Diario del Cesar
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El otro mes saldrá preclusión a favor del exalcalde Socarrás

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En el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, se realizó la audiencia de solicitud de preclusión contra el exalcalde Fredys Miguel Socarrás Reales, investigado por supuestas irregularidades en la permuta de dos lotes del municipio, ubicados en el sector de Mercabastos, al sur de la ciudad, cuando fungía como primer mandatario del municipio.

El fallo de esta petición se conocerá el próximo 11 de julio a las 9 de la mañana por parte del togado del tribunal. En la diligencia estuvo presente además María Irene López, propietaria del predio avaluado en 8 mil 428 millones 420 mil 929 pesos, quien al igual que el exmandatario está procesada por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros en concurso heterogéneo con interés indebido en celebración de contratos y contratación sin cumplimiento de requisitos legales, imputados por la Fiscalía Quinta Seccional, la cual requirió la preclusión de la investigación de los procesados tras evaluar minuciosamente los peritazgos hechos en etapa de investigación, donde se evidenció que el trámite se ajustó a las normas constitucionales pero que contrario a como se indicó inicialmente durante las audiencias concentradas celebradas el pasado noviembre, no se produjo detrimento alguno al municipio y en realidad, salió favorecido con más de $3.000 millones por la permuta de los predios.

 

EL PROCESO

 

Dada la solicitud de preclusión hecha por el ente fiscal, en forma anticipada se dará por terminado el proceso penal contra el exviceministro de trabajo con el que quedará libre de culpa frente a los señalamientos que le hicieron por los cargos anteriormente mencionados, a los que no se allanó cuando fue imputado.

Se trata de los predios uno y dos de la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos que fueron permutados por Socarrás, mediante escritura pública 1.726 del 23 de diciembre de 2015, faltándole nueve días para entregar el cargo, por un valor comercial, de acuerdo con la investigación de la Contraloría, muy inferior al que realmente correspondía, a cambio de otro lote propiedad de la particular María Irene López De Reyes, al que por el contrario, según la auditoría del organismo de control, se habría aumentado su valor para realizar la negociación.

Según el órgano de control, la misma Lonja Propiedad Raíz del Cesar había hecho meses antes un avalúo a través de un contrato de consultoría para un proyecto urbanístico del municipio en el área donde se encontraban los lotes permutados posteriormente, dando como resultado el valor superior al que después entregó de los predios que se negociaron con la particular.

Pese a los señalamientos en su contra, el exalcalde frente a este caso había dicho que  “hicimos un proceso transparente. Cuando llegué a la alcaldía no encontré un solo metro de tierra; y lo que traté fue preservar que los próximos mandatarios tuvieran las tierras que yo no tuve, porque me tocó comprarlas, y gestionar sin tener recursos porque en esos momentos ya estábamos en Ley 550. Lo que quise fue dejar una vía expedita para que los siguientes alcaldes pudieran seguir haciendo vivienda de interés social, y hoy tienen la oportunidad de tener un predio urbano en una zona que se está desarrollando” puntualizó.

Según lo explicado por el apoderado del exmandatario, contrario a las manifestaciones presentadas por la Fiscalía en la formulación de imputación que aseguraban que no existió declaratoria de urgencia manifiesta para obviar la ley 80, y asignar a dedo un negocio jurídico para beneficiar a un particular; en realidad ese lote se escogió por motivos técnicos y legales, con la finalidad de dotar y cumplir la sentencia de la corte constitucional referente a satisfacer las necesidades de viviendas de interés social en Valledupar.