Diario del Cesar
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Legalizada la ocupación del espacio público por informales

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De ahora en adelante invadir el espacio público, ocuparlo de manera ilegal y establecer un negocio informal, dejó de ser problema.

En la Casa de Nariño, el presidente de Colombia Iván Duque, sancionó la ley 1988 que autoriza la creación de políticas públicas a favor de los vendedores informales, la misma que les permitiría adquirir recursos propios para consolidar ideas productivas.  Sin embargo, ni la Ley ni el Gobierno dijeron como van a reparar a las ciudades donde la informalidad ha provocado una competencia desleal y mortal para el comercio formal que genera empleo y paga impuestos; como tampoco señaló la norma de que manera los ciudadanos podrán transitar libremente sin exponer sus vidas ante el tráfico automotor.

´Si estas personas tienen derecho, donde están los nuestros, el de la vida, hoy los vendedores estacionarios y ambulantes lanzan a los peatones a las vías, a que los atropelle un bus, una moto o un vehículo particular´, dijo el ciudadano Ramón Pérez.

De acuerdo con la norma, las alcaldías municipales deberán de manera individual elaborar, formular e implementarlas estrategias y los ministerios de Trabajo e Interior desarrollarán actividades basadas en las nueve acciones dirigidas a la recuperación del espacio público, todo en un plazo de 12 meses.

LA NORMA

Para este proyecto se clasificó al gremio entre vendedores estacionarios, semiestacionarios, ambulantes, periódicos y ocasionales.

La norma, que los define como personas dedicadas “voluntariamente al comercio de bienes o servicios en el espacio público, como medio básico de subsistencia”, despertó esperanzas en más de 3.000vendedores informales que hay en Valledupar.

El centro, el mercado público, la carrera novena, la avenida Los Militares, la carrera séptima; las calles 16, 17;y el balneario hurtado, son las zonas identificadas por la Secretaria de Gobierno Municipal, con mayor presencia de  vendedores informales que exhiben sus productos en carretillas, chozas improvisadas, bandejas y manos.

La ‘Ley Empanada’ (Ley 1988) fue fomentada por un hecho que tuvo resonancia en el país: se concretó luego de que un joven universitario en Bogotá recibiera una multa por $800.000,al ser sorprendido comprando una empanada de $1.000 en las calles, acto que según el Código de Policía Nacional es castigable.

Por la polémica, el Estado presentó un proyecto que salvaguarda los derechos laborales y, al tiempo, fomenta la recuperación del espacio público. Asimismo, beneficia a los trabajadores con salud y pensión.

EN HURTADO HAY 600 VENDEDORES ILEGALES

Abraham Hormaz, vendedor estacionario en Hurtado, dice que los 180 ahí acentuados han querido agremiarse hace muchos años pero el tema, aún se encuentra muy “débil” en la ciudad. Y denuncian la presencia de hasta 600 personas dedicadas a esta labor los fines de semana; la mayoría de ellos serían venezolanos.

“Nos interesa se aplique la ‘Ley Empanada’ (Ley 1988), porque crea un impuesto que estamos dispuestos a pagar para que refleje un incentivo de pensión, hay gente que tiene 65 años y aún sale a trabajar; y a los jóvenes capacitarlos en cada una de sus condiciones para no romper el equilibrio”, comentó Hormez.

En el espacio recreacional hay identificados estacionarios transitorios y ambulantes; y asociaciones como la Asociación de Artesanos (32): 19 estacionarios y 13 vendedores ambulantes; y la Asociación de Comerciantes de la Margen Derecha del río (90).

‘ACATAREMOS LAS NORMAS DEL ESTADO’

El Secretario de Gobierno Gonzalo Arzuza, manifestó que harán caso a los nuevos estatutos formulados por el Estado para la recuperación del espacio público e iniciarán el diseño de estrategias para trabajar conjuntamente con los cerca de 2.000 vendedores ambulantes.

Uno de los proyectos principales es adelantar la ejecución de un establecimiento para la reubicación de estas personas en el antiguo lote de Idema, el cuál sería el escogido. “Sabemos que no alcanzamos a su ejecución, pero sí será un reto del próximo mandatario.  Mientras tantos seguimos saliendo para recuperar el espacio público, la Policía ha hecho operativos, estamos todos trabajando conjuntamente”.

Indicó que el sitio que serviría para albergar a los vendedores debe ser derrumbado en su totalidad y remodelado; contará con más de 100 locales, comercio exterior y parqueadero.  Sin embargo, mientras tanto, sigue siendo un lote baldío.

COMPARENDOS EN VALLEDUPAR

Hasta el mes de marzo del 2019 y según el informe “‘No le tenemos miedo al Código Nacional de Policía’” de DIARIO DEL CESAR, unos 10 comparendos se habían aplicado por invasión del espacio público.  En 2018, la ciudad cerró con 131.

Se basaron en el artículo 140 del Código Nacional de Policía, que establece este comportamiento como una infracción general tipo 1, lo que amerita un costo de cuatro salarios mínimo legales diarios vigentes: $110.000.

En ese momento Manuel Ríos, presidente de la Asociación de Vendedores Móviles Estacionarios de Valledupar, Asovemev, reveló que en la capital cesarense 520 personas se han dedicado por 19 años a ocupar el espacio público.

SE CONSIDERA UNA LEY ‘AMBICIOSA’

Como ‘ambiciosa’ han catalogado la Ley 1988 o ‘Ley Empanada’, pues beneficiaría a más de 1.600.000 vendedores en el país quienes recibirían capacitaciones, carnetización y seguridad social para quienes devenguen un (1) salarios mínimo.

Carlos Guevara, autor de la ley, señaló que se albergarán proyectos productivos y locales de interés social con la posibilidad de trabajar en el espacio público de manera digna y organizada.

Algunos requisitos son: “El sitio de reubicación no debe estar aislado, se debe identificarlas necesidades en salud, fomentar estrategias que los ayude a pasar de la informalidad a la formalidad; Destinar 1% de lo cancelado en espacio público para su ahorro de vejez y los Planes de Ordenamiento Territorial deben fomentar espacios para este gremio”.

Se solicitará a las ciudades desde el Estado, censos actualizados para priorizar a quienes llevan más de 15 años en el servicio, adultos mayores, madres cabeza de hogar; y se activará una ruta de atención especial para la población infantil.

VENDEDORES OPINARON

DIARIO DEL CESAR quiso recoger el concepto de algunos vendedores informales de la zona céntrica de la ciudad; mientras que unos se muestran reacios frente al proceso de reubicación, ya que no sería la primera vez que lo notificarían, otros aplauden el respaldo del Estado.

Edinael Navarro comentó: “Está muy bien la Ley, nos va a beneficiar sobre todo a los que tenemos más de 14 años en esta tarea; esperemos que la alcaldía esta vez sí cumpla, es una obligación y garantía para nosotros”.

Fabio Martínez expresó: “Hace más de 10 años que vendo jugos, la Policía me ha incomodado varias veces y hemos tenido enfrentamientos, no les importa que hago parte de la tercera edad.  Ojala sea todo verdad lo de la Ley”.

Blanca Ortiz Jiménez, tiene 25 años como vendedora ambulante: “No vamos a permitir que nos aíslen, nadie ha abogado por nosotros en la administración y cuando quieren voto ahí si somos buenos y existimos”.

Héctor Quintero subrayó: “Me gustaría que se cumpla la Ley porque hay demasiado vendedores ambulantes; trabajar es un derecho”.