El vallenato nombrado director de Planeación no tiene el posgrado que dice su hoja de vida
Lo que se venía rumorando en los altos círculos políticos del país, ayer estalló. El vallenato Luis Alberto Rodríguez, de 32 años y nacido en Valledupar no tiene el posgrado en economía en la Universidad de Tolouse que la página del Ministerio de Hacienda dice que tiene.
Como se sabe, el pasado jueves, 22 de agosto, el presidente Iván Duque Márquez, nombró al economista Luis Alberto Rodríguez como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El vallenato Rodríguez se venía desempeñando como viceministro del Ministerio de Hacienda.
Desde Valledupar el Presidente Duque hizo el anuncio en los siguientes términos: “He designado al doctor Luis Alberto Rodríguez como nuevo director del DNP. Es uno de los economistas jóvenes más destacados y brillantes que tiene nuestro país. Hijo de la universidad pública, graduado como economista de la Universidad Nacional. Se destacó como ganador de premios de ensayo económico”, dijo el primer mandatario.
Con base en la información oficial que aparecía en la página del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia de la República, los medios registraron
que Rodríguez tiene estudios en economía de la Universidad de Toulouse, Francia, y una maestría en Política Económica de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Se ha desempeñado como jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, asesor económico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue consultor en el Ministerio del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sin embargo, el escándalo estalla cuando Noticias Uno reveló que su posgrado en economía en la Universidad de Tolouse no existe. Rodríguez le dijo a ese canal que no hizo el posgrado, sino que hizo una estancia de estudio. Sí adelantó estudios de maestría en la Universidad de Columbia (de donde se graduó hace tres años) y en la Universidad Nacional (de donde se graduó hace nueve).
El canal hace un recuento: el puesto inmediatamente anterior de Rodríguez fue como “jefe de estudios económicos” de Asobancaria, cuando Jhonatan Malagón (actual Ministro de Vivienda) fue vicepresidente de ese gremio. Rodríguez duró siete meses en el cargo pero “renunció voluntariamente”.
Extraoficialmente se maneja la versión de que se le pidió irse porque en varias oportunidades apareció como vocero de la agremiación(…) Noticias Uno pudo establecer que concertadamente se le exigió su renuncia por su débil desempeño”, publicó ayer El Espectador. Rodríguez asumirá su cargo en el DNP y comenzará a manejar el presupuesto de inversión del país a partir del 15 de septiembre.
Hojas de vida infladas
Rodríguez no es el único que ha sido “pillado” inflando su hoja de vida. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, admitió que los estudios de posgrado que presentaba en su hoja de vida no eran “homologables” en Colombia.
El último escándalo relacionado con títulos falsos es el de Vicente Torrijos, actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Según su hoja de vida oficial, publicada por la Presidencia, Torrijos es magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene pendiente el grado de doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. También dice que Torrijos está graduado de una beca postdoctoral en Asuntos Estratégicos en Seguridad y Defensa. Pero la revista Semana reveló que en la información brindada en la página de la Universidad del Rosario (donde fue profesor) no aparece con los títulos de posdoctorado y doctorado que detenta en más de 17 publicaciones. Lo mismo pasa con su hoja de vida radicada en Colciencias, con la categoría de investigador asociado hasta 2019. (Con información de El Espectador)
LOS CINCO RETOS
Entre los retos del nuevo funcionario se destacan cinco.
1. Implementar el Plan Nacional de Desarrollo
Debido a que la entidad es la encargada de la planeación de la ejecución de los recursos del país debe comenzar a reunirse con las regiones para coordinar la ejecución de los recursos con las mismas. Por eso durante la designación del funcionario, el presidente Duque aseguró que Rodríguez “es un hombre que conoce la profundidad de las regiones de nuestro país, que se ha formado a pulso, con esmero, con un gran talento y, sobre todo se ha destacado siempre por ser una persona de gran rigor”, un requisito que parece fundamental a la hora de escoger este funcionario.
