Diario del Cesar
Defiende la región

´Gobierno de Tuto Uhía nos incumplió´

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POR:

EDUARDO

MOSCOTE

SIERRA

Alfareros de Valencia de Jesús deberán seguir esperando la recuperación de las hectáreas que han explotado legalmente por más de 40 años, las cuales fueron arrebatadas el 25 de julio del 2017 con ayuda de la Fuerza Pública.

Los productores, quedaron ‘vestidos y alborotados’ esperando la llegada de la Administración Municipal al lugar, encargada de efectuar la orden judicial que notifica la entrega de las tierras que poseen títulos mineros.  Pese a estar el documento firmado por este ente municipal, los alfareros dicen que estos le hicieron el ‘feo’ a la petición.

Los 35 dueños de hornos manifiestan que el proceso se ha dilatado desde la alcaldía de Valledupar, sin importar que la Agencia Nacional de Minería y el proceso judicial desarrollado posterior al desalojo forzado del 2017;aprobaran la recuperación de los espacios de aprovechamiento.

El presidente de Cooarcilla Enrique Cataño, afirmó que el proceso quedó sin recursos gubernativos, luego de que se dieran a conocer todas las defensas del caso.  El fallo estuvo contra el municipio de Valledupar, mismo que reconoció haber violado el trabajo de los ladrilleros.

Sin embargo, hoy los trabajadores  vinculados desde hace más de 40 años en este sector conocieron un nuevo límite interpuesto por el actual dueño del terreno, Julio Valdeblánquez.   Tal parece, fue este quien frenó la devolución de los espacios, argumentando ser un resguardo indígena (Kankuamo) y no haberse pagado la servidumbre.

Pero, para Cataño, las explicaciones no encajan en la solicitud.   “Primero, no se está discutiendo la situación indígena de nadie, y de hacerlo, es competencia del Ministerio de Interior y Defensa el tema.  Y sobre la servidumbre, -pago acordado entre los explotadores y dueños de las tierras-sí fueron cancelados”.

El desembolso se le hizo a Ricardo Castro López al ser el único dueño del predio al momento de iniciar las labores.  Cada horno –los 35 acentuados- pagaron con ladrillos.  Como ejemplo, el presidente de Cooarcilla explicaba que, de cada 10.000 baldosas quemadas, 1.000 eran entregadas a Castro como cambio de sujeción.  El valor de estas piezas es de unos $220.000.

No obstante, en reuniones organizadas por Julio Valdeblánquez al momento de adquirir el terreno, se buscaba estipular el nuevo pago de estos impuestos.  Pero, a las mesas de diálogo, solo asistieron dos de las tres partes citadas (el inspector del corregimiento de Valencia de Jesús Emiliano Gutiérrez y miembros de Cooarcilla).

Al parecer, el nuevo dueño no llegó a ninguna de las conversaciones, excusándose como consta algunos documentos, por cumplir compromisos en la capital del país.  Por tal motivo, los trabajadores niegan haber evadido el pago de estos aranceles.    “Él ha agarrado esos puntos como escudo, pero jurídicamente no tienen validez.  Pese a eso, el inspector y el secretario de Gobierno Municipal Gonzalo Arzuza, suspendieron la entrega ya pactada.  Dicen que estamos peleando las tierra, y nosotros solo solicitamos la explotación del subsuelo que es lo que tiene el título minero y es propiedad del Estado por constitución y ley”.

Frente a las complicaciones del proceso, indicó el señor Enrique Cataño, darán a conocer las negligencias que hoy existen contra el amparo interpuesto a Julio Valdeblánquez, para que permita el ingreso a la mina y evite las perturbaciones que durante dos años han tenido que soportar unos 120 laboriosos.

Hasta el cierre de esta edición, ni Secretaría de Gobierno Municipal ni la Inspección del corregimiento, atendieron a los llamados de este medio impreso.