Condenan al estado por muerte de menor
Felipe*, en marzo de 1998, encontró la muerte cuando jugaba con su hermano Carlos* en el patio de la granja de su padre en Sabanalarga, Atlántico. Los menores, que no tenían más de 10 años, encontraron una granada de fusil que estalló cuando la manipulaban.
Juan, padre de los menores, tras la explosión los halló malheridos, y junto con trabajadores de la granja los llevaron a un centro asistencial. Felipe no corrió con suerte y falleció en el camino. Carlos, por su parte, fue atendido pero el estallido le dejó grandes secuelas.
En el momento su testimonio a las autoridades para esclarecer los hechos, Juan relató que tiempo atrás del accidente una patrulla militar, al parecer, perteneciente a la Segunda Brigada del Ejército había realizado ejercicios militares en el predio.
Con esta declaración, Juan decidió emprender una acción legal en febrero de 2001 con el fin que el Estado en cabeza del Ministerio de Defensa y el Ejército reparen su familia por la perdida de uno de sus hijos y la lesión de otro más.
En ese entonces, los familiares responsabilizaron al Ejército porque la explosión se originó con una “granada de fusil de las que comúnmente utiliza el Ejército”.
En una primera ocasión el Ejército contestó la acción legal expresando que los demandantes, padres de Felipe y Carlos, no probaron que el artefacto explosivo que causó el daño perteneciera a la institución.
Igualmente, añadieron que si bien unos uniformados habían efectuado prácticas en el sitio de los hechos, dejaron de hacerlo dos años antes del suceso, sin que se presentara accidente alguno en ese lapso.
El proceso judicial y los argumentos de las partes pasaron por todas las etapas procesales hasta que llegaron al Consejo de Estado.
El alto tribunal estimó que “pretender que la parte actora (demandantes) demuestre la adquisición de un determinado explosivo o su uso, por parte de la institución castrense, conlleva a imposición de una carga que desborda su deber de probar los hechos que fundamentan sus pretensiones”.
La Corporación estableció que la investigación sobre la fabricación, obtención, asignación y uso de armas privativas de las fuerzas armadas no puede correr por cuenta de las víctimas, y menos aún, cuando las autoridades no investigaron los sucesos en los que murió Felipe.
La Sala añadió que, dado que las tropas permanecieron en el terreno en que los menores hallaron la granada y realizaron allí ejercicios militares en los que utilizaron explosivos, pesaba sobre ellas la obligación de revisar la zona en la que operaron, pues la normatividad internacional impone la obligación de limpieza del área a la parte que tiene el control del territorio.
Por estos hechos, el alto tribunal decidió condenar al Estado por más de 100 millones de pesos.
BOGOTÁ (Colprensa).