Diario del Cesar
Defiende la región

La No intervención y autodeterminación de los pueblos

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El principio de no intervención debe interpretarse como la obligación de los Estados de abstenerse de intervenir en los asuntos internos de los demás Estados, porque ello va de la mano con el principio de soberanía de las naciones, este no es un concepto nuevo del Derecho Internacional Público, pues desde el siglo XIV, ya se hablaba del derecho de los pueblos a escoger su propio gobierno y a elegir su propio destino, esto último como expresión del principio de autodeterminación de los pueblos.

En nuestra América ese principio ha tenido un amplio desarrollo, curiosamente en 1823, se expuso como lo que luego se conoce como la doctrina Monroe, que inicialmente fue la advertencia que hiciera James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos a las potencias europeas para que se abstuvieran de intervenir en los asuntos internos de los países de América y más concretamente en las guerras del continente, inmortalizando su doctrina con la frase “América para los Americanos”, que luego se convirtió en el eje fundamental de la política exterior de Norteamérica al considerar y tratar a los demás países de América como sus súbditos hasta el día de hoy y lo peor es que muchos países incluido el nuestro así lo asumen.

El principio de no intervención forma parte del compendio de normas internacionales que regulan la materia en el Derecho Internacional Público, se insertó por primera vez en la resolución del 1 de octubre de 1936, aprobada por la Asamblea de la Liga de las Naciones, que su artículo 15 dispuso “Todo Estado tiene el deber de abstenerse de cualquier intervención en la vida política de un Estado extranjero”, posteriormente en 1945, se suscribió la Carta de la ONU, incorporándose en su artículo 2º una serie de principios, entre ellos el de no injerencia y en la misma Carta se encuentra incorporado el principio de autodeterminación de los pueblos en los artículos 1.2 y 55 que no es más que el complemento del anterior.

En nuestra legislación interna de manera expresa, la Constitución de 1991, en su artículo 9º señaló que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional  aceptados por Colombia.

No se requiere ser experto en Derecho Internacional Público para concluir que tanto el Gobierno colombiano, como un concierto de naciones encabezadas por Estados Unidos, están incumpliendo los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y sus propias constituciones como sería el caso nuestro, al concertar una serie de medidas contra el Estado venezolano con el pretexto de restaurar la democracia, independientemente de que compartamos o no el sistema de gobierno implantado en ese país, pero ese es un problema del pueblo venezolano que le compete a los mismos y en el que, de acuerdo a las reglas internacionales, no deben intervenir en la forma que lo están haciendo gobiernos extranjeros y menos nuestro país, cuyo mandatario se ha convertido en una especie de líder de la cruzada contra el gobierno del vecino país, sin medir las consecuencias que ello puede acarrear para nuestro país.

Cabe destacar que desde la Carta de las Naciones Unidas, se consideran actos de intervención: la expresión de opiniones o declaraciones internacionales sobre asuntos internos de otros países, la propaganda hostil con fines de intervención, proporcionar ayudas para actividades violentas, propagandas falsas o deformadas que puedan interpretarse como injerencia y el más extremo el uso de la fuerza militar entre otros; sin duda estas prácticas intervencionistas se están aplicando contra Venezuela y  pareciera que se está contemplando inclusive la posibilidad de recurrir a esta última, pues en una rueda de prensa el Asesor de Seguridad de la Casa Blanca John Boltón, cuando anunciaba las últimas sanciones económicas contra el país vecino, dejó ver una nota que recomendaba el envió de 5.000 soldados a Colombia.

Nuestro país, está envuelto en una polvareda de escándalos  de corrupción, vivimos un clima de ruptura de nuestra sociedad civil donde la muerte de líderes sociales, sin medidas efectivas para evitarlo, es el pan de cada día; donde la pobreza golpea a la gran mayoría de la población, donde los jóvenes marchan periódicamente clamando por el derecho a la educación pública y sin embargo nuestro gobierno pareciera jugar a la guerra, sirviendo de instrumento a interés externos, donde los únicos perdedores sería el pueblo colombiano, Dios nos libre del infierno de la guerra.

*Abogado