“No se está pidiendo que carbones cerrejón se cierre”: demandantes
Las comunidades indígenas de La Guajira y los congresistas Aida Avella, Feliciano Valencia e Iván Cepeda, aclararon que en la demanda instaurada ante el Consejo de Estado en la que resumen los impactos ambientales que deja la minería en esa zona del país, no solicita que se produzca un cierre inmediato y total de la mina de carbón El Cerrejón.
“No es cierto que si resuelven las medidas cautelares solicitadas en la acción jurídica se vaya producir el cierre inmediato y total de la mina de carbón, como tampoco causará el despido masivo de trabajadores”, expresó el senador Iván Cepeda.
Añadió que lo que están solicitando con la medida cautelar es la suspensión de operaciones aledañas a las comunidades afectadas y que no se expanda la actividad extractiva, hasta que las autoridades no constaten la protección de los derechos de aquellas, que la Corte Constitucional y otros Tribunales han determinado están en riesgo.
Expresó que con esta acción lo que pretende es prevenir nuevos impactos ambientales evitando que se amplíe la licencia con la que cuenta el Cerrejón en la actualidad sin que se hayan evaluado estos impactos.
Así las cosas, reiteraron que la solicitud al Consejo de Estado es que evalúe el cumplimiento riguroso de los requisitos mínimos ambientales y legales que debe cumplir cualquier empresa en Colombia. “A la fecha el Cerrejón no cuenta con el estudio de impacto ambiental que cumpla con lo estipulado por Ley y mediante el cual se hayan valorado las nuevas condiciones ambientales en la Guajira”.
Aclaró que debido a la demanda instaurada “Carbones del Cerrejón está desinformando. La falsa información que circula en el departamento de La Guajira sobre un inminente cierre de la mina, ha generado riesgos para los demandantes, las comunidades aledañas y la economía regional de La Guajira, prácticas que podrían constituir pánico económico”.
Añadieron que las comunidades tienen derecho a la justicia, a denunciar los daños ambientales, territoriales, en la salud de los trabajadores y de la niñez en la Guajira ocasionados por esta práctica.
Cepeda aseguró que “el Estado es responsable de la enorme dependencia de la economía regional de la industria extractiva de carbón. 250 mil indígenas Wayúu han visto afectados sus modos de vida y actividades económicas, como el comercio y el pastoreo de chivos, y una de las causas es la actividad extractiva de Cerrejón”.
En tal sentido, será el Consejo de Estado quien deba pronunciarse sobre la falta de cumplimiento de requisitos ambientales documentados en la demanda. “Hacemos un llamado a que se respete la independencia de la justicia para que pueda actuar sin presiones ni interferencias”.
BOGOTÁ (Colprensa).