A 10 años del acuerdo la implementación sigue rezagada: Defensoría
El Acuerdo de Paz que Colombia firmó hace 10 años con las FARC no ha traído la paz que el país esperaba, ni las garantías para quienes dejaron las armas, tampoco su plena implementación, a esa conclusión llega el más reciente informe de la Defensoría titulado “Las víctimas en el centro, un compromiso constitucional: diez años del Acuerdo de Paz”.
En entrevista con Colprensa, la defensora, Iris Marín, explicó que la violencia no ha cesado porque en Colombia no se han establecido las condiciones para evitar la persistencia del conflicto armado, no solo con las FARC, sino en muchos procesos.
“No quiero sacar el Acuerdo de la discusión, pero sí encuadrarlo en un marco más general. La pregunta de por qué se rearmaron los que están en las disidencias es igualmente válida para el rearme de quienes se desmovilizaron entre 2005 y 2007 en los grupos paramilitares”, explicó la Defensora.
Y es precisamente esa violencia la que no ha permitido que el acuerdo logre sus objetivos. “Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, firmantes de paz y comunidades, así como el desplazamiento y el confinamiento y otros crímenes serios contra la población, afectan la participación, debilitan los procesos organizativos y amenazan la sostenibilidad de los avances”, señaló el informe.
Las cifras son preocupantes: desde 2016 han sido asesinados 521 firmantes y en 2025 los homicidios aumentaron. La entidad registró además 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos entre enero de 2016 y junio de 2026.
Asimismo, entre 2017 y 2025, las personas afectadas por desplazamiento masivo pasaron de 12.841 a 107.924 y las afectadas por confinamiento, de 18.603 a 128.825, sobre todo en Nariño, Norte de Santander, Chocó y Cauca.
En materia de ejecución, la Defensoría precisó que de las 33.007 iniciativas de los PDET, 21.617 (65%) tienen ruta de implementación activa. Sin embargo, en los municipios que analizó de nueve subregiones, solo entre 5% y 10% de esas iniciativas ha finalizado.
De los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, 63 (4,6%) han terminado su plan, y solo 31 de 1.068 planes de retorno y reubicación (2,9%) han completado sus acciones. En formalización de tierras, el país registra 3.349.711 hectáreas frente a la meta de 7 millones, un cumplimiento de 47,85%.
El informe también registró avances. Según la Defensoría, la pobreza multidimensional rural en municipios PDET pasó de 47,2% en 2018 a 26,1% en 2025, aunque aclaró que esos resultados no pueden atribuirse exclusivamente al Acuerdo. En reincorporación, 10.943 personas siguen vinculadas al proceso, cerca del 76% de las acreditadas.