‘Defenderé actuaciones de mi gobierno’

El alcalde Augusto Ramírez Uhía, asegura que el proceso administrativo que se llevó a cabo para adquirir los predios, está ajustado a los estatutos jurídicos establecidos.

POR:
NINOSKA
REYES URDANETA

1.200 familias pasaron de ser invasoras a propietarias de sus viviendas en los barrios Francisco Javier y Villa Consuelo de Valledupar. Allí 21 hectáreas fueron adquiridas por el municipio a través de una figura administrativa de dación de pago o cruce de cancelación de impuestos a terceros, que hoy día se encuentra en la palestra por considerarse una estrategia que para unos es ilegal, mientras que para el Alcalde de la ciudad fue una alternativa que se tomó bajo los estatutos tributarios apegados a la legalidad.

Ayer, en horas de la mañana, y como una manera de demostrar lo que en una rueda de prensa aclaró sobre el proceso llevado a cabo entre la Alcaldía y la Sociedad Lascano Morales& Hijos, la primera autoridad municipal, Augusto Ramírez Uhía, se trasladó a los barrios en cuestión y formalizó la legalización de las tierras que ahora formarán parte del diseño urbanístico de la ciudad.

Desde bien temprano, Ramírez Uhía, junto a representantes de su gabinete de Gobierno, recorrió las calles de los dos barrios donde hasta la fecha se han entregado casi 600 títulos de propiedad de las 1.200 familias beneficiadas.

El alcaldeinsistió, en que el proceso de pago acordado con la Sociedad Lascano Morales & Hijos y el municipio, fue una figura desarrollada bajo el marco legal, “donde no hubo ni oficina alterna de la Secretaría de Hacienda ni muchos menor un cartel del predial como lo han querido hacer ver”

La figura administrativa de dación de pago a morosos del impuesto predial es totalmente legal. El municipio no tenía recursos para pagar los predios y se escudó en el artículo 448 del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual decreta las condiciones de urgencias para poder regularizar y legalizar los asentamientos subnormales, reiteró Ramírez Uhía.

La dación en pago permite que los propietarios que tienen una deuda de impuesto puedan cambiarlo por un predio. Esto se ha hecho durante 20 años en Valledupar y en otras ciudades del país.

“La conclusión de todo este proceso es que las familias pueden dormir felices, tranquilas de que tienen una escritura pública y ahora pueden venir todos los planes de inversión social y hasta se les puede pavimentar sus calles”, dijo.

“Vamos a defender con todos los criterios jurídicos y sociales esta actuación administrativa que le devolvió la esperanza a esta comunidad. No nos quedaremos en las pura entrega de las escrituras, también traeremos servicios de buena calidad”.

AGRADECIDOS

José Jaime Atencio, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Francisco Javier, manifestó sentirse consternado con el escándalo que se ha desarrollado por presuntas irregularidades en la obtención de los predios de este barrio que ahora está legalizado.

“El 80% del barrio está titulado a través de Fonvisocial y la Superintendencia de Notariado y Registro. La comunidad está muy contenta con este beneficio, ya que por casi 15 años esperaron la legalización de sus tierras y hoy en día este barrio está organizado con sus calles definidas y una topografía que le facilitó a la Alcaldía el diseño urbanístico para la acometida de los servicios públicos.Los años pasaron y ningún mandatario había querido formalizar este barrio”, exclamó Atencio.

Plinio Barrios, beneficiario en el barrio Francisco Javier, dijo que desde hace muchos años la comunidad vivía en zozobra sin saber el destino de los predios, pero gracias a Dios este sueño se hizo realidad. “Aquí vivimos personas desplazadas que necesitábamos un techo. Inicialmente terceras personas llegaban aquí a hacer negociaciones, pero nunca prosperaron. Aquí llegó un representante del señor Miguel Morales con quien se trató de llegar a un acuerdo, pero nunca se concretó nada”.

Luego la Alcaldía de Valledupar logró legalizar los predios. Hasta el día de hoy se han entregado 538 escrituras y las otras están en proceso.

Barrios afirmó que en la actualidad este barrio no cuenta con alcantarillado, la energía eléctrica es traída de manera artesanal por los propios habitantes y aún hay pozos sépticos. Ahora con esta legalización las inversiones sociales podrán llegar a las comunidades para alcanzar la consolidación del sector.

Ingrid Nieves, otra habitante del barrio,  dijo que este paso a la legalidad permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes. “En una oportunidad yo pagué cierta cantidad de dinero por el lote y luego me sometieron a una zozobra y hasta cartas de abogados me llegaron en las que me amenazan que me sacarían del lugar. Casi empeño algunas pertenencias, hasta que fortuna llegó la solución de la legación y hoy día estamos tranquilos”.