Las improvisaciones que terminan siendo costosas
Con la venta de Cafesalud, inició un interminable calvario para los pacientes, las prestadoras de salud y las autoridades responsables de su vigilancia. En apenas siete años, los asegurados en Saludcoop han estado afiliados a tres EPS, sin que alguna les garantice acceso a la salud.
Entre febrero y agosto de 2017, un grupo de instituciones prestadoras de salud constituyó a Prestasalud, hoy Prestnewco, y quedó como uno de los dos proponentes -Sanitas, el otro, con una propuesta inane- para adquirir Cafesalud, hacerse a los 5,7 millones de afiliados que entonces tenía esa EPS, e iniciar la atención en salud para el grupo poblacional más grande afiliado a una sola entidad prestadora de salud. El periplo despertó temores que hoy, para tragedia del sistema de salud, se han realizado.
La prisa de Prestasalud, por finiquitar la venta de Cafesalud alarmó a los entonces senadores Sofía Gaviria y Jorge Robledo, así como a José Roberto Acosta, que interpusieron una demanda con la pretensión de que se anulara la venta a una empresa sin experiencia en aseguramiento ni capacidad financiera para atender su operación. El 10 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió medidas cautelares contra esa venta, mismas que, tras intensas presiones públicas, revocó dos semanas más tarde, permitiendo la continuidad de un proceso que amenazaba “a un sistema de salud tan resquebrajado que los prestadores terminaron financiando a los aseguradores y administradores del modelo”, como dijimos el 12 de junio de ese año.
Con la venta de Cafesalud a Medimás, inició un interminable calvario para los pacientes, las prestadoras de salud y las autoridades responsables de su vigilancia. Los pacientes siguieron padeciendo la desatención que habían sufrido en la fracasada Saludcoop, ahogada por el faraonismo de Carlos Palacino, hoy encausado penalmente, y las incapacidades de Cafesalud, empresa del grupo Saludcoop a la que fueron trasladados por la Supersalud. Las autoridades departamentales debieron aumentar la vigilancia sobre Esimed, prestadora asociada a Medimás, viéndose obligadas a imponer sanciones y cierres. Y la Procuraduría General, la Supersalud y los tribunales, han debido imponer medidas especiales de vigilancia y control, que han resultado insuficientes.
En lo corrido del año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha tomado importantes decisiones que contienen los abusos de Medimás. En febrero ordenó evitar la proyectada venta de la EPS, o de su accionista mayoritaria -Prestanewco- en proceso desde el año pasado. Y en abril definió un plazo de seis meses, a partir del momento en que el fallo sea ejecutoriado, para que la Supersalud le quite la habilitación como prestador de servicios de salud y traslade a sus afiliados a EPS solventes. Las decisiones recientemente tomadas por el TAC, y que están en consonancia con la vigilancia especial a esa EPS que la Procuraduría mantiene desde el 13 de septiembre de 2017, dan la razón a quienes denunciamos las falencias institucionales de la institución que recibía los pacientes de Cafesalud, que, a su vez, había recibido a los de SaludCoop (ver gráfico); y deben ser respaldadas para evitar que nuevas presiones impidan una solución definitiva.
En lo que le compete, la Supersalud, encabezada por el odontólogo Fabio Aristizábal, avanza en la selección de las quince EPS que tienen las capacidades técnicas, administrativas y financieras, para recibir, una vez el fallo del TAC sea ejecutoriado, a los afiliados a Medimás. Mientras ello ocurre, la EPS debe garantizar atención integral a sus usuarios, una garantía que no ha ofrecido, según testimonios que publicamos en esta edición. La decisión de abrir el abanico de prestadores, evitando concentraciones que mostraron su fracaso, es una vital contribución a cumplir la expectativa de la Ley 100 sobre la generación de una sana competencia que propicie la real garantía del derecho a la salud y la estabilidad del sistema.
En las actuales circunstancias de un sistema en el que muy pocos aseguradores, 15, han logrado desarrollar capacidades institucionales para atender la salud de los colombianos, mientras 22 se encuentran en riesgo de cierre; en el que los prestadores de salud terminaron convertidos en financiadores de sus clientes, y en el que los pacientes se han enfermado de desatención, la Supersalud y el ministro de Salud necesitan apoyo para dirigir el traslado de los pacientes, seguir tomando medidas de control al gasto en salud -como la recientemente adoptada para fijar límites al valor de medicamentos facturados por los prestadores- y mantener el pulso firme para acompañar el fortalecimiento de las EPS sólidas; apoyar a las que con un pequeño impulso, como Savia Salud, pueden recuperar sus capacidades y seguir prestando atención, y contener el desangre que representan entidades como Medimás, constituidas sin capacidades ni voluntad de ofrecer la atención en salud que la Ley 100 y sucesivas sentencias, muchas de ellas extremadamente generosas, han ofrecido al país.