A 46 días del debate electoral en el que los colombianos elegirán a sus autoridades locales y regionales, el panorama electoral está enrarecido.
Diríamos que en esta ocasión a diferencia de las anteriores, algo muy grave se cierne sobre la democracia y es hora en que las autoridades, pero especialmente el Estado adopte las medidas conducentes a que tengamos un proceso eleccionario pasado por sangre.
También es cierto que los colombianos vivimos una democracia caníbal. Un país donde no hay cultura política; donde la confrontación de las ideas y propuestas van más allá de lo que debiera ser un sano debate en el que los electores pensaran y decidieran por cual propuesta votar. Pero no. Aquí se cree que entre más ofensas, calumnias e injurias, vulgaridades, mentiras y cualquier otra barbaridad se digan, mas se consiguen votos. Y agreguémosle la novedad de las ´alcantarillas´, poro donde no corren opiniones serias, controversias sanas, sino pura materia fecal, porque en eso están terminando lo que llaman redes sociales. Todo lo anterior nos hace una sociedad inviable, una sociedad carvernícola, que no aprende, ni aprenderá a juzgar por el ejercicio que se repite cada cuatro años y del que no somos capaces de aprender.
Lo que hoy vemos por delante son auténticas empresas electorales algunas de ellas perfeccionadas de tal manera, que se debiera centrar la atención en lo que viene haciendo porque mañana será demasiado tarde.
La semana anterior, el procurador General, Fernando Carrillo Flórez, hizo una fuerte advertencia a los aspirantes a alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y juntas administradoras locales, que se elegirán el próximo 27 de octubre: ningún candidato podrá utilizar la situación de los migrantes venezolanos como tema de campaña ni plataforma electoral, y anunció que habrá investigaciones para “quienes acudan a esta práctica tan baja”.
El pronunciamiento del Procurador tiene lugar después de conocerse que candidatos han utilizado el drama migratorio venezolano para llamar la atención sobre sus aspiraciones. En opinión del Procurador, este tipo de mensajes utiliza un recurso que no es legítimo y que acude al odio como estrategia de campaña.
Hay que aclarar que no puede existir ninguna propuesta política en este sentido, ni a nivel local ni a nivel departamental, por cuanto el tema del control migratorio corresponde al Gobierno Nacional, de forma tal que no hay lugar a iniciativas migratorias del orden departamental ni en lo local
La situación de la migración venezolana no es un juego. La dignidad humana debe estar por encima de las pretensiones electorales. Rechazamos todos los actos de discriminación y estigmatización contra la población venezolana. El llamado es a construir con propuestas reales y que partan de los mínimos principios de humanidad.
Ahora bien. En esta campaña electoral ya van asesinados tres candidatos a alcaldías y cuatro a concejos y hay un alto número de candidatos amenazados. El país no se ha repuesto todavía del asesinato de Karina García, candidata del Partido Liberal a la alcaldía de Suárez (Cauca) y de varias personas más y anteayer, en un acto proselitista, Orley García, candidato a la alcaldía de Toledo (Antioquia) por el Centro Democrático, perdió violentamente la vida al recibir varios disparos de arma de fuego.
Ante tantos hechos de sangre las autoridades llaman la atención sobre el actuar de organizaciones armadas ilegales al servicio del narcotráfico, del contrabando, de la minería ilegal y de sectores que buscan apropiarse de la contratación pública a nivel municipal y departamental.
¿Qué pone en evidencia ello? Las ansias de grupos ilegales, de mafias y de otros actores violentos de controlar alcaldías, concejos municipales, asambleas y gobernaciones para tener presencia y poder territorial. Ante ese desafío las instituciones legítimas de nuestro Estado deben lograr impedir que ello ocurra.