Diario del Cesar
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Aplazada audiencia preparatoria contra el alcalde ‘Tuto’ Uhía

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El apoderado del alcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhía, solicitó el aplazamiento a la audiencia preparatoria que se realizaría ayer con ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento por el delito de corrupción al sufragante, a raíz de los hechos supuestamente ocurridos hace ocho años cuando hacia proselitismo en sus aspiraciones a la  alcaldía de Valledupar en el período 2011-2015.

La diligencia que se haría en una sala del Palacio de Justicia de Valledupar fue reprogramada para las 3:30 p. m. del próximo 23 de julio, donde cada una de las partes deberá exponer los elementos probatorios y testimoniales que llevará al debate de juicio oral.

El proceso en cuestión alude a la investigación realizada por la Fiscalía 5 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración, quien el pasado 12 de junio le imputó cargos al primer mandatario vallenato por el cargo antes en mención.

El ente acusador señaló que, al parecer, Ramírez Uhía habría hecho algunos pactos con varias familias vulnerables que habitan las invasiones de Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte II, quienes tras otorgarle sus votos para llevarlo a la cabeza de la administración municipal, en retribución no serían desalojados de los terrenos que ocupan de manera ilegal e inclusive, podrían ser beneficiados con proyectos de vivienda.

¿DE QUÉ LO ACUSAN?

“De los elementos materiales probatorios que recolectó la Fiscalía se pudo determinar con probabilidad de verdad que el candidato a la alcaldía de Valledupar para el periodo en mención, quien hoy ostenta el cargo, cuando adelantaba actividades proselitistas para el 2011 en barrios subnormales de la ciudad que surgieron de invasiones donde se ubicaban alrededor de 800 familias que en promedio tenían dos adultos cada una aptos para votar, en su afán de obtener votos suscribió unos compromisos con los líderes de esos sectores en presencia de sus moradores, que fueron autenticados ante el notario, donde indicaba que una vez saliera elegido como alcalde los mantendría ‘quietos y pasivamente’ en los inmuebles que estaban ocupando. Además, que en su programa de gobierno incluiría un proyecto de construcción de 2500 viviendas dignas, requeridas en esas zonas”, dijo el fiscal.

Agregó también que por lo anterior, los líderes se comprometieron de manera unánime a respaldar con sus votos y los de sus comunidades para elegirlo como alcalde, mediante una asamblea general en la que fueron firmados los compromisos; En las invasiones ubicadas al noroccidente de la ciudad se hizo el 11 de septiembre de 2011 y 18 días después en Tierra Prometida.

De ser hallado culpable, el alcalde podría recibir una pena que oscila entre cuatro y ocho años de prisión y multa de 200 a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.