ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.

Las autoridades colombianas le pidieron a España su extradición y emitieron una orden de captura internacional, con la que podría ser detenido en cualquiera de los 150 países asociados a la Interpol. Sin embargo, esa orden de captura queda sin efecto.