Diario del Cesar
Defiende la región

La nueva legislatura que se avecina

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La próxima semana comienza  la segunda legislatura en el gobierno Duque, hay inquietud en distintos sectores del país sobre lo que será la productividad del Congreso en los próximos meses. Sería ingenuo desconocer que la recta final de la campaña proselitista para la cita en las urnas del último domingo de octubre, cuando se escogerán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, asoma desde ya como un factor distractor de la actividad de los senadores y Representantes a la Cámara, más aún ante el reto de saber si el mapa político nacional dejado por los comicios parlamentarios y presidenciales del año pasado se reflejará o revertirá a nivel departamental y municipal.

Para nadie es un secreto que la primera legislatura resultó bastante accidentada, no solo por el cambio de fondo aplicado por la Casa de Nariño en su interacción con el Congreso y cómo este impactó el margen de gobernabilidad del entrante Ejecutivo, sino por otros elementos no menos determinantes como la entrada en aplicación del Estatuto de Oposición, el debut de la bancada del partido Farc, el hundimiento de reformas clave como la política y judicial, el vía crucis de la agenda de iniciativas anticorrupción, los pulsos para la aprobación de un apretón tributario y el Plan Nacional de Desarrollo, las intentonas de dos mociones de censura a ministros. Todo ello en medio de un clima político muy polarizado y altisonante alrededor de los sectores partidistas a favor de ajustar el maltrecho acuerdo de paz firmado por el gobierno Santos y aquellos jugados a que el mismo es inmodificable…

No hay que olvidar que a diferencia de lo ocurrido en los últimos cuatro mandatos -que tuvieron la alternativa de reelección a bordo-, ahora cada legislatura tiene una importancia superlativa, sobre todo las dos primeras, ya que a partir de la tercera la campaña por la sucesión en la Casa de Nariño empieza a primar en el tinglado político y las posturas de las bancadas. Precisamente por ello es trascendental para el país y la perspectiva de solución de algunas de las principales problemáticas lo que ocurra a partir del próximo 20 de julio en el Parlamento.

Estando ya muy avanzado lo relativo a los relevos en las mesas directivas de Senado y Cámara, y siendo claro que, por el momento, no asoma ningún cambio en la composición de las coaliciones gobiernista, independiente y de oposición, es necesario, entonces, concentrarse en las prioridades de la agenda parlamentaria para estos ocho meses largos de trabajo en las comisiones y plenarias. Según lo anunciado por el Gobierno y los partidos los proyectos más importantes girarán en torno a las reformas política, judicial y pensional, cuyos articulados se presentarían a lo largo de este segundo semestre o de marzo de 2020, pues ya están en redacción y socialización. También quedó en curso una parte de los proyectos del paquete anticorrupción, en tanto otros, como el que establece la prohibición de la casa por cárcel para procesados por este delito, volverán a ser presentados de entrada. No menos clave serán otras iniciativas como la que establece que la justicia transicional no podrá juzgar las agresiones sexuales cometidas contra niños en el marco del conflicto armado. Paralelo a ello hay una gran cantidad de importantes proyectos de origen partidista que esperan terminar su proceso de aprobación

Es evidente que se requiere por parte del Gobierno y las bancadas un análisis serio, objetivo y de alta política para determinar cuáles deben ser las prioridades en esta segunda legislatura y ordenar así el trabajo en las comisiones y plenarias. No se está hablando aquí de enredarse en acuerdos ni negociaciones políticas entre la Casa de Nariño y el Parlamento. Tampoco de forzar consensos que las propias realidades partidistas evidencian como casi imposibles. No. De lo que se trata es de hacer un llamado al Ejecutivo y el Legislativo para que se defina la hoja de ruta parlamentaria a seguir en estos ocho meses, con el fin de responderle a un país que exige de estos dos poderes públicos una respuesta eficaz y pronta a muchas problemáticas que requieren desarrollos legales y constitucionales para empezar a superarse. Desarrollos que quedaron en el limbo en la primera legislatura y es urgente concretar en este segunda, ya que el nivel de afectación de las crisis que deben atacar crece día tras día. Ese es el reto.