No hay voluntad política
Es claro que al Congreso de la República y por lo general a los gobiernos de turno les hacen falta ganas y voluntad política para enfrentar el monstruo de la corrupción. Hace poco se cumplió un año desde que 11 millones 671 mil 420 colombianos votaron la consulta anticorrupción, un resultado que, si bien estuvo por debajo del umbral necesario para hacer obligatorio en el congreso el trámite de las iniciativas que se proponían, llevó al naciente gobierno de Iván Duque a convocar una reunión en la Casa de Nariño con todas las fuerzas políticas con representación en el legislativo, incluyendo el partido Farc, para que se hiciera un acuerdo que, según lo anunció el mismo presidente, cumpliría la voluntad de esa gran cantidad de colombianos que con claridad meridiana se habían expresado en contra de las malas prácticas en el Estado.
El presidente en ese entonces dio una señal muy esperanzadora la noche del 29 de agosto de 2018, solo tres días después de votada la consulta, con esa convergencia política, sin discriminación ideológica de ninguna clase y la determinación que se expresó de parte de todos los asistentes, de respetar la masiva votación de los colombianos y tramitar de manera rápida y transparente tantos proyectos de Ley como preguntas se hicieron a los sufragantes para que de esta forma el congreso cumpliera la voluntad popular que se había quedado a menos de 500 mil votos del resultado necesario para la aprobación, sobre una votación cercana a los 12 millones.
Pero, transcurrido un año tenemos que reconocer que lo que sucedió en la reunión de aquella noche no se cumplió. Los proyectos se presentaron, pero fueron quedándose olvidados o enredados en los vericuetos legislativos. Por ejemplo, una de las iniciativas que más sensibilizó a los votantes de la consulta, la reforma constitucional que congelaba el salario de los altos funcionarios del Estado, incluidos los congresistas, fue el primero que se hundió.
Hoy caminan penosamente en su largo recorrido hacia la aprobación final, proyectos como el que prohíbe la casa por cárcel para los corruptos; el establecimientos de pliegos tipo para la contratación pública, después de aprobarse en tres de cuatro debates, se ha señalado como viciado por la inclusión de varios micos, lo que complica seriamente su exitoso trámite; el llamado proyecto de publicación de la declaración de renta, bienes y conflictos de interés ha superado la mitad de los debates, pero tiene pronóstico reservado en este momento, según los analistas, mientras que el proyecto de discusión de presupuestos con participación ciudadana, ni siquiera ha comenzado a discutirse, lo mismo que el que debería poner límite a períodos en corporaciones públicas. Finalmente, el de rendición de cuentas de los congresistas es el único proyecto aprobado hasta el momento. Un magro resultado es el que presentan hoy el ejecutivo y el legislativo para responder a una ciudadanía que por todos los medios ha hecho sentir su exigencia de acabar con la corrupción.
Por eso se insiste desde todos los ámbitos que este tema de combatir la corrupción también merece un capítulo aparte en la futura Constituyente la cual de paso vuelve ambientarse ante el cúmulo de reformas urgentes que necesita el país.
Pero debe ser el mandato ciudadano el que finalmente obligue a los tres poderes públicos a hacer realidad tal convocatoria para que de una vez por todas Colombia pueda enfrentar y hacer las reformas que la sociedad clama a gritos. El tiempo pasa y es nuestro mayor enemigo. Continuar indiferente nos provocará un daño mayor.