Abogados de seis exFarc anuncian acciones legales tras acusaciones por magnicidio de Miguel Uribe
DLH Legal Group aseguró que recibió poderes de Julián Gallo, Sandra Ramírez y otros cuatro exintegrantes de las Farc para promover denuncias ante la Fiscalía y defender sus derechos.
La firma de abogados DLH Legal Group S.A.S. anunció que emprenderá acciones judiciales en representación de los seis excongresistas del movimiento político Comunes que han sido mencionados recientemente por María Claudia Tarazona, como presuntos partícipes de la planeación y ejecución del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien fuera su esposo.
Se trata de Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’ y quienes, según el comunicado, otorgaron poderes a esa firma de abogados para adelantar las actuaciones legales correspondientes.
En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, la firma rechazó los señalamientos que, según indicó, pretenderían relacionar a sus representados con hechos criminales sin que exista una verificación de las pruebas por parte de las autoridades judiciales.
“Rechazamos categóricamente cualquier intento de vincular a nuestros representados con hechos criminales mediante insinuaciones, asociaciones políticas, coincidencias de nombres, antiguos alias o informaciones cuya autenticidad y alcance probatorio no hayan sido establecidos por las autoridades competentes”, señaló la firma.
Los abogados también cuestionaron que se atribuyan responsabilidades penales a partir de declaraciones públicas y advirtieron que las referencias a nombres, fotografías o conversaciones no constituyen, por sí solas, pruebas de participación en un homicidio.
“Una fotografía, una conversación atribuida a terceros o la mención de un nombre no constituye, por sí sola, prueba de autoría, determinación o participación en un homicidio”, sostiene el documento.
DLH Legal Group informó que preparó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de solicitar el esclarecimiento de la información divulgada y garantizar los derechos fundamentales de sus representados.
La firma pidió que las investigaciones relacionadas con el asesinato de Miguel Uribe Turbay se desarrollen con independencia, objetividad y respeto por el debido proceso.
En el comunicado, los abogados también invocaron la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política y rechazaron la atribución anticipada de responsabilidades penales a partir de señalamientos mediáticos.
“Exigimos una investigación seria, objetiva, independiente y respetuosa del debido proceso”, manifestaron.
Asimismo, aseguraron que acudirán a los mecanismos constitucionales, penales y judiciales que correspondan frente a afirmaciones que puedan afectar la honra, el buen nombre y la dignidad de sus defendidos, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Defensa rechaza juicios anticipados
La firma también se refirió al derecho de la familia del senador Miguel Uribe Turbay a conocer la verdad sobre el crimen y sostuvo que ese propósito debe desarrollarse sin que se produzcan señalamientos anticipados contra personas determinadas.
“Respetamos el dolor de la familia del senador Miguel Uribe Turbay y su legítimo derecho a conocer la verdad. Sin embargo, ninguna investigación puede convertirse en instrumento de estigmatización o atribución anticipada de responsabilidades contra personas determinadas”, indicó.
Al concluir su pronunciamiento, DLH Legal Group insistió en que corresponde a las autoridades establecer quiénes fueron los responsables del magnicidio a partir de los elementos probatorios recaudados.
“La gravedad del magnicidio exige identificar y sancionar a sus verdaderos responsables, no fabricar culpabilidades por asociación ni reemplazar la actividad probatoria por juicios públicos”, afirmó la firma.
El comunicado finaliza con una advertencia sobre la estrategia jurídica que adoptará en representación de los seis ciudadanos: “no aceptaremos que se pretenda convertir una sospecha en sentencia, una coincidencia en prueba o un señalamiento mediático en responsabilidad penal”.