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Juez negó preclusión de la investigación al exalcalde Socarrás

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El Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento, negó la solicitud de preclusión de la Fiscalía 5 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, por el proceso penal que enfrenta el exalcalde de Valledupar, Fredys Miguel Socarrás Reales, investigado por la permuta de dos lotes de Mercabastos.

Así lo dio a conocer durante la audiencia celebrada en la mañana de ayer en el Palacio de Justicia de esta capital, el togado en continuación a la diligencia que se había celebrado el pasado 27 de junio, donde el ente acusador,  expuso los argumentos con los que pretende cerrar el caso contra el exmandatario, quien a raíz del mismo fue imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros en concurso heterogéneo con interés indebido en celebración de contratos y contratación sin cumplimiento de requisitos legales, a los que no se allanó.

Las razones expuestas por el juez para adoptar dicha determinación aludieron a que el delegado del ente fiscal solo tuvo en cuenta las deducciones hechas por el profesional investigador del CTI, José Alfredo Linares Padilla, quien sin explicar siquiera su idoneidad, solo se limitó a replicar la comprensión hecha por otros tres peritos, entre ellos uno del IGAC, cuyas valoraciones fueron motivo de estudio para la Fiscalía 12 Seccional, encargada de la etapa investigativa, y tomando los valores utilizado para estimar los bienes del municipio, llegó a la conclusión de que no hubo detrimento patrimonial, producto de la operación contractual entre Socarrás Reales y María Irene López de Reyes, propietaria del predio ‘canjeado’.

 “El juez no puede asumir pasivamente la pericia y tomar una actitud irreflexiva frente al dictamen, dado que con ello puede acoger errores de fundamentación. Así las cosas y ante la existencia de opiniones periciales diversas, algunas con falencias, no es posible para este despacho concluir que los hechos materia de investigación son completamente atípicos y por ende no queda alternativa diferente que desechar la solicitud”, manifestó el tribunal, quien sugirió que dichos estudios deben ser estudiados con minucia en un estadio procesal.

Sumado a ello, enfatizó que una vez la decisión adopte firmeza, se devolverá la fiscalía los elementos de prueba aportados para soportar la solicitud, para que actué según lo decida; ya sea insistiendo en la preclusión, en archivar el caso o procediendo a la formulación de acusación.

FISCALÍA APELÓ

Dicha postura fue apelada por el delegado de la Fiscalía, quien solicitó la suspensión de la diligencia para preparar la argumentación con la que buscará convencer al Tribunal Superior de la Judicatura de avalar su petición, y por ello el juez realizó una nueva citación para las 3:30 p. m. del 29 de julio.

“LA FISCALÍA ESTÁ CONVENCIDA DE MINOCENCIA: SOCÁRRAS

“Tomo esto con la misma tranquilidad con la que me presenté ante la justicia de manera voluntaria, cuando fui requerido. Espero que tarde o temprano se confirme la rigurosidad legal con la que se hizo esa negociación en mi gobierno, avalada por el Concejo de Valledupar. La propia Fiscalía pidió la preclusión y apeló la decisión del juez, porque está convencida de mi inocencia y de que las actuaciones fueron ajustadas a la ley. Esperaba que hoy se diera la preclusión, pero si el juez considera que debe ir a otra instancia, con más razón esperaremos tranquilo la decisión de la justicia. Lo que pide el juez es profundizar sobre la idoneidad de los avaluadores de la Fiscalía, que fueron los que me llevaron a la captura”, dijo el exalcalde.

LA INVESTIGACIÓN

La investigación y posterior judicialización del exfuncionario derivó de un informe presentado por la Contraloría Municipal de Valledupar a finales de 2016, que daba cuenta de una irregularidad supuestamente ocurrida durante el último mes del gobierno de Socarrás Reales (alcalde en el periodo 2012 – 2015), respecto a la permuta de dos lotes del municipio a cambio de uno ubicado en el sur de Valledupar, de 10 hectáreas de extensión.

Mediante el convenio 000690 del 30 de noviembre del 2015 se realizó la permuta esos predios para adquirir uno de carácter privado, situado en la vía que comunica a la trocha Los Cachos, en esta misma capital, conocido como ‘Mi Futuro’.

Según la imputación formulada en audiencias concentradas, aunque el informe realizada por la Contraloría señalaba que el detrimento a los bienes públicos del municipio mediante la permuta, estaba representada en una suma superior a los $24.000 millones, esto no pudo establecerse de la misma forma en medio de las indagaciones adelantadas por sus peritos y especialistas en este tipo de casos, por lo cual al hacer la deducción según las cifras arrojadas por su misma praxis investigativa, se estableció que el agravio en el que habría incurrido el exalcalde está representado en la suma de en $3.099.792.187.

¿CUÁLES SERÍAN LOS VALORES?

A su vez, se indicó que el municipio hizo el avalúo de los predios a través de la corporación Lonja Propiedad Raíz del Cesar, que el 28 de julio de 2015 y el 3 de diciembre del mismo año, presentó examen pericial de los mismos, señalando que para la Finca ‘Mi Futuro’, su extensión territorial total valía $8.428.420.929; mientras que los terrenos de propiedad del municipio, tenían valor de $8.421.190.500.

Sin embargo, frente a las irregularidades halladas y denunciadas a través de un perito del CTI, especialista en arquitectura, se realizó un nuevo avalúo de los terrenos en cuestión mediante el método comparativo. Este arrojó como resultado que el precio real de los lotes de Mercabastos era de $11.528.213.113; y el negocio como se había llevado se pactó por un menor valor, que se constituyó en un detrimento