Lo que viene observado la opinión pública en desarrollo de esta campaña electoral, sencillamente da vergüenza. No vamos a señalar ni a enjuiciar y mucho menos a descalificar a quienes están mostrando un comportamiento que no es el que espera el elector, el cual de paso está ávido por conocer propuestas y no la catarata de ofensas, señalamientos y la guerra sucia – porque limpia y decente como debiera ser la política, no es—que vemos a diario.
Lo único a lo que podemos atinar es decirle a ese elector, al ciudadano consciente, que también lo ve todo, que el día de las elecciones, ese 27 de octubre cuando se enfrente su conciencia con el tarjetón y la urna, se acuerde de todo lo que está ocurriendo y sepa con inteligencia decidir. No hacerlo sería otra gravísima irresponsabilidad de quienes se quejan, pero no quieren propiciar lo que la democracia les pide para que no se sigan presentando estos espectáculos que menoscaban nuestra cultura y decencia política.
Por eso se ha insistido de distintas formas que solo a través de una Constituyente se puede llegar a realizar una verdadera reforma política que extirpe muchos de los males que aquejan a nuestra democracia. Mientras le sigamos dejando el queso al ratón (el Congreso) el país no avanzará. Todo lo contrario, con cada debate electoral retrocede.
Ahí tenemos el comportamiento de los partidos de expedir avales para participar en elecciones sin importar si los aspirantes cumplen los requisitos legales, están impedidos o han sido condenados a penas privativas de la libertad. Ese parece ser el camino escogido por las decenas de partidos que deberían garantizar transparencia, convertidos ahora en meras empresas políticas que no tienen en cuenta el interés público.
El informe de la Procuraduría General de la Nación sobre las las inhabilidades de 694 de los 117.822 registrados en las elecciones regionales y locales que se celebrarán el próximo 27 de octubre es demasiado preocupante. Y ello es una pequeña proporción, y por lo tanto debe llamar a la alerta sobre el papel que están cumpliendo las organizaciones autorizadas por las leyes para otorgar los avales que permitan esa participación.
El asunto se vuelve más alarmante cuando se conoce que hay partidos como Colombia Renaciente, recién nacido por haber elegido un representante a la Cámara por las negritudes, que otorgó 66 de esos avales a personas con prontuarios. O candidatos que no saben leer o escribir para una Alcaldía avalado por Alianza Democrática Afrocolombiana, partido también surgido de unos consejos comunitarios que reciben el beneplácito del Consejo Nacional Electoral, CNE, otro organismo llamado a desaparecer; pro ha sobrevivido porque representa a los corruptos partidos políticos asentados en el parlamento. Y es ese CNE el que ellos necesitan para manipularlo y hacerlo títere del sistema.
Y lo más decepcionante es que de dichas conductas no se escapan los partidos con experiencia y tradición. Mientras el Conservador dio su aval a 113 candidatos que según el órgano de control tienen inhabilidades, el de la U inscribió a 64 y Cambio Radical a 59 en las mismas condiciones.
Se dirá que los 694 es poco frente a los 117.822 registrados. Pero es que el Procurador nos acaba de decir que esa cifra es apenas la entrada, porque el plato fuerte junto con el postre nos los servirá en los próximos días.
En el fondo se asoma uno de los vicios que destruyen la confianza en la política, el negocio de vender avales y de permitir empresas electorales de carácter individual cuyo fin es el ánimus lucrandi y no el de ejercer el mandato de los electores. Ahora sigue el proceso que deberá adelantar el CNE para verificar las denuncias de la Procuraduría y aplicar las sanciones y correctivos necesarios. El temor es que ese proceso no pueda realizarse antes del 27 de octubre, lo que significará que los candidatos inhabilitados pueden ser elegidos, una negación a la transparencia de las elecciones que renuevan la democracia y deben garantizar una administración publica confiable.
Hace treinta años fue asesinado Luis Carlos Galán, quien a través de su vida pública se reveló contra la corrupción, el mercantilismo y el narcotráfico que infectaron la política nacional. Al conocer las denuncias de la Procuraduría se puede constatar que los vicios denunciados por Galán siguen vigentes, desvirtuando la voluntad popular y contaminando el manejo de los asuntos públicos en Colombia.