Anuladas 31.924 cédulas inscritas en Cesar
En rueda de prensa el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados junto a representantes de la Procuraduría, Registraduría y Fiscalía.
POR:
NINOSKA
REYES URDANETA
En una rueda de prensa realizada en presencia de representantes de la Procuraduría, Registraduría Nacional del Estado Civil y Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral anunció que fueron anuladas a nivel nacional 915.853 inscripciones de cédulas de ciudadanos para el proceso electoral del próximo 27 de octubre.
El departamento con mayor número de inscripciones retiradas fue Antioquia, con 133.784. Y Atlántico fue el segundo con 125.208. En el Caribe le sigue La Guajira, con 35.231; Cesar, con 31.924; Magdalena, con 27.905; Bolívar, con 18.416; Córdoba, con 17.709; Sucre, con 7.954 y San Andrés, con 466, según lo anunció Hernán Penagos, presidente del CNE.
Esto indica que los departamentos con más inscripciones irregulares son: Antioquia, Atlántico, Santander, Tolima, Norte de Santander y Huila.
Además, señaló que esas cédulas cuyas inscripciones fueron anuladas se van a publicar en la web y van a recibir mensajes de texto, para que puedan apelar los ciudadanos con los que se haya cometido un error, quienes tendrán cinco días hábiles para interponer el recurso.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, denunció que existe alto riesgo de trashumancia electoral en el país, y solicitó al Consejo Nacional Electoral dejar sin efecto la inscripción de cédulas que estuvieran inmersas en irregularidades.
Por su parte, el jefe del Ministerio Público le solicitó al Consejo Nacional Electoral adelantar las actuaciones administrativas por la presunta trasgresión del artículo 316 de la Constitución Política, que establece que “en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.
El presidente del CNE, Hernán Penagos, dijo que de esas 915 mil inscripciones, el 90% son trashumantes, y quiénes no lo sean y puedan probar su residencia, el CNE corregirá. Es importante que quienes no sean trashumantes y aparezcan en este listado, hagan llegar su información con prontitud al CNE para volver a meterlos en el censo electoral.
“Dejar sin efecto las cédulas en cuestión no quiere decir que los colombianos no podrán votar. Lo que quiere decir esto es deben votar donde lo hicieron en las últimas elecciones”, explicó Penagos Giraldo.
Esos registros están relacionados con personas cuya última inscripción electoral no coincide con la información sobre su residencia que se deriva de su inclusión en distintas bases de datos, como los de seguridad social, riesgos profesionales, o programas de beneficios adelantados por las administraciones territoriales o Prosperidad Social, entre otros.
“Esa decisión de anular las inscripciones (…) obedece a varios criterios: a un número muy importante de cerca de 55 mil visitas de campo que los señores magistrados del CNE ordenaron en todo el territorio nacional”, dijo Penagos.
Otro de los aspectos que resaltó el presidente del CNE, es que hasta la fecha solo el 2,6% de candidatos han reportados sus ingresos y gastos al aplicativo de Cuentas Claras, es decir, de 117.768 aspirantes solo 3.125 han cumplido con la obligación.
También se informó en el reporte que al día de hoy se han revocado 1.397 candidatos a corporaciones públicas.
El vicefiscal, Jaime Camacho Flórez, anunció que la Fiscalía estará detrás de las organizaciones políticas o criminales que sistemáticamente estén dedicadas a la trashumanciade votos, para garantizar unas elecciones transparentes.
En caso de que se confirme la trashumancia, el hecho será remitido a la Fiscalía General de la Nación que iniciará las respectivas investigaciones para determinar si se configuran los delitos de inscripción irregular de cédulas o falso testimonio.
LA MOE TAMBIÉN ADVIERTE
La Misión de Observación Electoral (MOE) recientemente hizo una nueva advertencia sobre los municipios con la tasa de inscripción de cédulas tres veces mayor al promedio nacional, destacándose en el departamento del Cesar los municipios de El Copey y La Jagua de Ibirico.
En tal sentido, informaron que de acuerdo a los datos del DANE en El Copey hay una población de 26.905, hay 5.2914 inscritos con una tasa total de 196.7, siendo la proporción de inscritos sobre el censo electoral de 2018 de 22.887. La diferencia del censo poblacional Vs. El censo electoral de 2018 es de 4.018.
En La Jagua de Ibirico hay 22.405 habitantes, inscritos 4.373 para una tasa total de 195.2. La proporción de inscritos sobre el censo electoral 2018 es de 27.007 y la diferencia del censo poblacional Vs. El electoral del año pasado es de -4.602.
La MOE solicita a las autoridades electorales actuar para prevenir el trasteo de votos en el venidero proceso comicial.
De esta manera, según Penagos, los departamentos con más inscripciones aparentemente irregulares fueron Antioquia (133.784), Atlántico (135.208), Santander (91.360) y Huila (51.964). San Andrés fue el lugar donde menos se anularon, seguido de Guainía y Amazonas.
No obstante, el presidente del CNE aclaró que la anulación de inscripciones de cédulas no significa que los ciudadanos no podrán acudir a las urnas. Deberán hacerlo en el último lugar donde votaron, pero si se comprueba que en efecto cambiaron de residencia serán nuevamente incorporados al censo electoral.
“Estas cédulas que se dejan sin efecto es posible que correspondan a figuras públicas. Si llega a ocurrir esto, los ciudadanos tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas para ser reincorporados al censo. Es mejor pecar por exceso y no por defecto, es preferible reincorporar a 5000 ciudadanos que permitir que estructuras criminales incidan en los resultados electorales”, aseguró el presidente del CNE.
La autoridad electoral volvió a llamar la atención sobre el hecho de que sólo el 2,6 % de candidatos han reportado sus ingresos y gastos al aplicativo de ‘Cuentas Claras’, lo que significa que de un total de 117.768 aspirantes a cargos de elección popular, solo 3125 han cumplido con la obligación.
Por su parte, el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, señaló que desde enero de 2019 se inició con el cruce de bases de datos con el CNE, para poder avanzar en detectar posibles riesgos de trashumancia. Agregó que apoyará a la autoridad electoral con el fin de agilizar la notificación de los ciudadanos a los que se les anuló la inscripción de manera preventiva, a quienes les pidió hacer las verificaciones correspondientes.
El vicefiscal Jaime Camacho, añadió que esto no significa que las personas a las que se les anularon las inscripciones estén cometiendo un delito, porque para determinar esto se debe hacer una investigación más exhaustiva, sin embargo, advirtió que la Fiscalía estará detrás de las organizaciones políticas o criminales que sistemáticamente están dedicadas a la trashumancia electoral.
“Las cifras que nos reportan no son casuales ni son de unos pocos ciudadanos que quieren votar en un lugar distinto al que les corresponde. Hay estructuras detrás y detrás de ella va a estar la Fiscalía”, sostuvo.
Camacho señaló que el fraude en la inscripción de cédula tiene una sanción que va entre 48 y 147 meses de prisión, pero que está conducta podría agravarse si hay participación de servidores públicos.
Esta decisión del CNE se hizo con la coordinación conjunta de la Registraduría, la Procuraduría y la Fiscalía.