Director de La Modelo cobraba $600.000 por cada botella de whisky
Tan particular como costosa era la lista de precios que manejaba César Ceballos, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, quien fue detenido en las últimas horas por ser la persona señalada por la Fiscalía de estar detrás de uno de los sistemas de corrupción más sofisticados que se hayan descubierto en el interior del penal, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.
El funcionario, encargado de manejar uno de los penales más peligrosos de América Latina por la población carcelaria que alberga, no le temblaba la mano para exigirles gruesas sumas de dinero para que pudieran ingresar elementos que están prohibidos por reglamento, pero que con la anuencia de Ceballos era común verlos en los pasillos y patios de la penitenciaría.
Whisky, droga, celulares, tarjetas SIM y visitas en horarios no permitidos eran algunos de los servicios que ofrecía Ceballos para lo cual, según la Fiscalía, se alió con guardianes y civiles para llevar a cabo su cometido.
El fiscal Néstor Humberto Martínez detalló este miércoles que “por una botella de whisky cobraban 600.000 pesos. Por un celular exigían 400.000 pesos y para el ingreso de personas dependía del patio. Por ejemplo, para el patio 3, pedían 550.000 pesos y para otros patios, 150.000 pesos”.
Con respecto a la droga, esta se valoraba de acuerdo al peso. Por una libra se cobraban 500.000 pesos. Un negocio redondo teniendo en cuenta que la población carcelaria es una de las que más consume alucinógenos debido a que son casi que inexistentes los programas de resocialización instaurados por las autoridades penitenciarias del país.
El patio 3 es uno de los menos congestionados del penal y la población que lo ocupa es diferente a la del resto de pabellones donde predominan violadores, drogadictos, homicidas, raponeros y atracadores. Por eso, para obtener un cupo en una de sus celdas, Ceballos, dice la Fiscalía, cobraba tres millones de pesos mensuales.
Si el recluso se colgaba en el ‘arriendo’ era sacado y movido a otro patio bajo la advertencia de que no podían garantizarle su seguridad.
“Los testimonios y la evidencia técnica en poder de la Fiscalía permitieron conocer que los sobornos eran entregados al conductor de Ceballos o a uno de sus escoltas. En otras oportunidades, los familiares de los reclusos llevaban los pagos a la casa de ‘El Paisa’, un hombre que pertenecería a la red de corrupción y tenía un inmueble frente a la cárcel”, contó Martínez Neira.
‘El paisa’, que refiere el jefe del búnker, es José Armando Suárez y el conductor es Yovanny Esteban Rincón. Ambos fueron capturados y en las próximas horas quedarán en manos de un juez de garantías, donde les imputarán cargos por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.
Junto con ellos también fueron capturados Néstor Daniel Bernal Reyes, quien estaba al mando de la vigilancia en los patios y Ana Rosa Casas, a quien señalaron de ser la dueña de uno de los inmuebles que servía para esconder droga y dinero en efectivo.
Ceballos puede correr con la misma suerte jurídica del exdirector de La Picota, el mayor Luis Francisco Perdomo, capturado en septiembre pasado por un caso similar. Actualmente, está a la espera de que se radique el escrito de acusación en su contra, pero su panorama no parece tan claro, ya que Martínez Neira reveló que en su caso habrá una nueva imputación.
A Perdomo lo capturaron cuando, según la Fiscalía, recibía 20 millones de pesos, al parecer, fruto de un soborno que le habría exigido a José Bayron Piedrahíta, un capo que está en la lista de extraditables y quien habría negociado con el director a cambio de obtener beneficios en su celda.
Ahora, de acuerdo a lo señalado por Martínez Neira, a Perdomo lo descubrieron en un hecho similar y en las próximas semanas será imputado por segunda vez por consución y enriquecimiento ilícito.
De La Picota, en la Fiscalía señalaron que se evidenció un sistema de cobros parecido al de La Modelo, pero con la diferencia de que allí los productos que ingresaban eran acordes a la población carcelaria, es decir, a funcionarios y personalidades que están condenados o procesados por delitos relacionados con la corrupción.
“El ingreso de perfumes en frasco podría costar 100.000 pesos, peros si iba con su caja y empaque original ascendía a 150.000 pesos. Entrar una muda de ropa podría superar los 300.000 pesos, según la marca, e ingresar un reloj costaría 3 millones de pesos”, precisa la información del ente acusador.
Cabe destacar que recientemente fue desarticulada una organización criminal en la cárcel La Picota que, al igual que lo detectado en La Modelo, tenía a su servicio casas y bodegas para recibir ‘encargos’ o ‘encomiendas’ que eran ingresados ilegalmente al centro penitenciario con la supuesta ayuda de algunos guardianes.
Sobre estos hechos fueron judicializadas ocho personas entre guardianes y particulares a quienes se les imputaron cargos por cohecho propio y concierto para delinquir.
El Gobierno del Presidente Iván Duque ha sido claro en su compromiso contra la corrupción y por eso desde el principio ha dado instrucciones claras y precisas para castigar con dureza cualquier tipo de corrupción que se presente en las cárceles y en cualquier otro lugar de Colombia.
El trabajo articulado permitió tomar las acciones reales y capturar a los corruptos del sistema penitenciario y carcelario, y dar un mensaje claro: Este Gobierno tiene cero tolerancia con la corrupción.
“Con la premisa de la transparencia, y siguiendo las líneas del Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario, vamos a darle un giro total a las cárceles en Colombia y a seguir luchando contra la corrupción”, declaró la jefe de la cartera de Justicia.
“Este es un esfuerzo de lucha en donde está el más férreo compromiso del Gobierno y donde combatiremos cualquier foco de falta de transparencia o corrupción que pueda existir en el país”, resaltó por su parte el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Rugeles.
Las capturas adelantadas son parte de la estrategia de Gobierno para fortalecer el imperio de la ley del principio de legalidad, con el fin de promover la equidad en el país.