Diario del Cesar
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Líderes sociales de la Sierra, amenazados y desprotegidos

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La defensa del agua, las tierras y otros recursos naturales de los pueblos indígenas acentuados en la Sierra Nevada de Santa Marta, está ocasionando que líderes sociales reciban amenazas constantes, al parecer, de personas con intereses individuales en los territorios ancestrales.

En la ruta de atención, la Secretaría de Gobierno Departamental ha identificado siete denuncias en lo que va del 2019, un 50% a comparación de las 14 recibidas a finales del 2018.  Por su parte, la Secretaría de Gobierno Municipal ha recibido un total de  36.

Pese al número, algunos amedrentados denuncian no ostentar el esquema de seguridad autorizado por la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Ricardo Pacheco Lobo, coordinador de pueblos mayores indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, dice que el gobierno autóctono del resguardo así como el ejercicio de autoridad son razones para recibir amenazas.  Ante el olvido de las autoridades y la falta de esquema de seguridad, no tienen otro remedio que confiar en sus creencias ancestrales.

Han instaurado denuncias ante autoridades locales y municipales como Alcaldía de Valledupar, Fiscalía y Policía.  Y aun que subrayan las medidas de protección, esta ha quedado en el papel y a un difícil ‘trecho’ de ser realidad.

La distancia empeora el problema.  “Las estaciones de Policía cercanas están en Atánquez a 7 kilómetros y Patillal a unos 5 kilómetros, por lo que es tardía la atención.  En el último consejo de seguridad el comandante de Policía Cesar se comprometió a colocar una base del Ejército, conseguimos el espacio, pero no llegó.  Esta queja es urgente, La Mina ya es un sector turístico”, comentó Pacheco López.

En la etnia Kankuama el Cabildo Menor, el Fiscal de la comunidad, el Coordinador de mayores, así como líderes de las comunidades Arhuacas, Wiwa y Kogui, han estado plasmados en panfletos que se expanden por los corregimientos.

 

CAOS EN EL POSCONFLICTO

 

Jaime Luis Arias, líder del pueblo Kankuamo subrayó que, con la llegada del posconflicto, proceso que permitió defender el genocidio sufrido en el pueblo ancestral por grupos armados, ha elevado el número de ultimados.  Lo anterior, por darse a conocer cientos de historias durante las mesas de la Justicia Especial Transicional.

Aunque no conocen las direcciones exactas de las amenazas, asumen son de personas contrarias a sus procesos o con el interés de que los pueblos indígenas no sigan avanzando.  “En el pueblo Kankuamo nos sentimos en peligro porque también hay problemas de robos y drogadicción”, comentó Arias.

 

¿QUÉ OPINAN LAS AUTORIDADES?

 

Desde la Secretaría de Gobierno en el Cesar, este año han conocido siete amenazas a líderes sociales.  Cada una, enviándose a la UNP para agilizar la protección del ciudadano a través de camionetas blindadas, guardaespaldas y chalecos antibalas.

El líder de esta sectorial Carlos Andrés Cotes Maya, indicó que las últimas intimidaciones se realizaron el pasado mes de mayo a seis personasen el centro del departamento: la Unidad Nacional de Protección realizó análisis de riesgos e identificaron que dos ya habían tenido seguridad.

Otras, fueron dirigidas a 22 candidatos políticos en El Paso.  Pero, durante un consejo de seguridad en el corregimiento se determinó que las intimidaciones no eran veraces. Y en Pueblo Bello, se conocieron peleas por tierras entre indígenas y se descartó la presencia de grupos armados.

“Tenemos que entender que este es un año electoral y las amenazas vuelven y renacen.  Hemos conocido unas reiterativas como la del señor Henry Chacón, Lot Villazón y tres indígenas Yukpas”, dijo Cotes Maya.

 

A NIVEL MUNICIPAL

 

Por su parte, el secretario de Gobierno Municipal Gonzalo Arzuza Torrado, informó que hasta el momento, el municipio no reporta amenazas dirigidas a miembros indígenas, pero sí a otros líderes sociales.  El tema fomentó consejos de seguridad para intensificar las rutas en la UNP, Policía y ministerios de Interior y Defensa.

“En algunas amenazas se han vistos involucrados grupos al margen de laley,  pero salvaguardaremos las garantías de los líderes (…) desde el municipio protegemos a un gran número de personas incluidos algunos funcionarios de las empresas mineras que residen en Valledupar”.

DIARIO DEL CESAR trató de comunicarse con voceros de la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección, pero las entidades no atendieron.