Exempleados de Cootraupar realizaron mitin en la empresa

POR:
EDUARDO
MOSCOTE SIERRA

Los problemas entre Cootraupar y trabajadores no terminan.  Un nuevo mitin adelantaron cerca de 40 exempleados de la empresa para exigir el pago de la liquidación luego de que recibieran un ‘despido injustificado’ efectuado hace 60 días.  La deuda estaría en 120 millones de pesos.

Según Larry Sánchez, presidente del sindicato Sintranscol, estarían solicitando la cancelación de prestaciones sociales entre el 2018 y 2019, cerca de $3.000.000 por empleado; también habrían apelado por que se cumpla el acuerdo que cobija a 20 conductores que continúan activos en TransVupar, empresa que tomó las riendas de Cootraupar.

Los despedidos estarían peleando por el cumplimiento del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo que, aunque no establece un plazo para que el empleador cancele al trabajador el valor correspondiente a la liquidación definitiva de prestaciones sociales cualquiera que sea la causal de terminación de la vinculación contractual, en los numerales 1 y 2 se plasman algunos parámetros.

“Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la Ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta veinticuatro (24) meses o hasta cuando se verifique el pago si el período es menor.”

Por tal motivo han adelantado demandas ante los entes municipales y laborales para reclamar los dineros adeudados por seguridad social.

“Hay empleados que no han podido cambiar su salud de régimen contributivo a subsidiado porque Cootraupar no los ha desafiliado, hace creer que sigue pagando salud.  Mi esposa tiene un embarazo de alto riesgo y no ha sido atendida por el mismo problema (…) nos dicen que hay un contrato de excepción que muestra que TransVupar actualmente maneja Cootraupar resguardando su fachada de empresa quebrada”, comentó Sánchez.

Según el líder sindical la solución llegaría cuando la empresa que tienen la rienda de la unidad de transporte finalice el contrato, aunque sostiene Larry Sánchez que el único fin era acabar con el sindicato.

OTROS AFECTADOS

Nicolás Acosta fue uno de los conductores despedidos el pasado primero de agosto.  Reclamó el día de ayer, durante la protesta, la suma de $3.800.000 que le adeuda Cootraupar.

Perjudicado, así se define luego de la situación, pues era el único sustento que le permitía llevar diariamente la comida a casa, pagar arriendo y solventar los gastos universitarios de su hijo.  “Prácticamente nos bajaron de los carros, pero sin darnos lo que nos corresponde”.

Mientras tanto, Lino Tobías Rodríguez, explicó que su plan ‘B’ consistió en alquilar una moto y dedicarse al mototaxismo, la única manera que ha encontrado para subsistir; sostiene que además del dinero, Cootraupar habría entregado una lista de los despedidos a diferentes empresas de transporte para evitar adquieran otro escenario laboral.

“El Ministerio de Trabajo no se ha querido pronunciar”, acota, al tiempo en que indica que a su deuda de $3.000.000 se le debe de sumar dotaciones y otros aranceles económicos.

LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Aunque DIARIO DEL CESAR trató de comunicarse con el gerente (e) de CootrauparLtda, José Joaquín Galvis, fue imposible establecer contacto con el funcionario.

No obstante, Delwin Jiménez, delegado del Ministerio del Trabajo Territorial Cesar, subrayó que hasta la fecha no existe una queja radicada en la oficina sobre el no pago de liquidaciones; tampoco habrían reportado la vía de hecho para realizar acompañamiento desde la institución.

Aunque la respuesta ante la situación es generar una sanción contra la empresa, afirmó Jiménez, no garantiza la cancelación de los dineros, pues la empresa podría seguir incumpliendo lo acordado.

“Nosotros no tenemos ni podemos obligarlos al pago, en meses anteriores sí emitimos sanciones a Cootraupar por incumplimientos laborales, habíamos suspendido el proceso por posibles acuerdos entre las parte; no se dieron, y continuamos con la ordenanza.   Podemos actuar en base a las querellas y estamos esperando las notifiquen”, dijo Jiménez.