El DNP también tiene la responsabilidad de estructurar la metodología para el diseño, el seguimiento y evaluación de las políticas, los programas y los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y las metodologías para la identificación, formulación y evaluación de los proyectos financiados con los recursos nacionales. En últimas, es el que da el visto bueno para realizar las obras.
2. Depuración del Sisbén
El Sisbén es una base de datos que permite a las diferentes entidades del Estado dirigir el gasto social hacia quienes más lo necesitan, por eso se realiza una depuración de dicha base de datos luego de ocho años desde la última encuesta. La metodología para adelantar esta tarea se hace a través de la aplicación de ocho millones de encuestas en 189 municipios durante 2017 y más de 300 en 2018. El Gobierno asegura que el nuevo Sisbén, entrará en vigencia en 2020, y cuenta con mejoras tecnológicas, metodológicas y operativas que ofrecerán información de mayor calidad para dirigir el gasto social y ser un insumo para el diseño de política pública.
La depuración que realiza la entidad busca ver cuántas familias no necesitan de los subsidios del Estado. En este caso no solo se está hablando de ‘colados’, personas que nunca han necesitado los subsidios, sino de familias que mejoraron su situación y ya no los necesitan más.
En la exposición de motivos del Plan Nacional de Desarrollo, antes de su aprobación el Gobierno aseguró que “los estudios realizados sobre la forma en que se determinan y distribuyen los subsidios públicos domiciliarios de energía, acueducto y alcantarillado y gas natural, así como los subsidios a programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, entre otros, y los apoyos a la actividad agropecuaria, como siembra y comercialización de fibra de algodón, almacenamiento de arroz, ingreso cafetero, etcétera, muestran que existe margen para replantear el costo presupuestal asociado al actual esquema de focalización de los recursos”.
3. Cumplimiento de los compromisos de Colombia para ingresar a la OCDE
El 24 de abril el Congreso aprobó el proyecto de ley que sellaba el acuerdo entre Colombia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un paso más para el ingreso del país a esa organización. La ley ahora se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional que tendrá la última palabra frente a la iniciativa. El DNP será el encargado de vigilar al Estado para que haga parte del llamado club de buenas prácticas. La encargada de hacer este seguimiento será, nada más y nada menos, que la anterior directora de la entidad, Gloria Alonso, quien será designada como representante de Colombia ante la OCDE.
La OCDE es una organización que ayuda a establecer políticas públicas para promover el desarrollo económico, el bienestar de los mercados laborales, impulsar la inversión y el comercio, fomentar el desarrollo sostenible, incrementar los niveles de vida y el funcionamiento de los mercados. Según el Gobierno, la decisión de Colombia de pertenecer a la OCDE “demuestra el compromiso de convertirse en una nación responsable, generando reformas motivadas en favor de las buenas prácticas y experiencias adquiridas de los estados miembro, para lograr un crecimiento económico y humano en línea con lo que busca el Gobierno nacional en términos de legalidad, emprendimiento y equidad”.
4. Reforma Sistema General de Participaciones
El Sistema es la norma que permite el traslado de los recursos del Gobierno nacional a los gobiernos municipales, distritales y departamentales del país y de su distribución está encargado el DNP. Hasta el momento esa partida presupuestal está siendo discutida en el Congreso y podría llegar a los $157 billones que deben ser invertidos en Salud, Educación y funcionamiento. Según el Gobierno se eliminó la competencia del Conpes para aprobar la distribución de los recursos del SGP descrita en el artículo 85° de la Ley 715 de 2001; que a partir de ahora se realizará a través de un ‘documento de Distribución’ que estará a cargo del Ministerio de Hacienda.
5. Regalías
Las regalías son los recursos que recibe el Estado por permitir la extracción de sus recursos naturales. La última reforma constitucional que va en cuarto debate al sistema busca que los departamentos productores reciban más dinero. Esto, sin embargo, no deja por fuera a los demás entes territoriales de Colombia. Según el gobierno para garantizar la legitimidad y la transparencia de la administración de estos recursos, las inversiones provenientes del Sistema General de Regalías estarán circunscritas al mecanismo de participación ciudadana. De esta reforma y de su aplicación también será encargado el DNP.