Diario del Cesar
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Fiscalía acusará a Mattos por enviar plata a una juez

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Por presuntamente enviarle 100 millones de pesos en efectivo a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, la Fiscalía llamó a juicio al empresario Carlos Mattos, involucrado en el escándalo de Hyundai.

El ente acusador aseguró que Mattos habría entregado el dinero como una forma de agradecimiento luego de que la funcionaria judicial dejara en firme las medidas cautelares que le permitían seguir vendiendo vehículos de la marca Hyundai en Colombia.

Mattos, quien se encuentra en España desde hace dos años, tendrá que responder por el delito de cohecho (pago de sobornos). La Fiscalía General estableció que Mattos envió a una persona de su confianza para que ubicara a la jueza con el fin de manifestarle su agradecimiento por la decisión tomada y le asegurara que iba a recibir una especie de recompensa.

El oficial mayor del juzgado sexto civil, Dagoberto Rodríguez –quien aceptó cargos por este escándalo de corrupción- fue el encargado de hacerle llegar a la jueza el dinero en efectivo que le envió Mattos.

Mattos tendrá que enfrentar dos juicios ahora. Hay que recordar que el primer caso está relacionado con el pago de 2 mil millones de pesos al juez Reinaldo Huertas.

 El juez 20 penal de conocimiento de Bogotá resolvió la apelación que la Fiscalía interpuso en contra de la decisión que adoptó el Juez Noveno Penal con Función de Garantías de abstenerse de imponer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el empresario Carlos Mattos.

El funcionario judicial le ordenó al mismo juzgado de control de garantías revisar todos los elementos materiales presentados por la Fiscalía General y      tomar una decisión de fondo.

El empresario cesarense Carlos Mattos es investigado por, presuntamente, haber enviado 100 millones de pesos a la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, quien dejó en firme las medidas cautelares que le permitieron a la empresa de Mattos seguir vendiendo los carros de la marca coreana Hyundai en Colombia.

En la exposición de motivos, el juez de segunda instancia sostuvo que había inferencia razonable para concluir que, posiblemente, se había cometido la conducta punible. En este caso, la Fiscalía le imputó a Mattos el delito de cohecho por dar u ofrecer.

El funcionario judicial aseguró que la labor del juez de control de garantías era determinar si, de acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, se podía considerar que la conducta punible había o no ocurrido y dictar medida de aseguramiento, según lo establecido en la ley.

El empresario, que se encuentra en España y que no se ha presentado ante la justicia colombiana, enfrenta otro proceso penal por los delitos de utilización indebida de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema, daño informático y cohecho.

 

APROBADA EXTRADICIÓN

 

Por haber ofrecido supuestos sobornos a funcionarios de la rama judicial en el marco del caso Hyundai, la Autoridad Nacional de España autorizó finalmente la extradición del empresario colombiano Carlos Mattos.

Sin embargo, su defensa aclaró que aún le queda lo que se denomina un ‘recurso de súplica’, que es una especie de apelación. Después de esa etapa, el empresario sería extraditado a Colombia.

Recordemos que en contra de Mattos cursan dos procesos. La Fiscalía investiga a Mattos por presuntamente ofrecer pagos a unos funcionarios para conseguir que un multimillonario pleito fuera asignado a un juez a quien también habría sobornado previamente.

El caso corresponde a una demanda de la empresa Hyundai Colombia (de la cual Mattos era el mayor accionista) contra la compañía coreana Hyundai Motor Company.

Según el organismo investigador, mediante ese recurso Mattos pretendía impedir a la multinacional “la comercialización de sus automóviles y repuestos” en Colombia, con cualquier empresa distinta a Hyundai Colombia.

Tras esto, un juez colombiano le imputó delitos “de cohecho por dar y ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático”.