Guajira sin jamushiri

¿Cuántos niños wayúu viven hoy en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia y en general en el norte de La Guajira? Nueve años después de que la Corte Constitucional ordenó protegerlos, el Estado aún no ha levantado la información para responder. Un niño que no aparece en ningún registro difícilmente recibe a tiempo el agua o la visita médica que necesita.

La Corte realizó la semana pasada una nueva advertencia a las entidades responsables. Leerla como un regaño sería un error, realmente es una oportunidad. El gobierno del presidente De la Espriella decidió despachar desde las regiones y escuchar a la gente en su territorio. La Guajira puede ser la prueba más clara de que esa decisión cambia vidas.

En 2017 la Corte declaró que los derechos al agua, a la salud y a la alimentación de los niños en el norte de la Guajira estaban siendo vulnerados de manera masiva. Desde entonces a pesar de algunos esfuerzos, todavía los resultados no alcanzan.

Entre 2019 y 2022 cuarenta y dos entidades invirtieron más de dos billones de pesos para cumplir la sentencia. En ese mismo periodo murieron 265 niños, y 95 de ellos estaban inscritos en programas del ICBF. Se encontró que cuando un niño era identificado con desnutrición, esa alerta no llegaba a su EPS. Falta que la acción funcione.

Entre 2008 y 2012 se instalaron Centros de Recuperación Nutricional, una medida que acompañaba a las familias, la recuperación y estabilidad de los niños, brindaba formación y ayuda en seguridad alimentaria. Sin embargo, de manera apresurada las autoridades regionales, como el ICBF de su momento, decidieron acabar el modelo por uno nuevo que aún no llega.

La gestión de una institución debe evaluarse por lo que efectivamente produce para la sociedad. Un presupuesto ejecutado dice poco por sí solo. Tampoco es suficiente que cada entidad reporte actividades y procedimientos. En La Guajira el valor público tiene una medida concreta, real y exigente. Es un niño que toma agua segura, tiene seguridad alimentaria y crece sano.

La desnutrición de un niño pocas veces se explica solo por falta de comida, casi siempre falta antes el agua potable. Si en la ranchería no hay agua limpia, un mercado ayuda solo por unos días. Por eso quienes llevan el agua y quienes llevan la comida tienen que trabajar unidos y bajo el liderazgo de la Presidencia haciendo seguimiento permanente con su visión regional.

Cuando la Corte declara que los derechos de los niños de un territorio están siendo vulnerados de manera masiva, la respuesta no puede seguir repartida entre decenas de entidades. La Guajira necesita una sola responsabilidad con nombre propio, que despache desde Riohacha, trabaje de la mano del gobernador y los alcaldes y tenga autoridad y monitoreo. No se trata de una figura para todos los departamentos. Es una medida excepcional para una emergencia declarada, reiterada y hasta ahora sin solución de fondo.

Cada niño contado debería tener un registro único que compartan el ICBF, la EPS, la secretaría de salud y la alcaldía. Si un niño pierde peso, la alerta tiene que llegar a todos el mismo día. La tecnología para hacerlo existe y no es costosa.

Ese seguimiento debería ser público y georreferenciado. Cuando gerencié el Fonade aprendimos que una obra que cualquiera puede ver en un mapa digital, es una obra que alguien termina. Un niño merece al menos esa atención.

Propongo también una meta a cien días. Un primer informe al país que hable de niños y no solo de contratos. Cuántos se han contado y cuántos han recuperado su salud.

Cuando el trabajo esté hecho, esa responsabilidad debe volver a las autoridades locales, más fuertes que antes. Si el gobierno lo logra en La Guajira, habrá demostrado que gobernar desde las regiones también es saber cuándo ayudar y cuándo devolver.

En wayuunaiki, jamushiri nombra el tiempo del hambre, cuando la sequía vacía los pozos. Una Guajira sin jamushiri es una tierra donde ningún niño vuelva a pasar por esa temporada.

*Ex directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar