Como un posible ‘Cartel de la toga 2’ calificó el analista e investigador Ariel Ávila la situación que estaría pasando entorno de la aspiración del actual director de la Federación Nacional de Gobernadores, FND, Carlos Camargo Assis, a ser Registrador Nacional, cargo será escogido en diciembre próximo por parte de los Presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado.
Los cuestionamientos de Ávila se sustentan en un informe que realizó la Fundación Paz y Reconciliación, en donde se identifica cómo desde la FND Camargo habría favorecido con la entrega de millonarios contratos a exmagistrados y familiares de magistrados actuales del Consejo de Estado.
De acuerdo con Ávila, “todo parece indicar que habría una triangulación que sería la siguiente: Camargo les da contratos a personas cercanas a magistrados y exmagistrados, a cambio, estos beneficiarían procesos de congresistas conservadores y a su vez Camargo se aseguraría apoyos de unos y otros para su elección como Registrador Nacional que será en el mes de diciembre del presente año”.
Camargo fue magistrado del Consejo Nacional Electoral anterior en representación del Partido Conservador y hace cerca de un año ocupa la dirección del FND, y en la actualidad se presentó a ser candidato para reemplazar al actual registrador Juan Carlos Galindo y tendría el apoyo de su partido.
Relaciona el investigador que en los contratos suscritos están los de Liliana del Rosario Araújo y Ciro José Muñoz, hermana y primo hermano de Rocío Araújo Oñate, magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en donde se estudian los temas electorales.
Cita también Ávila el caso del exmagistrado Alberto Yepes, quien dejó su cargo hace poco más de un mes, y su esposa, Sonia María Castro, fue contratada para asesorar a los departamentos sobre la normatividad que rige los de juegos de azar.
Otros exmagistrados del Consejo de Estado con contratos en la FND son Enrique Gil Botero, Martha Teresa Briceño, Alier Eduardo Hernández Enríquez, el exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, Juan Camilo Morales Trujillo, Héctor Alfonso Carvajal, conjuez de la Sección Segunda de esta misma corte, quien ha sido abogado de la exgobernadora Oneida Pinto.
Menciona un contrato más, el del conjuez del Consejo de Estado Mauricio Fernández Rodríguez, quien ha sido abogado defensor de los senadores del Centro Democrático y el Partido de La U, Ernesto Macías y Eduardo Pulgar en los procesos por pérdida de investidura que enfrentaron ante este tribunal.
Dice además el investigador Ariel Ávila que “no se debe olvidar que el señor Camargo fue el que engavetó la investigación en el CNE por el caso Odebrecht en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. A pesar de todas las pruebas contra Zuluaga este señor impulsó el cierre de la investigación”.
Para Ávila “en otras palabras, los recursos públicos utilizados para el gasto personal de Camargo”.
El director de la FND referente a los cuestionamientos de Ávila no se ha pronunciado hasta el momento, incluso a mitad de semana cuando presidió la Cumbre de Gobernadores sobre el Bicentenario que se realizó en Paipa, Boyacá, no se quiso pronunciar al respecto del tema.