Actividad minera en el Perijá, ‘arma mortal’ contra Yukpas

Por: Eduardo Moscote Sierra

Luego de varias disputas y tutelas, el Tribunal Administrativo del Cesar suspendió las actividades mineras ejecutadas por las empresas Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, cerca de la Serranía del Perijá, en área limítrofe entre los departamentos de Cesar y La Guajira.

Las peticiones de la comunidad indígena indicaban invasión al terreno ancestral, vulneración de sus estamentos sagrados y la no participación ante las futuras aprobaciones de excavaciones de hidrocarburos.

El fallo destacó en el documento que existiría un “traslape entre las zonas en las cuales se pretende llevar a cabo el proyecto minero y la expectativa del territorio ancestral yukpa”.  Una respuesta que contrasta  con las posturas presentadas en ese momento por las empresas que adelantarían el proyecto denominado Disposición de Material Estéril.

En ese momento, las instituciones mineras habrían notificado que no se habían identificado presencia de grupos étnicos y que “la existencia de una comunidad indígena no depende de su aparición o no en bases de datos estatales”.

HABLA LÍDER YUKPA

Luz Mery Ortiz, vocera de la etnia yukpa, dice que el desarrollo de las explotaciones de esta material origina graves afectaciones en la salud en los miembros de la comunidad yukpa, indicando que varios niños y menores de edad han muerto por consumir agua contaminada, arma mortal para esta población con ‘bajas defensas’.

Y dice: “La minería está dañando nuestros cultivos, nuestros afluentes porque los contaminan y los van secando, está deteriorando  todoa la naturaleza, (fauna y flora) que se han ido desapareciendo (…) nuestra alimentación también está dañada, ya no podemos cultivar como lo hacíamos años atrás”.

Por su parte, Eduar Álvarez, asesor de Territorios Indígenas, indicó que la población indígena extendida entre el municipio de Manaure hasta Curumaní y desde la cuenca del río Cesar hasta las altas montaña; por su condición de nómadas y seminómadas han ido disminuyendo desde que apareció el conflicto en el Cesar, hecho que hizo se desplazaran hasta las partes más alta de la Serranía del Perijá dándole vía libre a los proyectos minero energéticos.

Sobre esto, Álvarez, recordó que existe una Norma que establece que las zonas de reservas forestales que se trasladen acompañados de los pueblos indígenas, son de uso exclusivo de esta población, por lo que las autorizaciones de las excavaciones del mineral habría obedecido a una desapropiación técnica del territorio ancestral.

“Nosotros instauramos una primera acción de tutela que es la sentencia T713 del 2017, ahí la Corte Constitucional obligó al Estado  a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) delimitar y ampliar el territorio ancestral en el término de un año, esta fecha se cumplió el 7 de diciembre del 2018.  A más  de nueve meses de haberse terminado la ANT no ha comprado ni un solo predio ni ha iniciado el proceso de delimitación ancestral”.

Así las cosas, la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar fue de suspender los proyectos mineros hasta legalizarse la titulación de tierras a indígenas yukpas.  Además, invitó al Ministerio del Interior llevar a cabo una consulta previa una vez las tierras estén a nombre de los pueblos y concertar sobre el adelanto de otros permisos de la actividad minera.

Por su parte, el órgano institucional ordenó al Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería abstenerse de autorizar cualquier desarrollo minero en esta zona del Cesar.