Defensores públicos protestaron por convocatoria para contratación

Los defensores públicos del Cesar se congregaron en la puerta del Palacio de Justicia, de Valledupar, protestando contra el órgano central por la convocatoria pública a nivel nacional que se hizo para el concurso de méritos con el que se pretende vincular unos 4000 abogados en todo el país.

A juicio de los manifestantes, esto no les garantiza continuar en su puesto de trabajo, y además, se atenta contra sus derechos y experiencia adquirida en el cargo.

En medio de la protesta, uno de los manifestantes dijo: “queremos rechazar ese trato indigno, irrespetuoso con el cual la Defensoría del Pueblo argumenta la convocatoria de un concurso de méritos que en definitiva no tiene ningún sustento porque es para proveer contratos de prestación de servicios, el cual no se requiere de conformidad con la Ley 80, en virtud de que este proceso normalmente se hace a través de la contratación directa”, puntualizó José Jaime Padilla Olivella, defensor público de la regional Cesar.

El abogado también precisó que, “consideramos que las reglas que se han definido para dicho concurso no garantizan la transparencia con la cual se convocó”, tampoco justifica “el argumento que se nos ha dado sobre la falta de idoneidad de los defensores públicos que actualmente venimos desarrollando esta tarea y nosotros consideramos que somos aptos porque ya en otras ocasiones nos hemos sometido a evaluaciones y hemos estado en unos programas nacionales de capacitación.”

Otro motivo de la protesta, de acuerdo a lo argumentado por los defensores públicos es el costo de la convocatoria, la cual está por un valor de seis mil millones de pesos.  “Un concurso que termina sirviendo para nada porque las mismas reglas establecen que sigue siendo discrecionalidad del Defensor, vincular a quienes se presenten, así lo ganen”, agregó Jaime Padilla Olivella.

El concurso al cual se refieren los manifestantes se abrió del 21 hasta 28 de enero en la modalidad de convocatoria pública.  Hasta el momento los defensores públicos cuentan con contrato hasta el 21 de mayo y están a la espera de la renovación de nuevas plazas.

Martha Padilla, defensora pública añadió “Esta es una figura nueva que está haciendo la Defensoría del Pueblo y esperamos que no sea una herramienta politiquera porque estamos en procesos de elección”.

Los manifestantes aclaran que se encuentran en medio de una jornada de información nacional, de acuerdo a lo definido por las agremiaciones. Por lo tanto, continúan a la prevención porque su principal objetivo es que suspensa el concurso y que se les den garantías a todos los trabajadores que por años han ejercido su labor.

.“Estamos informando a la sociedad sobre una situación extraordinaria que se ha presentado en la Defensoría del Pueblo con la convocatoria de un supuesto concurso de méritos para vincular nuevos profesionales. Consideramos que es un desgaste económico del estado colombiano convocar al concurso con la finalidad de proveer unos contratos que terminan siendo discrecionales, porque la contratación directa no requiere ninguna convocatoria a concurso. Se justifican diciendo que muchos defensores que tenemos años de estar prestando el servicio, no tenemos idoneidad y consideramos que esto afecta nuestra dignidad como defensores, como trabajadores ante todo y que se nos están violando unas garantías y unos derechos humanos fundamentales”, dijo José Jaime Hernández, representante sindical de los defensores en Cesar.

Las manifestaciones se hicieron a doble jornada tanto en la sede de la Defensoría, ubicada en el barrio San Joaquín, como en la entrada del Palacio de Justicia. Allí explicaron algunos detalles sobre el proceso que tuvo inscripciones del 21 al 28 de enero de este año.

“No estamos en contra de que se nos evalué, pero ¿Dónde está lo que se ha invertido en capacitaciones?, ¿los años de experiencia que en muchos casos son de más de 20 años? Ahora se hace un concurso que no termina siendo así porque después se elegirá a dedo a quien se contrata. El punto es que en virtud de la ley de contratación, no se requiere concurso para hacer contratación directa. La idoneidad se puede comprobar a través de los estudios y la experiencia laboral. Entonces un concurso no tiene garantías porque al final termina siendo discrecional en cuanto a la vinculación de los defensores ya que no se va a publicar resultados y no da garantías de transparencia”, indicó.

Frente a la inversión de la dirección nacional de la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo del proceso de convocatoria, enfatizaron en que se trata de un malgasto del erario público ya que ‘se trata de un concurso que no va a elegir defensores de manera definitiva para proveer los cargos sino que será por año y medio, pues finalizado ese tiempo, nuevamente se hará la convocatoria para proveer las vacantes por el mismo periodo laboral”, acotó.

Más de 100 audiencias públicas entre diligencias preliminares y de ejecución de etapas procesales que debían realizarse ayer en el Palacio de Justicia de Valledupar, tuvieron fracasos masivos por cuenta del cese de actividades que se desarrolló por 24 horas desde la mañana de este miércoles, por parte al menos 50 abogados adscritos a la Defensoría del Pueblo, quienes junto a sus similares en otras ciudades del país se unieron en paro nacional.