Diario del Cesar
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Ante la pregunta por una frase que resuma seis décadas de existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), su presidenta, Esmeralda Arosemena, responde sin dudar: “Hemos tenido la oportunidad de salvar muchas vidas”.

No se trata de un logro abstracto. En 2015, por ejemplo, la decisión de la Comisión que amparó a Jessica Ramírez, una colombiana diagnosticada con la enfermedad rara de piel de mariposa, la libró de vivir sin ningún alivio mientras su piel se desmoronaba y ardía como agua hirviendo por su condición. Las medidas cautelares de la Cidh materializaron el tratamiento que la justicia colombiana pospuso durante casi una década de tutelas y otros recursos.

La Cidh, creada en Costa Rica en 1959 como un órgano con el poder de investigar las violaciones de Derechos Humanos en el continente, ha sido desde entonces una voz protagónica en América que, más de una vez, ha resultado incómoda.

Su informe de 1979 sobre las acciones de la dictadura Argentina puso en boca del entonces ministro de Defensa, Albano Harguindeguy, una afirmación que los juicios de años posteriores se encargaron de refutar: “La Argentina solo confiesa ante Dios”.

Colombia tampoco ha sido ajena a la mirada de la Cidh. En enero de este año, el Estado fue condenado por el asesinato extrajudicial de 6 jóvenes. El texto de la sentencia, por primera vez, denunció que la práctica de los falsos positivos siguió un patrón y no se trató de casos aislados.

En medio de la implementación del Acuerdo de Paz, de asesinato de exguerrillleros y líderes sociales, Colombia está entre las prioridades de la Cidh. EL COLOMBIANO habló con la comisionada Arosemena sobre las coyunturas que están poniendo en juego las vidas en el continente.

¿Cree que hay un compromiso del gobierno colombiano con la implementación del acuerdo de paz?

“Creo que no ha habido los avances en la velocidad que estamos esperando todos, pero eso se explica por la complejidad que implican aspectos como la justicia transicional. Como exjueza de una Corte Suprema de Justicia debo decir que la experiencia que pone en marcha Colombia con la JEP es una experiencia a la que hay que darle espacio para que se desarrolle, porque le va a servir no solo a Colombia, sino a todo el continente”.

Aunque hay críticas por la impunidad…

“No puedo calificarla así. Lo que el Tribunal Especial para la Paz tiene que hacer es cumplir con una justicia para todos. Tiene que mostrarles a los ciudadanos colombianos que su trabajo es apegado a derecho. Con eso, se garantiza que la jurisdicción no sea igualada con la impunidad”.

¿Es un lugar que debe ganarse?

“Claro, como la experiencia que es, única en el continente”.

¿Para la Cidh, Colombia es un país en paz?

“Es un país en un proceso de paz. Creo que todos los colombianos quieren la paz, pero hoy tenemos una situación muy difícil y es la protección de las personas que defienden Derechos Humanos”.

¿Qué decirle a un gobierno que pone en duda la condición de líderes sociales de algunos de estos asesinados?

“No quisiera hacer una evaluación. Creo que las autoridades están obligadas a una investigación. Si no se hace, entonces sí podremos hablar de impunidad. Ese es el mensaje que como Comisión queremos dar”.

¿Cuál? ¿Que el Estado colombiano aún está a tiempo?

“Sí. Creo que siempre está la posibilidad de tomar las riendas de la situación que se está escapando de las manos”.

Usted ha dicho que quiere visitar Venezuela con una perspectiva de Derechos y no política, ¿cree que ese es el enfoque que hace falta para la crisis?

“Ambos elementos deben estar juntos, pero el enfoque de nuestra institución está dirigido a las personas. La intención nuestra es poder actuar con las instituciones, y mira que no digo gobiernos. Las instituciones de salud, por ejemplo. Preguntarles cuáles son sus limitaciones, cómo podemos coadyuvar para poner en marcha el tema de la ayuda humanitaria, no solo para los que permanecen en Venezuela sino para los que están migrando, que en números desbordan a los países receptores. No soslayo las implicaciones de la ruptura del Estado de Derecho. El proceso político tiene que darse también. La cuestión es que hoy Venezuela necesita una respuesta urgente”.

¿Ir a Venezuela significa reconocer a Maduro como presidente?

“En mi opinión no implica reconocer ni a un gobierno ni al otro. Los asuntos que ocupan a la Comisión tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, con las medidas cautelares de un niño que tiene determinada enfermedad. Esa es la respuesta que estamos exigiendo a las instituciones del Estado venezolano. ¿A quién debo dirigirle ese tipo de solicitud? ¿A Guaidó? ¿A Maduro? Los Derechos Humanos están más allá de la conflictividad política que es bien conocida por todos”.

Recientemente se conoció un video sobre el caso de Ayotzinapa en México que contradice la versión oficial, ¿por qué cree que ha sido tan difícil llegar a la verdad en ese caso?

“Sabemos los hechos. Fue una noche de una violencia terrible ese 26 de septiembre. No solo desaparecieron a 43 muchachos, dos más están lisiados, uno en estado completamente vegetativo. Ha habido una larga trayectoria de investigación, con muchas irregularidades, pero creo que la Comisión creada este año por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una nueva expectativa para los familiares de los 43 desaparecidos, porque tiene identificadas las irregularidades que se dieron en las investigaciones anteriores y retoma un camino para sanear el caso”.

¿Aún se puede aspirar a salvar vidas en este caso?

“La expectativa es que se esclarezca la verdad y se encuentre a los muchachos. Donde estén. Los padres siguen con el grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Pero, en el fondo, saben que después de 5 años quizá lo que tenemos que saber es dónde están sus cuerpos. Es un trabajo que espero que en un año podamos dar por concluido y decirle a Ayotzinapa que encontramos a los estudiantes”.

El Colombiano